El viernes 9 de diciembre iba a ser un día tranquilo en la rue Wiertz de Bruselas, donde se encuentra la sede del Parlamento Europeo en la capital belga. Los eurodiputados preparaban sus maletas ante el último plenario del año en la sede de Estrasburgo, en Francia. Algunas instituciones, como la Oficina Europea Anti-Fraude (OLAF), celebraban el día internacional contra la corrupción. Pero en la mente de la mayoría estaban, en realidad, cuestiones más triviales como los inmediatos partidos del Mundial de Fútbol o las copas de despedida navideñas antes de que Bruselas eche el cerrojo hasta el nuevo año. Unas fiestas que rápidamente fueron canceladas. De Qatar, pronto nadie querría tampoco haber oído ni hablar. Al mediodía, empezaron a saltar las primeras alertas: la policía belga estaba registrando oficinas y pisos de eurodiputados sospechosos de corrupción. Y había detenciones. Entre los arrestados figuraba al menos un antiguo europarlamentario. Poco después, la bomba: también una vicepresidenta de la Eurocámara, Eva Kaili, estaba detenida.
Tras la estupefacción, llegó la preocupación. Y el miedo. La integridad de la UE estaba comprometida. Las cosas no pintaban nada bien. El tiempo dio la razón a los agoreros de primera hora. Acababa de estallar el Qatargate, la trama de sobornos a eurodiputados y otros trabajadores parlamentarios presuntamente por parte de Qatar y Marruecos que se considera ya el mayor escándalo que ha golpeado a una institución europea. Y sus implicaciones para el futuro de la UE no están claras todavía.
El caso responde a una larga investigación de los servicios de inteligencia belgas preocupados por la injerencia de otros Estados. Sus hallazgos revelan que no se trata de un mero esperpento de diputados corruptos y chapuceros, sino de un intento de asaltar a la democracia por parte de fuerzas “autocráticas” que no comparten los valores europeos. Así lo ha advertido la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola.
“No se equivoquen”, dijo la maltesa el lunes en Estrasburgo, tras lo que calificó como “los días más largos” de su carrera. “El Parlamento Europeo está siendo atacado. La democracia europea está siendo atacada. Y nuestra estructura de sociedades abiertas, libres y democráticas está siendo atacada”.
El día del vértigo
Cuando muchos aún se desperezaban en esa mañana de viernes aciaga para la UE, unidades especiales de la policía belga estaban ya desplegadas en torno a la vivienda de Eva Kaili, muy cerca del Parlamento Europeo, del que era aún vicepresidenta. Por su condición de diputada, gozaba de inmunidad. Era, o eso parecía, intocable. Por eso, los agentes acechaban a otra presa: su pareja y asistente parlamentario, Francesco Giorgi. El italiano era también uno de los responsables de Fight Impunity, una ONG poco conocida pese a gozar de importantes padrinos como la antigua Alta Representante para Política Exterior de la UE Federica Mogherini o el ex primer ministro francés Bernard Cazeneuve, y que acabaría esa jornada señalada como el nudo de una red que aún se está desmadejando.
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La detención de Kaili desató una quincena de registros simultáneos en varios barrios de Bruselas y alrededores. Domicilios, oficinas… todos relacionados con eurodiputados, asistentes parlamentarios, ONG, sindicalistas y hasta un antiguo miembro de la cámara europea que rápidamente afloró como el principal implicado en la trama: Pier Antonio Panzeri, un socialista italiano que fundó Fight Impunity en 2019 y en cuya casa se hallaron 600.000 euros. La policía incluso selló varias oficinas en la sede europarlamentaria, que acabaría registrando el lunes, mientras los diputados votaban en Estrasburgo masivamente a favor de la destitución de Kaili.
Francesco Giorgi, pareja de Eva Kaili; Antonio Panzeri, y Abderrahim Atmoun, en mayo de 2017.
Solo un día antes, recuerdan algunos eurodiputados, Panzeri se paseaba todavía tranquilamente por Parlamento Europeo. Ese viernes, lo acabó en prisión. Y no fue el único: los medios belgas Le Soir y Knack sabían desde septiembre de la investigación judicial abierta dos meses antes por los servicios de inteligencia y dirigida por el juez Michel Claise. Han tenido un amplio acceso a las pesquisas a cambio de no publicar nada hasta que empezara la operación.
