El aceite de colza se hizo tristemente famoso por causar infinidad de muertes y secuelas en nuestro país en los años 80. Se le llamó síndrome tóxico y dejó 25.000 afectados y más de 300 muertos. Los primeros meses fue emergencia pública y toda una epidemia. Vamos a conocer un poco más sobre este episodio de nuestra historia que puso en jaque a la sociedad española de la época.
Historia de una pesadilla
Corría el 27 de abril de 1981, cuando Jaime Vaquero, ingresado en el hospital Del Rey de Torrejón de Ardoz, moría en un traslado a otro hospital. Se la llamó la «enfermedad del legionario», propagándose rápidamente y poniendo en alerta a las autoridades sanitarias.
En solo dos semanas, seis personas más fallecían y a la enfermedad se la llamó «neumonía atípica». Tuvo que pasar un mes para que se determinara la causa de la intoxicación, era aceite de colza adulterado comercializado a granel.En julio ya había 62 muertos y no paraba de aumentar la cifra. En junio se calculó que esta epidemia podía extenderse a más de 10.000 casos.
A la vez, este desgraciado suceso valió para destapar un fraude, donde una serie de empresas mezclaban componentes y hacían fraude en una mezcla para vender aceite que estaba destinado para el uso industrial. Se vendía de forma clandestina y sin ninguna clase de control, con RAELSA, en Alcorcón como una de las principales responsables, principalmente en la Comunidad de Madrid.
Pese al esfuerzo por controlar la epidemia, en julio de 1982 ya habían muerto 322 personas por la enfermedad. El Congreso de los Diputados aprobó una serie de medidas para paliar los efectos de este envenenamiento masivo.
Las investigaciones terminaron dando sus frutos y se encontraron almacenes clandestinos y varios negocios fraudulentos de este aceite. Más de 750.000 litros se recogieron en un año de un producto presuntamente tóxico.
El juicio fue el 30 de marzo de 1987 con 38 empresarios acusados. El proceso judicial duró año y medio y 18.000 personas esperaron como afectados. Al final solo dos acusados terminaron con penas privativas de libertad, el resto, con penas menores cumplieron la condena en prisión preventiva o bien fueron absueltos de todos los cargos.
Tres años después, el Tribunal Supremo aumentó las condenas, en especial las de alguno aceiteros. A pesar de ello, se declararon insolventes por lo cuantiosas de las indemnizaciones.
Ante esta tesitura, los abogados de los afectados exigieron responsabilidad al Estado por las negligencias de los funcionarios. Así, tras 16 años de espera, se terminó condenando a dos funcionarios y a la administración como responsable civil subsidiaria, a fin de restituir el total de las indemnizaciones, demorándose el pago más de 20 años. En la actualidad, todavía hay muchas personas que sufren la secuelas del aceite de colza.
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