Este domingo 17 de agosto los bolivianos van a las urnas en una elección diferente a las vividas durante los últimos 19 años y medio. Por primera vez, el gobernante Movimiento Al Socialismo no es el favorito en los sondeos de intención de voto. Ese lugar lo ocupan las fuerzas liberales que prometen sacar a Bolivia de la crisis económica en la que está sumergida y por la que culpan al modelo del Estado Plurinacional de Evo Morales y Luis Arce Catacora.
El país soporta la más alta inflación acumulada de las últimas dos décadas con un 16,92 %; el dólar paralelo cuesta casi el doble que el oficial y hay una irresuelta crisis de carburantes, especialmente diésel, lo que afecta la producción y al transporte.
La mayoría de los candidatos basan sus ofertas en solucionar la crisis económica. Seis de ellos tienen salidas liberales, que apuestan por bajar el déficit fiscal que ha llegado al 12 % mediante medidas de choque. En cambio, los dos herederos del Movimiento Al Socialismo plantean la continuidad del modelo económico que privilegia la participación estatal en la producción y servicios.
#LaHoraDeBolivia presenta una síntesis con el perfil de cada candidato y lo más relevante de sus ofertas electorales cuyo propósito es servir de guía para conocer a quien será elegido el próximo domingo o a quienes tengan que enfrentarse en una probable e inédita segunda vuelta en octubre próximo.
Nuevo intento presidencial, Doria Medina promete estabilizar la economía en 100 días
No le fue bien hasta ahora, pero se caracteriza por su persistencia. Su eslogan es “100 días, carajo”, que refleja el tiempo en el que, asegura, puede estabilizar la economía de Bolivia, ahora sumergida en una profunda crisis con alta inflación y escasez de combustibles y de dólares en el mercado. Se presenta con la fórmula Unidad de centro derecha, que suma otros partidos, incluyendo al del gobernador Luis Fernando Camacho, preso por haber liderado la protesta que acabó con la renuncia de Evo Morales.
El candidato a la vicepresidencia es José Luis Lupo, un economista que fue ministro en el gobierno de Tuto Quiroga y que después cumplió funciones de alto nivel en organismos multilaterales como el BID.
Doria Medina llegó a la vida política de la mano del extinto Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), cuando fue ministro de Planeamiento y Coordinación y ejecutó la privatización de empresas estatales deficitarias. Compartió el gabinete con el que ahora es su adversario político, Jorge Tuto Quiroga. Poco tiempo después fue candidato a la vicepresidencia de su partido sin éxito. Más adelante creó el partido Unidad Nacional con el que ha sido postulante al primer cargo del Estado. No le fue bien en ninguno de los intentos hasta este 2025, cuando aparece disputando el primer lugar en una cerrada contienda con Quiroga.
Paralelamente a su carrera política, ha sido exitoso empresario y ahora tiene inversiones millonarias en dos modernos rascacielos en La Paz y Santa Cruz de la Sierra, un hotel de cinco estrellas, una franquicia internacional de hamburguesas.
Su vida ha estado cargada de situaciones extremas porque en 1995 fue secuestrado durante 45 días por el grupo terrorista peruano MRTA y su familia tuvo que pagar un millonario rescate. Diez años después sobrevivió a un accidente aéreo, del que recuerda la frase: “Carajo, no me puedo morir” y de donde viene su eslogan de la actual campaña: “100 días, carajo”. El año 2022 venció el cáncer.
En 2020 fue candidato a la Vicepresidencia de Bolivia, acompañando a la entonces presidenta Jeanine Áñez, pero se retiró antes de las elecciones. No obstante, desde entonces activó una campaña en redes sociales, destinada a conquistar a la población juvenil e impulsó emprendimientos en diversos rubros, lo que demuestra que continuaba desarrollando una carrera política.
El plan gubernamental de Doria Medina está enfocado en la recuperación económica de Bolivia. Por eso promete que estabilizará la economía en 100 días, mediante medidas de shock que corten el elevado déficit fiscal que ha llegado al 12 % del Producto Interno Bruto. Ya ha presentado el que sería su primer decreto: “Se acabó la fiesta”, en el que anuncia el recorte de los gastos del Poder Ejecutivo. Asimismo, plantea el cierre de las empresas estatales deficitarias.
Ofrece eliminar el subsidio a los combustibles de manera progresiva y con un fondo de auxilio a la población más vulnerable, devolver independencia al Banco Central de Bolivia para que deje de ser el financiador del gasto público, reorientar las inversiones del Estado, generar un mecanismo para que la cotización del dólar sea variable en función del mercado y buscar financiamiento externo de organismos como el Fondo Monetario Internacional para reconstruir la economía.
En lo social plantea devolver la medición de calidad educativa, eliminada durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo; incorporar la formación de emprendedores en las escuelas, crear un horario extendido de clases para diversificar la formación, así como incentivos para lograr que profesionales que emigraron retornen al país, entre otras promesas.
Ofrece mejorar la calidad de atención en salud, jerarquizar el desempeño del personal en esta área, además de digitalizar los caminos para acceder a consultas y mejorar la infraestructura hospitalaria.
