El juez Thomas M. Davis, de la Corte superior de Quebec, autorizó este 16 de noviembre una demanda colectiva contra los Misioneros Oblatos de María Inmaculada. La demanda, presentada en marzo de 2018, pide que esta congregación católica reconozca las agresiones sexuales perpetradas entre 1940 y 2018 por varios de sus integrantes a niños indígenas y pague montos de reparación.
Hasta el momento, 203 personas se han sumado a la acción colectiva por ilícitos que tuvieron lugar en la región de la Costa Norte de esta provincia canadiense. Las víctimas forman parte de los pueblos innu, atikamekw y anichinabé. 39 miembros de los Oblatos han sido identificados como agresores. La congregación religiosa, surgida en Francia en 1816, está presente en Canadá desde 1841. “Las agresiones sexuales a menores son un fenómeno muy extendido en la Iglesia católica. Sería muy importante que todas las congregaciones y diócesis colaboren con los representantes de las víctimas para encontrar rápidamente un marco de entendimiento”, afirma Alain Arsenault, abogado de la parte demandante.
Noëlla Mark, habitante de la comunidad Unamen Shipu (unos 1.350 kilómetros al noreste de Montreal), encabeza esta demanda colectiva. En el documento presentado a la sala judicial, sostuvo que fue agredida sexualmente desde los nueve años de edad, “alrededor de una vez por semana y durante siete años”. Ha tenido que enfrentar problemas de ansiedad y de consumo de alcohol, así como falta de autoestima. Mark señaló que su agresor fue Alexis Joveneau, la máxima autoridad de los Oblatos en la Costa Norte durante décadas. Otras 68 personas dicen haber sido víctimas de Joveneau.
Nacido en Bélgica, Alexis Joveneau vivió en Canadá entre 1953 y 1992, año de su fallecimiento. Magalie Lapointe y David Prince publicaron en 2019 un libro sobre este sacerdote bajo el título “El diablo de la Costa Norte”. En la obra, los periodistas presentan testimonios de personas que a edad temprana fueron agredidas sexualmente por Joveneau. También cuentan que el religioso fue responsable de desplazamientos forzados, manipulación cotidiana y explotación laboral.
Los abogados de los demandantes piden pagos de reparación que podrían alcanzar un máximo de 300.000 dólares canadienses (237.000 estadounidenses) para cada uno de estos individuos. “Ya hemos tenido conversaciones con los representantes de los Oblatos y tenemos otras programadas”, señala Arsenault. “Estamos analizando la mejor solución para que todo el mundo se sienta escuchado y la justicia se haga. No nos oponemos en caso de que el acuerdo sea lo mejor”, afirma un portavoz de esta congregación católica. El documento autorizado por el juez Thomas M. Davis indica que otras personas podrían sumarse a la acción colectiva. Sin embargo, esto sería imposible para aquellos individuos que ya hayan recibido indemnizaciones por los acuerdos relacionados con los internados para niños indígenas.
Entre 1883 y 1996, una red de 139 centros operó en Canadá; su financiamiento provino del Gobierno federal, mientras que su administración estuvo a cargo de grupos religiosos. La negligencia, la violencia sexual, el racismo y los castigos físicos fueron comunes dentro de sus muros. Algunos expertos calculan que más de 6.000 niños murieron en estos centros. Esta tragedia ha generado consternación mundial a raíz del hallazgo este año de más de 1.200 fosas sin marcar en terrenos de cuatro de estas antiguas instituciones. Justin Trudeau, primer ministro canadiense, declaró en julio: “El mayor error que ha cometido este país es la asimilación forzosa de los menores indígenas a través de los internados”.
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