En marzo del 2020, cuando la amenaza de la pandemia del coronavirus se estaba extendiendo por Estados Unidos, el gobierno del entonces presidente Donald Trump lanzó una política sanitaria para contener la propagación de la enfermedad en la frontera.
Lo hizo a través del Título 42, una medida que impusieron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y bajo la cual las autoridades migratorias pueden deportar automáticamente a la mayoría de los inmigrantes indocumentados que llegan a la frontera sur, sin darles la oportunidad de solicitar asilo.
El gobierno argumentó que debido a los contagios de COVID-19 en México, “existía un grave peligro de que se siguiera propagando el virus en Estados Unidos”, por lo que la restricción migratoria se convertía en un tema de “interés de salud pública”.
A pesar de que los contagios de coronavirus disminuyeron drásticamente en ambos países en los últimos meses, la política se ha mantenido vigente y muchas organizaciones migratorias cuestionaron la naturaleza de la misma.
Incluso, acusaron a las autoridades migratorias de EEUU de usarla para frenar la migración y no como una medida sanitaria, como originalmente se pensó.
A principios de abril de este año, los CDC anunciaron el plan del presidente Biden de poner fin a la restricción el próximo 23 de mayo, causando críticas de republicanos y de algunos demócratas que temen que el gobierno no esté preparado para lidiar con el esperado flujo de migrantes.
Esta decisión está ahora del juez federal de distrito Robert Summerhays, quien emitirá un fallo que definirá el futuro del Título 42.
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