Fue en 1996 cuando el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) definió la regla de carga pública, bajo las Guías Provisionales de Campo sobre Deportabilidad e Inadmisibilidad Basadas en Causales de Carga Pública.
El Congreso en la ley de reforma del bienestar de 1996 indicó que la disponibilidad de beneficios públicos no debería ser un incentivo para la inmigración a los Estados Unidos.
Para entonces, la agencia federal estableció la carga como la situación en la cual una persona es “primariamente dependiente del gobierno para subsistir” al recibir asistencia pública en efectivo o apoyo financiado por el gobierno a largo plazo.
Si bien la antigua regla es menos punitiva que la impuesta durante la era del expresidente Donald Trump, bajo esa política se le sigue negando la tarjeta de residencia permanente o la visa temporal a un solicitante si “es probable que se conviertan en carga pública”.
Sin embargo, la administración del presidente Joe Biden ha propuesto una versión más “justa y humana” de la regla de “carga pública” que eliminaría muchas de las barreras impuestas por el gobierno de Trump a los no ciudadanos que buscan calificar para un estatus legal.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) propuso el pasado jueves una definición mucho más limitada de los beneficios públicos de los que un inmigrante puede depender para que el gobierno determine si esa persona debe ser admitida en el país.
En 2019, la administración de Trump amplió la definición de carga pública para que con el objetivo de que los funcionarios de inmigración pudieran negar con mayor facilidad la entrada o el estatus legal a las personas que probablemente dependan de la asistencia del gobierno.
“La regla de carga pública de 2019 no fue consistente con los valores de nuestra nación”, dijo el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, en un comunicado. “Bajo esta regla propuesta, volveremos a la comprensión histórica del término ‘carga pública’ y las personas no serán penalizadas por optar por acceder a los beneficios de salud y otros servicios gubernamentales complementarios disponibles para ellos”.
Trump amplió la regla para establecer que cualquier persona que necesitara beneficios como Medicaid, cupones de alimentos o cupones de vivienda durante más de 12 meses se consideraría carga pública y era más probable que se le negara la tarjeta verde. Esa política ya no está en vigor.
En cambio, la administración de Biden planea centrarse principalmente en los beneficios en efectivo. Eso significa que el DHS ya no tiene la intención de considerar como carga pública los beneficios que no son en efectivo, como la asistencia alimentaria, los beneficios de Medicaid, el Programa de Seguro Médico para Niños, los beneficios de vivienda y los vales de transporte.
Tampoco se considerará el uso de asistencia por desastre o pandemia, Seguro Social, pensiones del gobierno y otros beneficios ganados.
¿QUÉ AYUDA SE CONSIDERA CARGA PÚBLICA BAJO LA LEY ACTUAL?
La ayuda pública que considera la regla antigua incluye:
- Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés)
- Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) comúnmente conocido como “welfare”.
- Apoyo en efectivo provisto por el gobierno local y del estado, también conocido como “Asistencia General”.
- Medicaid u otros programas que apoyan la atención institucionalizada a largo plazo, como un asilo.
La ley también dice que los funcionarios del gobierno deben tener en cuenta otros cinco factores para determinar si es probable que alguien se convierta en una carga pública:
- Edad
- Salud
- Tamaño del hogar
- Activos, ingresos y estado financiero
- Educación y habilidades
¿QUÉ AYUDA NO SE CATALOGA COMO CARGA PÚBLICA BAJO LA LEY ?
- Ayuda en efectivo a corto plazo, como el cheque de estímulo económico.
- Ser admitido en alguna institución médica por periodos cortos de tiempo (rehabilitación).
- Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP).
- Programas de nutrición, incluyendo estampillas de comida, el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC), el Programa Nacional de Almuerzos Escolares y el Programa de Desayuno Escolar, así com otros programas complementarios y/o de emergencia de asistencia alimenticia.
- Beneficios de vivienda.
- Servicio de cuidado de niños.
- Programas de Asistencia relacionados con la energía, tales como Hogares de Bajos Ingresos y Programa de Asistencia Energética (LIHEAP).
- Ayuda de emergencia en caso de desastres naturales.
- Programas Foster Care y asistencia en adopción.
- Asistencia educativa (por ejemplo, asistir a la escuela pública), incluyendo los beneficios bajo la Ley de Head Start y ayuda para la educación primaria, secundaria o superior.
- Programas de capacitación laboral.
- Programas comunitarios especiales, servicios o asistencia (tales como comedores populares, asesoramiento e intervención de crisis, y vivienda a corto plazo).
- Beneficios que no conlleven dinero en efectivo bajo el programa TANF, tales como cuidado infantil subsidiado.
- Los pagos en efectivo ganados, como beneficios de Seguro Social Título II, las pensiones del gobierno, y los beneficios de veteranos, entre otras formas de beneficios adquiridos.
- Compensación por desempleo
- Medicaid a corto plazo. Como se explicó anteriormente, el uso de Medicaid a largo plazo sí se considera carga pública.
Aquí puedes leer la guía de USCIS en español.
DE APROBARSE EL NUEVO ENFOQUE, ¿QUÉ AYUDA AFECTARÍAN TU CASO?
Los inmigrantes que soliciten la tarjeta verde podrían verse afectados si han solicitado ayuda económica constante, incluyendo seguro médico designado como “ayuda institucionalizada”, es decir, durante un largo periodo.
Esos beneficios son:
- Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).
- Asistencia en efectivo para el mantenimiento de ingresos bajo el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF).
- Asistencia en efectivo estatal, tribal, territorial y local para el mantenimiento de ingresos.
- La institucionalización a largo plazo a expensas del gobierno (como con el seguro médico).
Estas ayudas podrían llevar a la “inadmisibilidad” de un inmigrante durante su proceso con USCIS.
La nueva propuesta tendrá un período de comentarios públicos de 60 días, dijo el DHS.
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