El presupuesto 2020 para el Indep fue de cerca de mil 803 mdp, de los cuales se destinaron más de 907 millones sólo para las contrataciones de servicios para resguardar bienes o muebles.
La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados llamó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) a que investigue, a fondo, qué sucede en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) que provocó la renuncia de su ex titular Jaime Cárdenas Gracia.
La diputada Marcela Torres Peimbert recordó que Cárdenas Gracia, al presentar su renuncia, denunció problemas al interior del Instituto, como contrataciones “amañadas” que lo llevarían a la quiebra, por lo que es necesario investigar este hecho.
Lo anterior, en videoconferencia, donde se anunció la conformación de un grupo anticorrupción de la bancada panista, integrado por las diputadas Marcela Torres Peimbert, Saraí Núñez Cerón, Verónica Sobrado Rodríguez, Gloria Romero León, Josefina Salazar Báez, Patricias Terrazas Baca, y el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba.
Torres Peimbert compartió que el PAN, a través de la organización civil Poder, la plataforma Sipot y Quién es Quién Wiki, obtuvo información que demuestra el abuso al Indep desde su interior, sobre todo en contrataciones públicas multimillonarias.
Señaló que el presupuesto 2020 del Indep fue de aproximadamente mil 803 millones de pesos, de los cuales se destinaron 907 millones 325 mil 507 pesos sólo para las contrataciones de servicios para resguardar bienes o muebles, que fueron por adjudicación directa.
Sostuvo que se identificaron sólo tres empresas a las que se les asignaron dichos contratos: empresa Servicios Especializados de Investigación Custodia S. A. de C. V., por un monto de 707 millones 451 mil 862 pesos; a Adamantum Private Security Services, por 270 millones 874 mil 645 pesos; así como de otras empresas de las cuales aún no se sabe el monto por contrato.
Por su parte, la diputada Gloria Romero denunció que el Fonatur ha asignado más de 40 mil millones de pesos por adjudicación directa en el proyecto del Tren Maya, y están atentando contra lo establecido en el artículo 134 de la Constitución, para llevar a cabo las contrataciones a través de licitaciones públicas.
“En concreto, estamos hablando del manifiesto de impacto ambiental que se otorga ahora a una empresa que se llama Soluciones Integrales VR SC por 8 mil 890 millones de pesos, no se hace una licitación, desconocemos en este momento la justificación por la que no se realiza, porque además no se encuentra en Compranet”, comentó. (Notilegis)