También tiene una agenda para las mujeres en la que, además de brindar condiciones de trabajo y capacitación con equidad, ofrece luchar contra la violencia de género, tomando en cuenta que Bolivia es uno de los países con mayores tasas de feminicidios e infanticidios.
Doria Medina plantea cero deforestación e incentivos para mejorar la productividad en el sector agroproductivo, promover el uso de biotecnología y la seguridad jurídica para este sector. Habla también de impulsar los bonos verdes para atraer capitales cuidando el medioambiente. Durante la campaña expuso ante los empresarios agropecuarios que pretende cuidar el medioambiente, pero que si algún día tiene que elegir, lo hará por la producción.
Ofrece una reforma de la Constitución Política del Estado para cambiar la forma en que se administra justicia.
Asimismo, promete un nuevo pacto fiscal que otorgue el 50 % de los impuestos a las regiones y que el otro 50 % quede en el poder central. También, la formalización de la economía, mediante incentivos para crear empresas reguladas.
En su quinto intento por ganar elecciones, Doria Medina ya ha presentado a su equipo económico y los dos primeros decretos con los que pretende gobernar. El 17 de agosto sabrá si esta vez el electorado le da la confianza que ha estado buscando desde hace 30 años.
Jorge “Tuto” Quiroga: la tercera vuelta de un expresidente que busca revalidar su legado
A sus 65 años, Jorge “Tuto” Quiroga Ramírez vuelve a la arena electoral con la alianza Libre, en su tercer intento por llegar a la Presidencia mediante voto popular. Ingeniero industrial de formación y único de los actuales aspirantes que ya ejerció como presidente de Bolivia, intenta reposicionar su imagen en un país que ha cambiado sustancialmente desde que dejó el Palacio Quemado en 2002.
El candidato a vicepresidente es Juan Pablo Velasco, de 38 años, que emprendió con éxito en aplicaciones de delivery de alimentos y la franquicia de taxis Yango. Su promesa es lograr la digitalización del servicio público, de la justicia y del Poder Legislativo.
Quiroga saltó a la política en los años noventa como miembro de Acción Democrática Nacionalista, socio del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), ocupando el Ministerio de Hacienda en 1992. En 1997 fue elegido vicepresidente junto a Hugo Banzer Suárez, y en 2001 asumió la Presidencia tras la renuncia de su compañero de fórmula por motivos de salud. Él reivindica que en su breve gestión, de poco más de un año, se produjo la consolidación del gasoducto a Brasil y la condonación de parte de la deuda externa. Sin embargo, también es cuestionado por la política de mano dura, especialmente con los cocaleros de Chapare.
En 2005 se presentó como candidato a la Presidencia por Podemos y logró el 28,6 % de los votos, detrás de Evo Morales. En 2014 volvió a intentarlo con el Partido Demócrata Cristiano, pero apenas superó el 9 %. Desde entonces ha sido parte del grupo de presidentes liberales que se opusieron a los gobiernos populistas de izquierda, agrupados en el foro de Sao Paulo. Eso mismo determinó que pase gran parte del tiempo no electoral fuera de Bolivia y que ahora se lo cuestione con el argumento de que solo aparece en tiempo de elecciones.
Fue pieza clave durante la transición gubernamental de 2019, cuando Evo Morales renunció a la Presidencia tras una denuncia de fraude que provocó un paro nacional de 21 días. Entonces, lo señalan de haber promovido la salida de Morales de Bolivia. En los comicios de 2020 lideró la alianza Libre 21, aunque se retiró poco antes de las elecciones en un intento fallido por unificar a la oposición.
Ahora, con la alianza Libre —que une al Frente Revolucionario de Izquierda y al Movimiento Demócrata Social—, Quiroga se presenta como el candidato de la experiencia y el orden institucional. Su propuesta se apoya en un discurso de modernización tecnológica del Estado, encarnado en su compañero de fórmula, el emprendedor tecnológico Juan Pablo Velasco, de 38 años.
El programa: reformas duras, promesas grandes
En economía, Quiroga plantea una serie de medidas ortodoxas: conseguir dólares a través del FMI y otros organismos multilaterales, rediseñar el tipo de cambio para hacerlo “realista y competitivo” y prohibir que el Banco Central financie al Gobierno. Estas propuestas, que buscan estabilizar la macroeconomía, implican ajustes que podrían tener un alto costo social en el corto plazo, como una inflación mayor que afecte a los más pobres.
También propone recortar el gasto público y el subsidio a los carburantes por considerarlo insostenible —mantendrá el del transporte público para frenar la inflación— y también dice que reducirá el personal en el Estado.
Aunque en su discurso habla de privatizaciones y cierre de empresas del Estado, en su plan de gobierno escribe que revisará el estado de estas, a fin de reactivarlas, entregarlas a los trabajadores, cerrarlas o venderlas.
Su plan incluye atraer inversión extranjera con reglas claras y eliminar el doble impuesto a empresas extranjeras, junto con incentivos a la industrialización y exportación.