Cuando lanzaron sus primeras alertas, cundió el pánico: el padre de Kaili, que se alojaba en el hotel Sofitel del barrio europeo, intentó abandonar precipitadamente el establecimiento donde suelen dormir durante las cumbres mandatarios como el español Pedro Sánchez o, en su época, la alemana Angela Merkel. Salía aferrado a una maleta de mano llena de dinero.
Para la justicia belga, es la prueba de que Kaili está cometiendo con ayuda de su familia un “flagrante delito”, una de las razones por las que un diputado puede perder su inmunidad. Así que los policías, esta vez sí, van a detener a la vicepresidenta, eurodiputada del Pasok griego (socialdemócrata), en cuyo domicilio también hallarán bolsas y maletas llenas de dinero.
Balance de la primera de una serie de jornadas vertiginosas para Europa: seis detenidos, de los que cuatro, entre ellos Panzeri y Kaili, serán rápidamente imputados por corrupción, pertenencia a organización criminal y blanqueo de dinero; 16 registros y 1,5 millones de euros incautados, que la policía belga exhibirá días después en fajos de 50, 100 y 200 euros como si fuera un alijo del narcotráfico.
“Parece una película mala de Netflix: hay bolsas de dinero, oficinas y casas registradas. Pero no es una película, es la cruda realidad”, resumió el eurodiputado popular Jeroen Lenaers en el pleno de Estrasburgo. En el rostro mostraba su estupefacción, como la de prácticamente todos sus compañeros de hemiciclo, por el alcance de un escándalo que les ha hecho mirarse unos a otros con desconfianza, preguntándose si un colega o hasta amigo de la cámara podría ser el siguiente imputado. Porque nadie duda de que este escándalo está lejos de apagarse.
Hasta el momento, casi todos los acusados y sospechosos —como el belga Marc Tarabella, cuyo domicilio también ha sido registrado, para lo que Metsola tuvo que regresar precipitadamente desde Malta a Bruselas— pertenecen a la familia del grupo de Socialistas & Demócratas (S&D). Su presidenta, la española Iratxe García, reconocía sentirse “engañada”, “defraudada”, y sobre todo, “enfadada” con personas en las que confiaba y que han causado un profundo daño a su formación.
Pero casi nadie en las otras grandes familias políticas europeas se ha atrevido a acusar con demasiada fuerza. El Partido Popular Europeo (PPE) lo intentó el jueves, durante la última cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas del año, y el tiro le salió por la culata: apenas unas horas más tarde, la Fiscalía de la UE anunciaba otra investigación, totalmente independiente de la de la justicia belga, contra Kaili y otra eurodiputada griega, Maria Spyraki, miembro del PPE y del partido Nueva Democracia del primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis. Para la Fiscalía europea, tanto Kaili como Spyraki son sospechosas de haber cometido fraude con las dietas para los asistentes parlamentarios y ha pedido que se les levante la inmunidad.
Al igual que hizo el Pasok con Kaili nada más conocer su arresto por el Qatargate, también Nueva Democracia ha apartado de sus filas a Spyraki. Pero el daño, al PPE y al propio Parlamento Europeo, ya estaba hecho. Otra vez, en apenas unos días.
Mientras, la investigación belga sobre el Qatargate sigue abierta y muchos creen que la lista de sospechosos puede todavía crecer. “Va a ser una caja de Pandora”, vaticina una diputada española.
Más que una mala película, es una pesadilla. Y las consecuencias son muy serias, porque aunque ya en el pasado se ha pillado a eurodiputados aceptando dinero por cambiar una enmienda, lo del Qatargate, en cuya trama poco a poco aparece también cada vez más involucrado otro país con larga fama de ejercer un agresivo lobby en las instituciones europeas, Marruecos, apunta a ser algo mucho más grave. Así lo ha reconocido Metsola, una abogada conservadora maltesa que llegó a Bruselas prometiendo luchar contra la corrupción y a la que le ha estallado en las manos el peor escándalo de la Eurocámara cuando no lleva ni un año en el cargo como presidenta del hemiciclo.
Desde su primer comunicado, también la Fiscalía federal belga dejó claro que el caso no es un mero escándalo de chanchullos. Se sospecha que “un país del Golfo”, Qatar, habría intentado “influir en las decisiones económicas y políticas del Parlamento Europeo, dando sumas de dinero importantes u ofreciendo regalos importantes a personas con una posición política o estratégica en el seno de la Eurocámara”, según la justicia belga.
