La periodista de investigación María Idalia Gómez advirtió que la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, debe conducir al esclarecimiento del caso Ayotzinapa y no convertirse en “un golpe político” para desviar la atención de otros problemas que enfrenta el país.
Afirmó que Ángel Aguirre no hizo las adecuaciones necesarias para garantizar la seguridad de la población ni el cabildeo político suficiente con el gobierno de Enrique Peña Nieto para enviar más fuerzas federales y romper el espacio de impunidad que operaba en la región .
Consideró que Aguirre tiene una responsabilidad política y moral por la violencia que ya se vivía en Iguala, Huitzuco y otros municipios antes de la desaparición de los 43 normalistas.
Sobre la investigación, sostuvo que la Fiscalía debe probar si Aguirre era el personaje identificado como “El Patrón”.
De confirmarse, afirmó, sería “una revelación impresionantemente importante”, pues permitiría identificar quién dio las órdenes que movilizaron a policías municipales y conocer la cadena de mando detrás de la desaparición de los estudiantes.
También pidió cautela con los testigos colaboradores y recordó que en etapas anteriores del caso Ayotzinapa se concedieron beneficios a integrantes de Guerreros Unidos y ello derivó en la liberación de más de 60 personas vinculadas con desapariciones.
Ojalá la seriedad de la Fiscalía sí sea tal y no tengamos solamente espejitos.
Gómez añadió que aún falta esclarecer la responsabilidad de funcionarios estatales y municipales, así como las omisiones de corporaciones federales.
A su juicio, también debe investigarse quién controlaba realmente el C-4 de Iguala, desde donde operaban las cámaras de videovigilancia, y por qué las autoridades permitieron que ese centro fuera infiltrado por la delincuencia.
En otro tema, reveló que Estados Unidos mantiene investigaciones sobre la infiltración del Cártel Jalisco Nueva Generación en la producción y exportación de aguacate.
Aseguró que el grupo criminal no sólo controla extorsiones, sino que también habría obligado a incorporar productores no certificados a las exportaciones hacia ese país.
Explicó que esa información forma parte de la presión que Washington ejerce sobre México durante las negociaciones del T-MEC y advirtió que las investigaciones estadounidenses también alcanzan a empresas del sector cárnico por presuntos vínculos con grupos criminales y por irregularidades en operaciones de importación y exportación.
La periodista anticipó que entre finales de agosto y septiembre se intensificarán las acciones de Estados Unidos contra funcionarios y empresarios mexicanos.
Vamos a ver más filtraciones de nombres y de exhibición, no sólo de pérdidas de visas, sino de casos judiciales.
Finalmente, consideró que México enfrentará una presión creciente desde distintos frentes.
“Viene una tormenta, una tormenta muy grave con lo que ya tenemos, sumado a lo que viene”, concluyó.