Propone reducir los ministerios de 17 a 12, recorte de personal excedentario en el aparato público. Asimismo plantea eliminar algunos impuestos y reducir otros, aunque no da detalles y promete un tipo de cambio flexible para el dólar y devolver independencia al Banco Central.
También apunta a generar empleos en un esfuerzo conjunto con los gobiernos municipales y el sector privado, así como recursos estatales para quienes no logren acceder a una fuente de trabajo, no explica si será mediante un bono o cómo lo hará. Hace referencia al PLANE, un programa que ejecutó en su gobierno, mediante el que generó empleos remunerados con el salario mínimo nacional.
En salud, la bandera es la digitalización: fichas electrónicas, historia clínica nacional y descentralización de recursos a los departamentos. En educación, sus propuestas son vagas: habla de una nueva currícula con énfasis regional, pero sin detalles sobre cómo enfrentar problemas estructurales como la baja calidad o el déficit de formación docente.
En medioambiente, plantea políticas contra incendios y un uso sostenible de los bosques, junto con el impulso a biocombustibles. Sin embargo, su plan carece de una estrategia integral frente a la crisis climática, más allá de medidas puntuales.
Quiroga está en la política desde la década de los 90 del siglo pasado. Su carta de presentación es la experiencia ganada como presidente durante poco más de un año. Sobresalen sus contactos internacionales y él asegura que es capaz de conseguir créditos de organismos multilaterales. Su mayor fortaleza está en el electorado urbano y oriental del país.
Su principal competidor es su excolega en el gabinete de ministros, Samuel Doria Medina. Independientemente de cuál de los dos gane la presidencia, los analistas políticos consideran que tendrán que unirse para cogobernar en un escenario de fragmentación legislativa.
Rodrigo Paz Pereira busca llegar a la presidencia con el discurso del 50/50
Rodrigo Paz Pereira, economista y licenciado en Relaciones Internacionales de 58 años, busca la Presidencia de Bolivia bajo la sigla del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Su carrera política, iniciada en 2002 como diputado durante dos gestiones, estuvo marcada por la herencia familiar —es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora—, pero después tomó vuelo propio cuando se convirtió en concejal, primero, y después en alcalde de la ciudad de Tarija, en el sur del país, cargo al que accedió en 2015 con casi el 60 % de los votos.
El candidato a la Vicepresidencia es Edman Lara Montaño, excapitán de la Policía. Desde el inicio de su carrera denunció hechos de corrupción y fue dado de baja tras una denuncia contra el comandante departamental de la Policìa, Erick Holguín. Lara es muy activo en las redes sociales y promete luchar contra la corrupción, aún si su compañero de fórmula comete alguna irregularidad.
Su paso por la alcaldía (2015-2020) es uno de los capítulos más controvertidos de su trayectoria. Obras como el puente 4 de Julio, el mástil gigante de la plaza principal y el proyecto de “Ciudad Inteligente” —que no alcanzó los resultados prometidos— fueron cuestionadas por presunto sobreprecio y fallas de ejecución. Estos casos derivaron en procesos judiciales por presunta corrupción, que siguen abiertos. Paradójicamente, el propio candidato reivindica su gestión como una de las mejores que tuvo Tarija y asegura que los procesos tienen más carga política que real. No obstante, en esta cruzada electoral no es Tarija donde tiene mayor respaldo.
En 2020 fue elegido senador por Tarija dentro de la alianza Comunidad Ciudadana, con su partido Primero la Gente. Durante su labor legislativa, ocupó el cargo de segundo vicepresidente del Senado, manteniendo una línea de oposición al MAS y defendiendo la descentralización política y fiscal como bandera.
Agenda 50/50 y cuentas en blockchain
Sus principales propuestas tienen que ver con el fortalecimiento de la autonomía. Es decir, plantea que el Estado central maneje solo el 50 % de los recursos económicos y que el restante 50 % lo entregue a las regiones a través de los gobiernos subnacionales y universidades. Con esos fondos hace planteamientos para mejorar la salud y la educación, de manera que se corte la dependencia con el Gobierno nacional en tales materias.
Este modelo económico 50 %- 50 % se basa en la redistribución fiscal, con 16 estrategias que detalla en su programa de gobierno.
También es drástico al plantear el cierre o congelamiento de empresas públicas deficitarias y una administración bajo criterios estrictos de eficiencia. Esto incluye digitalizar las compras públicas mediante blockchain y promover contratos inteligentes para reducir la discrecionalidad y la corrupción.
En materia monetaria y fiscal, propone un Fondo de Estabilización Cambiaria financiado con recursos provenientes de deuda renegociada y un programa de sinceramiento patrimonial, que incluiría criptoactivos. Su objetivo es unificar el tipo de cambio y estabilizar la moneda sin recurrir al endeudamiento externo, aunque el diseño técnico de estas medidas no está plenamente detallado.
En el sector extractivo, Paz apuesta por un “capitalismo energético inteligente” que diversifique las fuentes de ingreso: estima que el litio podría generar hasta 600 millones de dólares anuales y el oro hasta 2.500 millones; propone, incluso, un banco especializado para cooperativistas auríferos.