La ya exvicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, el pasado 7 de diciembre en una reunión en Bruselas. ERIC VIDAL (AFP)
“El dossier es de corrupción, pero sobre todo de injerencia, los servicios de seguridad belgas llevan un año investigando una amenaza de injerencia” de otros países, puntualiza el periodista de Le Soir Louis Colart, que ha seguido el caso desde el principio y ha tenido acceso a varios informes judiciales. La investigación en sí del Qatargate, cuenta, ha sido extraordinaria, puesto que se mantuvo en alto secreto durante meses para evitar al máximo una fuga que alertara a los vigilados o a los que, presuntamente, están detrás de toda la trama: Qatar, que ha negado su implicación y, según algunos documentos, también Marruecos, un país que desde hace años despliega una intensa red de cabildeo en las instituciones europeas.
Los seis detenidos durmieron el viernes 9 en la cárcel y tres de ellos —Panzeri, Giorgi y Kaili— lo siguen haciendo hasta hoy: un juez de instrucción confirmó el miércoles la detención preventiva de los dos hombres, mientras que Kaili, que según sus abogados clama su inocencia, aplazó su vista al día 22 y sigue mientras tanto también en prisión. Un cuarto imputado, el también italiano Niccolo Figa-Talamanca, que dirigía la ONG No Peace Without Justice, con la que compartía sede —y al parecer mucho más— la de Panzeri, quedó en libertad vigilada y deberá portar un brazalete electrónico hasta que sea convocado a juicio.
Durante los interrogatorios, Giorgi presuntamente ha reconocido haber sido el responsable de gestionar el dinero en efectivo y ha apuntado a Panzeri, cuya mujer e hija también fueron detenidas en Italia, como el cerebro de una operación en la que afirma podrían estar implicados otros dos eurodiputados en activo, el belga Marc Tarabella, que ha negado en varias entrevistas su implicación, y otro italiano y, también socialdemócrata, Andrea Cozzolino.
Por el contrario, señala Le Soir, habría exculpado a otra eurodiputada socialista, Marie Arena, presidenta del subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo que a mediados de noviembre celebró una audiencia sobre los derechos laborales en Qatar que dejó a muchos estupefactos por el blanqueo del país que supuso.
No fue la única sorpresa en Bruselas. Un diputado alemán, implicado en la negociación de la liberalización de visados para Qatar que se iba a haber aprobado esta semana pero que ha sido paralizada por el escándalo, reconocía estos días que le pareció “muy raro” el interés que Kaili, que no participaba en esa negociación, mostró por el expediente. Ahora a muchos les cuadran también sus declaraciones en una reciente sesión parlamentaria afirmando que Qatar está “a la vanguardia” de los derechos laborales.
Control de daños
Muchos otros eurodiputados que, en el pasado más o menos reciente, han alabado de alguna manera a Qatar, se han puesto rápidamente a la defensiva. Como el español José Ramón Bauzá (Cs), que hasta el escándalo presidía el Grupo de Amistad Qatar-UE y que está en el punto de mira por sus lujosos viajes al país del Golfo, algo no necesariamente ilegal pero, en el contexto actual, cuestionado. El eurodiputado ha rehusado contestar a las preguntas de este diario.
Pero no solo se busca contener daños entre los diputados. Los partidos afectados ya han expulsado de sus filas a los involucrados, S&D ha suspendido a todos los implicados de alguna forma de sus funciones y ha prometido una investigación interna, algo que Metsola también quiere hacer a nivel de toda la Eurocámara.
Tanto la presidenta del Parlamento Europeo como su colega de la Comisión, Ursula von der Leyen, han prometido además una serie de reformas para mejorar la transparencia de las instituciones. Quieren, entre otros, imponer un control de los contactos que tienen los eurodiputados con grupos de presión y organizaciones de países de fuera de la UE. ¿Será suficiente? Algunos creen que no. Pero pase lo que pase, pocos dudan de que el Qatargate supondrá un antes y después en la forma de actuar de unas instituciones europeas que han buscado siempre ser un referente moral y que ahora ven avergonzadas que algunos de los suyos no son mucho mejores que a los que critican.
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