Bajo Reserva”, en El Universal
“Con una gran velocidad, nos comentan, ha avanzado la investigación para encontrar a los responsables de haber espiado al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Las pesquisas van tan avanzadas que, nos aseguran, ya hay algunos detenidos. Un dato que han arrojado las pesquisas es altamente preocupante, pues nos comentan que el teléfono intervenido fue el de la casa de don Alejandro. El resultado de las investigaciones, nos advierten, será motivo de escándalo”.
“Templo Mayor”, en Reforma
“A tono con los días de Cuaresma, el morenista Cuitláhuac García es el rey del carnaval de la ilegalidad en Veracruz. Cosa de ver que casi un mes de que la Suprema Corte invadió por inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad, ¡sigue vigente! El congreso veracruzano se dio por enterado de la resolución del Poder Judicial, pero no ha movido un dedo para actuar en consecuencia. Es decir, todavía hay gente presa por un delito que se inventó el gobernador para perseguir a quien le resultara incómodo”.
“Trascendió”, en Milenio
“Que la secretaria de Educación, Delfina Gómez, mandó a decir a los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que siempre no asistirá hoy a la reunión prevista para hablar de la cancelación del programa de Escuelas de Tiempo Completo, pero que esta semana les notificará nueva fecha para el encuentro, lo cual agravió tanto a los líderes parlamentarios del PAN, Jorge Romero; del PRI, Rubén Moreira, y del PRD, Luis Cházaro, que en una declaración conjunta instaron a la maestra a no postergar más la conversación, pues en caso contrario pedirán su comparecencia ante el pleno cameral”.
“Estrictamente Personal”, en El Financiero
“Todo gobierno tiene servicios de inteligencia y contrainteligencia. En México, donde la inteligencia no se utiliza para la toma de decisiones que salvaguarden la seguridad nacional, la contrainteligencia es el método recurrente. De esta manera, el gobierno ha podido detectar los riesgos para el Estado mexicano y actuar en consecuencia. El uso de esa información es lo que define motivaciones y objetivos, por lo que la difusión pública de esa información pervierte el trabajo y cae en lo que se conoce como espionaje político. Esta distorsión de la contrainteligencia es lo que sufrió el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, al publicitarse audios que comprometían su obligación con la ley, exhibían sus abusos de poder y mostraban la inexistencia de la división de poderes con el Poder Judicial”.
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