Apunta a una reforma judicial y de la administración pública con modernización y meritocracia para contratar a los servidores del Estado. En la reforma de la justicia propone la creación de una comisión, pero no da detalles de cómo debería avanzar la solución a los problemas de este poder del Estado.
En educación proyecta la instauración de un sistema de certificación de calidad, que la formación estudiantil esté digitalizada y vinculada al sector productivo. En salud orienta sus estrategias a un mejoramiento de la calidad de atención. Ambos tópicos tienen como base la estrategia de distribución de recursos 50-50.
En materia de medioambiente plantea un listado de siete estrategias orientadas a la preservación y desarrollo sostenible, pero no detalla cómo logrará tales fines.
Entre el apellido y la gestión propia
Rodrigo Paz carga con un apellido de peso en la política boliviana. Hijo de un expresidente y líder histórico del MIR, su imagen ha estado vinculada tanto a esa herencia como a intentos de construir un liderazgo propio. Sus defensores destacan su capacidad de gestión y su apuesta por la descentralización; sus críticos, en cambio, ven que no ha roto con las prácticas de la vieja política y aún le cobran la factura por su gestión como alcalde.
De cara a las elecciones de 2025, su desafío es doble: por un lado, convencer al electorado nacional de que puede aplicar con éxito un modelo de “mano dura” y eficiencia estatal; por otro, revertir la percepción negativa que arrastra en su propia ciudad, donde la memoria de obras polémicas y procesos judiciales tiene peso propio.
En un escenario electoral fragmentado, Paz Pereira busca diferenciarse con un discurso técnico y promesas de modernización administrativa. En la recta final de la campaña se presenta como la opción renovadora. El gran vacío es la falta de respuesta a por qué no logra cosechar apoyo en su propia tierra, Tarija.
Manfred Reyes Villa promete mano dura y combustibles a Bs 5
Manfred Reyes Villa es el mayor de los candidatos a la Presidencia de Bolivia. Tiene 70 años y participa en política desde el año 2002, cuando disputó la Presidencia y perdió frente a Gonzalo Sánchez de Lozada. De entonces a hoy ha sido alcalde por cuatro veces y prefecto (gobernador) departamental de Cochabamba.
Ahora aspira a la Presidencia y lo hace con un partido propio llamado Alianza para Bolivia – Súmate. Durante su carrera política ha sido identificado como “Bombón”, debido a que una periodista lo calificó así cuando era concejal municipal.
Su propuesta principal es proveer de gasolina y diésel a 5 bolivianos por litro y sin subvención; argumenta que lo hará transparentando el gasto en importación de combustibles y eliminando las trabas a los intermediarios. Lo que no explica es cómo logrará vender los carburantes a un precio menor del que se oferta en el mercado internacional, sin que eso le cueste al erario nacional.
Cuestiona a los candidatos que hablan de contraer créditos del Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales, porque piensa que no se debe seguir endeudando al país. En cambio, promete que llegarán 10.000 millones de dólares a Bolivia con la venta anticipada de litio. No obstante, no ha detallado qué empresas podrían estar interesadas en poner dinero antes de ver aquello que comprarán.
Cuando fue prefecto de Cochabamba, un acuerdo entre Evo Morales y los opositores con representación parlamentaria dio luz verde a un referendo revocatorio que lo sacó de tales funciones. Entonces comenzaron los juicios en su contra y él se fue a vivir a Estados Unidos como refugiado político. Retornó en el año 2020 y se postuló a alcalde de Cochabamba, cargo que ganó con el 55,6 % de los votos. Tres años más tarde, la justicia anuló 11 juicios en su contra, lo que lo habilitó para continuar su carrera política; en contrapartida, lo acusaron de haber pactado un acuerdo con el actual presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, del Movimiento Al Socialismo, hecho que él desmintió constantemente, pero que —según analistas— le costó apoyo popular.
En su plan de gobierno ofrece autonomías que permitan descentralizar servicios, gestión de recursos en cada región, seguridad departamental, entre otras competencias. Para disminuir el déficit fiscal, ofrece reducir de 17 a 14 los ministerios, revisar la rentabilidad de las empresas del Estado, propiciar alianzas público-privadas y privatización estratégica de empresas estatales deficitarias.
Para incentivar la producción interna, promete reducir impuestos como el del valor agregado, así como eliminar el tributo a las grandes fortunas y el impuesto a las transacciones. Selectivamente también habla de otorgar incentivos a los exportadores.
Sus promesas en el ámbito económico también se extienden a la formalización de las empresas informales o no reguladas, mediante la concesión de incentivos. Este tipo de economía es mayoritario en Bolivia. También asegura que creará empleo masivo para los bolivianos.
Reyes Villa plantea un nuevo sistema de salud q basado en alianzas público-privadas para garantizar su eficiencia y ofrece provisión de medicamentos y eficiencia en la atención en todos los niveles.
