¿Quién representa a Myanmar ante la comunidad internacional: la junta militar, que gobierna tras dar un golpe de Estado el 1 febrero de 2021, o los miembros del Ejecutivo de unidad nacional, creado tres meses después en el exilio para luchar por el restablecimiento de la democracia? De momento, ninguno ha sido reconocido oficialmente por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, y ello crea una situación compleja para el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) en la fase procesal de objeciones preliminares en la denuncia presentada en 2019 por Gambia contra la antigua Birmania por genocidio de la minoría musulmana rohinyá que sus jueces han comenzado a abordar este lunes.
Al inicio de la sesión, Joan Donoghue, presidenta del tribunal, recordó que “son los Estados, y no los Gobiernos, los que elevan casos ante estos jueces”. Acto seguido Ko Ko Hlaing, ministro de Cooperación Internacional de la junta birmana y sancionado por Estados Unidos por el golpe militar, ha asegurado buscar “que se imparta justicia de manera apropiada”. Las audiencias se prolongarán hasta el jueves.
Ko Ko Hlaing es uno de los miembros de la junta golpista que forma parte de la delegación de Myanmar desplazada a La Haya, sede del TIJ. El Gabinete civil de unidad nacional teme que la máxima instancia judicial de la propia ONU siente un precedente si los acepta en representación de Myanmar. Ningún órgano de Naciones Unidas, como la Asamblea General o el Consejo de Seguridad, ha reconocido a la junta.
El caso es muy delicado en términos jurídicos, políticos y diplomáticos. “Es un problema que recibe el tribunal, puesto que dos entidades ―llamémoslas así― reclaman representar a Myanmar. De modo que los jueces podrían tener que mencionar la cuestión en su sentencia”, dice Asier Garrido Muñoz, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de La Haya para las Ciencias Aplicadas. El tribunal no reconoce gobiernos, pero una eventual decisión en esta materia podría tener consecuencias para el reconocimiento por otros Estados del Gobierno golpista de Myanmar.
Según este experto, “si la corte asumiera que, a efectos procesales, el agente nombrado por la junta militar birmana es el único autorizado para representar a Myanmar, sería acusada de avalar el golpe de Estado”. Pero si hiciera lo contrario, se le reprocharía “no tener en cuenta la realidad de la situación efectiva en Myanmar y la práctica internacional”. Ambia Perveen, miembro del Consejo Rohinyá Europeo, ha señalado a las puertas de la corte que si bien la junta militar “no representa al pueblo de Myanmar, es importante que los responsables del genocidio sean juzgados”.
La suerte corrida por Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz en 1991 y exconsejera de Estado de Myanmar, ilustra también la situación actual. En 2019, era la líder de facto de su país y lo representó ante el tribunal, donde rechazó la acusación de genocidio contra los rohinyá y aseguró que se trataba “de un conflicto interno de lucha contra el terrorismo”.
Un año más tarde, el tribunal impuso medidas cautelares para proteger a esta minoría de un posible genocidio. El Gobierno que ella representaba debía ampararlos, pero fue depuesto por los militares en febrero de 2021. Ahora se encuentra en arresto domiciliario, condenada a dos penas de cárcel: dos años por incitación a la violencia, y a otros cuatro por posesión ilegal de dispositivos de telecomunicaciones y por vulnerar las medidas contra la pandemia. A pesar de su situación, en la página web oficial del Gobierno de unidad nacional aparece como parte del mismo.
“Solución intermedia”
Garrido Muñoz considera que, “a fin de evitar males mayores, una posible solución intermedia sería aceptar al agente propuesto por la junta militar, pero indicando que ello se hace a efectos del litigio entre Gambia y Myanmar, y excluyendo cualquier toma de posición sobre quién es el legítimo Gobierno birmano”. Añade que suena a tecnicismo, “pero, al menos visto desde fuera, el tribunal parece encontrarse en una situación incómoda”.
Myamnar ha cuestionado además la legitimidad de Gambia porque no tiene nacionales afectados fuera de su territorio. El país africano podía litigar alegando que los crímenes contra los rohinyás violan la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio (1948), firmada por ambos países. Aduce, por lo tanto, que Myanmar la vulneró en 2017 cuando más de 750.000 rohinyás se desplazaron desde allí hacia la vecina Bangladés, huyendo de lo que la ONU calificó en 2020 de “intento de genocidio”.
Christopher Staker, uno de los abogados nombrados por Myanmar, ha alegado a su vez que Gambia actúa “por delegación y no en nombre propio, ya que está apoyada por los países de la Organización para la Cooperación Islámica”. Con sede en Arabia Saudí, la misma agrupa a los Estados de confesión musulmana. “Una organización internacional no puede presentar un caso a través de un Estado”, ha dicho. Su colega, Stefan Talmon, ha añadido que el TIJ “no es una instancia supervisora de la convención contra el genocidio”. La decisión de los jueces puede tardar varios meses en llegar.
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