En educación apunta hacia la formación técnica en los últimos niveles de colegio, la regionalización de la currícula educativa y el bachillerato internacional, entre otros temas.
Bolivia está en el podio global de destrucción de bosques por incendios y el candidato promete la generación de recursos económicos a través de los bonos de carbono, confiado en que esto ayudará a cuidar el medioambiente y a que haya mayor cantidad de empleo sostenible e inclusivo.
Manfred Reyes Villa ofrece su gestión como alcalde como carta de presentación rumbo a la Presidencia. Desde que comenzó su campaña fue reacio a buscar alianzas con otros candidatos opositores. En la recta final aparece en tercer y cuarto lugar de las encuestas que divulgan los medios de comunicación. A fines de 2024, comenzó la carrera como favorito, pero fue perdiendo respaldo durante 2025.
Andrónico Rodríguez, el cocalero que busca vuelo propio
En medio de la implosión de este partido, Andrónico se lanzó a la Presidencia con vuelo propio y con un partido, Alianza Popular, que no es el MAS. Ahora enfrenta a su padre político como principal opositor y la lucha llegó al extremo de haber sido calificado de traidor a la causa cocalera, por no apoyar la aspiración de Evo Morales de estar en la contienda electoral como candidato. En la actualidad es productor de coca en Bulo Bulo, región del trópico de Cochabamba.
Su candidatura es impulsada por una coalición que integra al Movimiento Tercer Sistema (MTS), el Partido Socialista Revolucionario (PSR) y el Movimiento Autonomista de Trabajo y Esperanza (Mate).
Su fórmula vicepresidencial, Mariana Prado, fue ministra de Planificación del Desarrollo y ocupó otros cargos en el gobierno de Evo Morales.
Sigue el modelo económico del MAS
Con ajustes, apuesta a mantener el modelo económico del MAS, que defiende la intervención estatal en la producción. Al respecto, plantea medidas como el fortalecimiento de las empresas públicas (muchas de ellas ahora deficitarias) y la supervisión e intervención del gobierno en actividades como el turismo, hidrocarburos, alimentos y otras. Asimismo, insiste en condicionar las exportaciones al abastecimiento de productos en el mercado interno; también plantea el objetivo de dialogar con los productores de alimentos para garantizar precios mínimos en el mercado y así evitar la inflación.
Esa propuesta de diálogo para dinamizar el país ha sido una constante desde su primera aparición pública.
Habla de reducir la burocracia estatal congelando la contratación de más personal y eliminando gastos superfluos. Apuesta porque el salario de los diputados y senadores esté condicionado a un informe y rendimiento en cuanto a realización de sesiones. Propone que haya menos ministerios y que también se achique la representación diplomática con menos embajadas. En ambos puntos no habla de cifras.
Bolivia ha vivido en bonanza gracias a la explotación y exportación de gas hasta el año 2014, fecha en la que cayeron los ingresos sin que se tome la previsión de hacer más exploraciones. Evo Morales nacionalizó los campos y subió los impuestos a las empresas petroleras. Sin embargo, debido al declive de las reservas y a incumplimiento en los cupos de envío, el país ya perdió el mercado argentino y le vende menos volumen a Brasil. Ahora, Andrónico promete reformular la Ley de Hidrocarburos para que las empresas extranjeras tengan incentivos y seguridad jurídica para invertir. No explica cómo sería el cambio.
En materia social, plantea concretar la prometida universalización de la salud, con cobertura integral y gratuita. Ahora, en los hospitales públicos, hay largas filas para lograr atención, que no siempre es sin costo, mientras que los medicamentos escasean en las farmacias estatales.
El candidato también insiste en que la medicina tradicional sea parte del sistema público de salud, lo que también es una política del MAS.
En educación, su plan apunta a una reforma integral que actualice currículos, capacite a docentes y modernice recursos. Propone metodologías activas para un aprendizaje significativo, y a incorporación de valores éticos y cívicos, así como la creación de “escuelas esenciales de familia” para involucrar a los padres en el proceso educativo.
También planea fortalecer el vínculo entre universidades y sectores productivos, fomentando la investigación aplicada y la transferencia tecnológica.
Rodríguez llega a la contienda con varias fortalezas: juventud, experiencia legislativa, capacidad de negociación y una imagen que combina origen popular y formación académica. Su papel como puente entre sectores que antes no dialogaban le ha ganado reconocimiento incluso entre adversarios políticos.
Sin embargo, enfrenta desafíos considerables. Aunque se presenta como independiente, su pasado en el MAS y su cercanía con Evo Morales pueden dificultar que sea percibido como un verdadero cambio. Además, su propuesta económica de recorte del gasto público podría despertar resistencias entre sectores acostumbrados a una fuerte presencia estatal.
En un escenario electoral marcado por la fragmentación, Andrónico Rodríguez busca posicionarse como el candidato que puede combinar la gobernabilidad del MAS con una apertura al diálogo y a reformas graduales. Su reto será demostrar que su independencia no es solo nominal y que puede liderar un proyecto que integre a distintos sectores sin reproducir los vicios de la política que dice querer superar.
Si logra convencer al electorado de que su juventud es sinónimo de renovación podría convertirse en un actor clave, ya sea como presidente o como figura de peso en un eventual gobierno de coalición.
Del Castillo, la oferta de continuidad del modelo del MAS
Es abogado y ha ocupado cargos públicos desde hace una década. Comenzó su trayectoria como asesor y secretario técnico en la Cámara de Senadores, trabajando en comisiones clave como Justicia Plural y Defensa Legal del Estado. Pasó por la Dirección de Migración en Santa Cruz, el Ministerio Público y el área de impuestos nacionales antes de saltar a la primera línea en noviembre de 2020, cuando el presidente Luis Arce lo designó ministro de Gobierno. Desde allí se convirtió en una figura de alto perfil, visible en operativos policiales y en la gestión de crisis.
El Ministerio de Gobierno está a cargo de la seguridad interna del país, pero también ha sido brazo operativo para la detención de líderes de la oposición que fueron perseguidos por la gestión del MAS. Bajo su mandato tuvieron lugar los operativos de captura de la expresidenta Jeanine Áñez y del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Ambos enfrentaron problemas de salud en el penal y los responsables de Régimen Penitenciario (dependientes del Ministerio de Gobierno) negaron la atención oportuna.
Además, tras la detención del gobernador Camacho y ante las protestas ciudadanas en Santa Cruz, la Policía realizó operativos de represión, también bajo el mandato del candidato Del Castillo.
Entra a la candidatura a la Presidencia en reemplazo del actual presidente Luis Arce, que fue la primera opción hasta que desistió de su postulación para ser reelegido.
Del Castillo también causó polémica hace un par de años cuando se supo de la fuga de un poderoso narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset, que hasta tenía un club de fútbol en Santa Cruz y vivía con documentos adulterados. Tras los informes públicos que daba Del Castillo, Marset respondía que había sido alertado para fugar y hasta hizo alusión al entonces ministro, poniéndole como sobrenombre “Sonia”.
A esto se suma la censura que en 2023 le aplicó la Asamblea Legislativa por el caso de vehículos robados en Chile que fueron vendidos en Bolivia. La sanción duró apenas dos días, pues el presidente Arce lo restituyó en el cargo, un gesto que reforzó su perfil como hombre de confianza del mandatario.
El candidato de la “renovación” interna
El MAS ha gobernado Bolivia por 20 años (con la excepción de 2019-2020) y afronta el desgaste natural de un ciclo largo de poder. Del Castillo se presenta como la renovación interna, acompañado por Milán Berna Ramos, un dirigente aimara de base campesina que refuerza el mensaje de inclusión y continuidad con los grupos sindicales corporativos que sustentan al partido. En los discursos, la fórmula se presenta como renovación, pero carece de nuevas ideas sobre la conducción del aparato estatal.
El discurso reformista tiene límites claros: no plantea un giro en el modelo económico ni en la estructura del Estado. Su plan se enmarca en la continuidad del esquema de industrialización con control estatal, redistribución de excedentes y fortalecimiento de empresas públicas, además de incentivo al modelo comunitario para la propiedad agraria e industrial; también pone énfasis en digitalización, eficiencia y apertura selectiva a alianzas estratégicas. El plan no detalla si su gobierno eliminará las bandas de precios y prohibición de exportaciones que caracterizó al último gobierno del MAS.
Las propuestas: continuidad con matices
En economía, su oferta central es profundizar la industrialización con sustitución de importaciones, priorizando sectores como litio, biodiésel, zinc, química y farmacéutica. Promete poner en marcha las 170 plantas industriales ya construidas y fortalecer las empresas públicas mediante capitalización y alianzas con comunidades. También ofrece diversificar mercados, firmar acuerdos comerciales y dar mayor respaldo a la economía comunitaria y cooperativa. El Estado seguiría controlando sectores estratégicos como minería, agroindustria y banca. Ésta es precisamente la diferencia entre este candidato y los otros, porque muestra la continuidad del modelo económico porque sostiene industrias que no funcionan o son deficitarias. Sobre posibles reformas, el tono del plan es más condicional y no traza una ruta clara de concreción.
En salud, plantea consolidar el Sistema Único de Salud (SUS) con cobertura gratuita y universal, digitalizar historias clínicas y lanzar la aplicación “El SUS te cuida”. Propone una red de salud 24/7, telesalud para áreas rurales y un fondo solidario para enfermedades de alto costo. Incluye a la medicina tradicional como parte de la política pública y quiere impulsar el deporte como política nacional. En la actualidad, el SUS carece de medicamentos y los pacientes deben hacer filas para acceder a una ficha de consulta. La oferta de digitalizar las historias clínicas y la telemedicina ya la hizo Evo Morales (antes del MAS) en 2013, cuando lanzó el satélite, sin que se hubiera cumplido.
En educación, propone un “quinquenio de la calidad educativa”, con más horas de matemáticas y física, modalidades artística y deportiva en el bachillerato, y una fuerte conexión entre universidad e industria. Durante el gobierno del MAS se eliminó la medición de la calidad educativa y Del Castillo no habla de restituirla.
En medioambiente, su plan defiende la “Madre Tierra” en foros internacionales y promete restaurar ecosistemas degradados, prohibir leyes que permitan la quema y deforestación masiva y promover producción sostenible. Plantea un programa de reforestación masiva y acceso universal a agua y saneamiento. El último año se quemaron más de 12 millones de hectáreas y una gran mayoría en bosques. Los activistas acusan a invasores de tierras que no son controlados por Ministerio de Gobierno.
Fortalezas y flancos débiles
Del Castillo llega a la contienda con el aparato político del MAS y con la capacidad de movilizar a sectores sociales. Sin embargo, tiene al frente la figura de Evo Morales, uno de los principales opositores a esta candidatura. La cercanía con la gestión de Luis Arce lo expone al desgaste de un gobierno que enfrenta crisis económica, escasez de combustibles y pérdida de apoyo urbano. Además, la oposición lo identifica como símbolo de la judicialización de la política y cuestiona su falta de independencia frente al Ejecutivo.
El principal reto de Eduardo Del Castillo es lograr más del 3 % de votos para que este partido siga existiendo sin perder la personería jurídica ni la sigla, que está en peligro por primera vez en 20 años.
Jhonny Fernández, una candidatura con sombras de una gestión municipal cuestionada
En las elecciones del año 2020 prestó la sigla de su partido Unidad Cívica Solidaridad para el candidato de derecha Luis Fernando Camacho. Cinco años después, giró drásticamente y se presenta como una opción de izquierda.
A sus 61 años, Jhonny Fernández Saucedo busca dar el salto a la Presidencia de Bolivia, impulsado por la alianza Fuerza del Pueblo. Lo hace con un plan que combina promesas de austeridad, digitalización y medidas llamativas como la nacionalización de autos indocumentados. Sin embargo, varias de sus propuestas —como la austeridad— no son aplicadas en el gobierno local que preside.
No tiene candidato a la Vicepresidencia, porque el dirigente gremialista que lo acompañaba fue inhabilitado al no cumplir los requisitos exigidos por la ley.
Fernández inició su vida política como concejal cruceño en 1989 y llegó a la alcaldía en 1995; fue reelegido en 2000. Desde 1996 lidera la Unidad Cívica Solidaridad (UCS), heredada de su padre, el empresario cervecero Max Fernández, fallecido en un accidente aéreo. En paralelo, presidió la Cervecería Boliviana Nacional (CBN) hasta 2002, cuando dejó el cargo para competir en las presidenciales, en las que obtuvoapenas el 5,51 % de los votos.
Su regreso al protagonismo local se dio en 2015 como concejal y en 2021 como alcalde. Desde siempre ha sido populista y trabaja su imagen en redes sociales, más con baile y ropa extravagante que con propuestas serias de gobierno, tanto para la Alcaldía como para el país.
Una gestión municipal bajo la lupa
En Santa Cruz de la Sierra, Fernández prometió modernizar la ciudad y atender problemas estructurales, pero tres años después enfrenta críticas por falta de planificación, retraso en obras, debilidad en servicios básicos y escasa ejecución de proyectos estratégicos. La ciudad lidia con un transporte público desordenado, deficiencias en el manejo de residuos y poca inversión en infraestructura vial, mientras que sus planes de digitalización avanzan lentamente.
Las denuncias por presunta corrupción que salpicaron a su administración, como el caso que derivó en la destitución del secretario de Administración Tributaria, Mario Centellas Ariñez, alimentaron la percepción de un gobierno municipal vulnerable a irregularidades y sin mecanismos sólidos de control interno.
Promesas nacionales con un guion ya conocido
A nivel nacional, Fernández propone una reestructuración profunda del Estado, reduciendo y fusionando ministerios, eliminando funciones duplicadas y simplificando trámites para ahorrar más de 22.500 millones de bolivianos al año. Plantea modificar impuestos como el IVA y el Impuesto a las Utilidades de las Empresas, eliminar el Impuesto a las Transacciones y atraer inversiones mediante incentivos tributarios.
Entre las medidas más mediáticas, destaca la nacionalización de vehículos indocumentados, monetizar bienes incautados, emitir bonos de carbono y fomentar exportaciones de gas, litio y productos agropecuarios. Su plan para las pequeñas y medianas empresas incluye parques industriales, créditos accesibles y ventajas en zonas francas. Apuesta por las alianzas público-privadas en varios sectores de la economía.
Salud y educación: enfoque de mercado
Fernández propone que el Estado pase de subsidiar la oferta a subsidiar la demanda en salud, entregando recursos directamente a los pacientes para que elijan prestadores públicos o privados. La idea, que busca introducir competencia, suscita dudas sobre su impacto en la equidad y la cobertura real para poblaciones vulnerables.
En educación, promete modernizar infraestructura, incluir programación y pensamiento crítico en el currículo y capacitar docentes, pero sin detallar cómo revertir las brechas de calidad entre las áreas urbana y rural. En las escuelas de Santa Cruz de la Sierra faltan cámaras de seguridad y hasta pupitres para los escolares, además de que el desayuno escolar se empezó a entregar con tres meses de retraso.
Su propuesta ambiental contempla diversificar la matriz energética, impulsar biocombustibles, reciclar y proteger ecosistemas, así como establecer alianzas regionales para proyectos de energías limpias.
Un desafío de credibilidad
La principal dificultad de Fernández no radica en la falta de propuestas, sino en convencer al electorado de que puede ejecutarlas, considerando que su actual gestión municipal deja un saldo de promesas incumplidas y avances limitados. La experiencia de Santa Cruz de la Sierra muestra un patrón: anuncios llamativos, pero resultados parciales o postergados, algo que sus adversarios ya utilizan como argumento central para cuestionar su salto a la política nacional.
La paradoja es clara: Fernández busca liderar un país enfrentando retos económicos y sociales de gran magnitud, mientras que en la ciudad más próspera de Bolivia aún no logra demostrar una administración eficiente, transparente y transformadora. En ese contexto, su campaña deberá responder a una pregunta clave: ¿puede un alcalde con resultados deficientes en su propia ciudad convencer al país de que tiene la fórmula para gobernar mejor a escala nacional?
Pavel Aracena: un candidato que busca revivir la marca ADN
Consolidar la fórmula presidencial tuvo un camino accidentado. Además de la inhabilitación del que era candidato a la Presidencia, el que aspiraba a ser su ‘vice’ renunció. Entonces, el compañero de fórmula de Aracena es el empresario Víctor Hugo Núñez del Prado, ligado a la construcción y poco conocido en el ámbito político.
ADN, fundada y liderada por el expresidente de facto Hugo Banzer Suárez —figura que marcó la historia política de Bolivia con un régimen militar entre 1971 y 1978 y una presidencia democrática entre 1997 y 2001—, no gana una elección nacional desde hace 27 años. La candidatura de Aracena, más que un renacimiento ideológico, parece un intento de colocar nuevamente la sigla en la boleta.
Un programa económico de libre mercado
Aracena se define como un candidato de derecha liberal y asegura ser el único de esta línea en la actual elección. Su programa económico es una defensa explícita de la economía de libre mercado: apertura comercial, reducción de impuestos y aranceles, eliminación de empresas públicas deficitarias y una reforma constitucional para limitar el intervencionismo estatal. En un país con un alto grado de dependencia del Estado en sectores estratégicos.
Sin embargo, el candidato no detalla cómo sortearía las resistencias políticas y sociales que históricamente han frenado este tipo de reformas. Las promesas de bajar impuestos y aranceles chocan con la realidad de un déficit fiscal elevado y una economía debilitada por la escasez de divisas y carburantes. Tampoco queda claro cómo financiaría las inversiones en infraestructura y riego que menciona en su plan sin recurrir al endeudamiento.
Salud y educación, apenas mencionados
En salud, Aracena promete auditorías para combatir la corrupción, reducir gastos administrativos y garantizar atención a los sectores vulnerables. La descentralización y la apertura a la participación privada son ejes centrales de su enfoque. Sin embargo, no presenta cifras, plazos ni mecanismos. La salud es apenas mencionada en un plan de gobierno de nueve páginas.
En educación, propone modernizar contenidos, reforzar valores “occidentales” y priorizar la meritocracia. Tampoco especifica cómo financiaría la reforma tecnológica y normativa que plantea.
Medioambiente: ausente como prioridad
Aunque el discurso de Aracena incorpora la gestión de recursos naturales y el desarrollo de infraestructura de riego, no presenta un plan ambiental integral. El libre mercado como eje de la explotación de recursos naturales deja abierta la pregunta sobre cómo garantizaría que la competencia no derive en sobreexplotación o daños irreversibles, especialmente en un país con alta biodiversidad y conflictos socioambientales recurrentes.
Un outsider que apuesta por la credibilidad técnica
La principal carta de presentación de Aracena es su ausencia de pasado político, lo que podría resultar atractivo para un electorado cansado de la clase política tradicional. Sin embargo, esa misma falta de experiencia plantea dudas sobre su capacidad para manejar las complejas redes de negociación y poder que implica gobernar Bolivia. En un escenario electoral dominado por partidos con estructuras debilitadas y nuevos frentes que buscan capitalizar el desencanto ciudadano, Aracena y ADN parecen más enfocados en reposicionar una marca política que en presentar un plan detallado y viable para transformar el país —el suyo es el menos extenso y preciso entre todos los que se inscribieron oficialmente ante el Tribunal Electoral—. Su propuesta de liberalizar la economía podría entusiasmar a sectores empresariales, pero carece de respuestas sobre cómo amortiguar el impacto social.
La campaña de Aracena, por ahora, se mueve más en el terreno de los principios que en el de las soluciones operativas. Y en una Bolivia que atraviesa crisis económicas y políticas profundas, ese vacío puede marcar la diferencia entre una candidatura testimonial y una que logre realmente incidir en el debate nacional.