Alejandra Bernal Lazcano, abogada de los hijos mayores del empresario tamaulipeco Luis Carlos Vizcarra Millán, secuestrado junto a su pareja, María Cruz Campos Frías, luego de ser torturado frente a sus hijos menores para sustraer de sus empresas 360 millones de pesos, denunció este lunes en Aristegui en Vivo, que la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de Quintana Roo (fgeqroo) está plagada de irregularidades.
Explicó que entre las principales irregularidades del proceso está que a sus representados, hijos mayores de Vizcarra Millán, se les ha negado el acceso a las carpetas de investigación por no concedérseles la calidad legal de ofendidos.
Asimismo, las pesquisas se ha centrado en el movimiento del dinero sustraído a partir de la información proporcionada por una empleada de confianza del empresario petrolero, sin facultades legales para ello, que a la búsqueda de Vizcarra Millán y su pareja. Es debido a estas anomalías que se solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) la atracción del caso.
Se les niega la calidad de ofendidos
El no otorgar el estatus de ‘ofendidos’ a los hijos mayores del empresario impide que ellos o su representante legal tengan acceso a las carpetas de investigación llevadas a cabo por la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo.
“Mis representados, que son los hijos mayores del señor Vizcarra, no tienen conocimiento alguno de lo que obra en las carpetas de investigación de la Fiscalía en Quintana Roo porque no les han querido dar la calidad de ofendidos, que es la que tienen en realidad por ser hijos de la persona que se encuentra privada de la libertad”, sostuvo.
La abogada explicó que “se han solicitado de miles de formas que se les tenga por reconocida la calidad de ofendidos, sin embargo, me entrevisté el 18 de diciembre del 2024 con el ministerio público que lleva a cabo la integración de las carpetas de investigación, tengo entendido que se inició por desaparición, después lo clasificaron ellos por secuestro”.
“(Me entrevisté) con el licenciado, ministerio público, Emanuel González Juan, llevé mis poderes notariales, estaba probado que soy su apoderada legal, llevaba las entrevistas por escritas rendidas ante notario público, y le pedí que por favor me las recibiera y me dijo que no sin justificación legal alguna. Le pedí que fundara el motivo por el cual no me las recibía, le pedí que me diera un citatorio para mis representados para que comparecieran, sin embargo, me dijo que no, porque no tenían la calidad de ofendidos”.
De acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales se puede mandar llamar a una persona por diferentes motivos, uno por que sea víctima, testigo de hechos, peritos o investigados, imputados.
Nosotros tenemos el temor fundado, por las irregularidades que se han llevado a cabo en el procedimiento del fuero común, evidentemente, quieren darles una calidad diferente a la que tienen de acuerdo a la Ley General de Víctima que es de ofendidos.
Es por esta razón que, de acuerdo con la abogada, el 24 de diciembre del 2024 se presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en que se solicitó se atraiga la investigación al fuero federal, ya que modus operandi en cómo se llevó el hecho delictuoso también puede ser materia de un delito financiero al ser transacciones de más de 360 millones de pesos.
En este sentido, sostuvo que “hay importantes irregularidades ya que han obtenido datos de prueba en la Fiscalía de Quintana Roo, no por los medios legales pertinentes, no se han informado a través de los apoderados legales de las diferentes empresas en las que se hicieron las transacciones, sino que lo han hecho a través de una empleada que no tiene facultades para ello, que fue la misma, dice ella, por solicitud del propio víctima directa las realizó.
“Han solicitado datos de prueba a través de una empleada que tenía los tokens de la víctima y no es la apoderada legal, ni tiene facultades para poder proporcionar datos de las empresas, de viva voz esta mujer, que se llama Shanti Salas Sainz, ella ha dicho que la Fiscalía, directamente el Fiscal General y el Fiscal especializado en el combate a los delitos de extorsión y secuestro en Quintana Roo, le han solicitado actas constitutivas de las empresas de la persona que se encuentra privada de la libertad, le han solicitado los tokens, varias situaciones de información bancaria y ella lo ha proporcionado sin tener facultades para hacerlo y la Fiscalía lo sabe.
Hay una obtención de datos de prueba que no han sido por los medios legales y conducentes que deben llevar a cabo (…) de ahí vemos que les interesa más saber el movimiento de las empresas a realmente localizar a las víctimas.
Los hijos mayores del empresario tamaulipeco están informados, a través de su tía, hermana de su papá, que los menores de 10 y 14 años, hijos de la actual pareja de Vizcarra Millán, se encuentran bien y bajo resguardo, luego de haber sido encerrados por días en la casa de donde se presentó el secuestro y extorsión.
Todo lo que sabes es partir de terceras personas, pero no de un comunicado directo de la Fiscalía. Promovimos una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo y Asuntos Internos de la Fiscalía y no hemos tenido ningún resultado.
Petición a la FGR
La suma de irregularidades denunciadas por la forma en cómo se está investigando el secuestro y extorsión de Vizcarra Millán y Campos Frías, ha llevado a la defensa del empresario petrolero a solicitar la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alendro Gertz Manero.
“Quintana Roo es una tierra de nadie desde hace mucho tiempo. No podemos asegurar algo que no nos consta, pero es evidente que el modus operandi, el modo en cómo se llevaron los hechos de acuerdo a lo que nos manifiestan terceras personas, como es en este caso son los menores y la tía de nuestros representados, pues evidentemente que quienes realizaron este acto son personas perfectamente organizadas, que lo tenían perfectamente ubicado y, obviamente, la transferencia de tantos millones de pesos no creo que haya sido un hecho aislado o de principiantes que hayan participado en esto”.
“Sabemos que hay elementos de la propia Fiscalía o del Estado en general, las últimas noticias que hemos tenido, que están vinculadas con el crimen organizado, sin poder asegurar que en este caso fuera así, pero por esa razón la Fiscalía General de la República ha solicitado a la Fiscalía local que lleve a cabo una investigación exhaustiva y es por esa razón que queremos que se atraiga la investigación. No tenemos confianza en la Fiscalía del Estado”.
Consulta aquí la entrevista completa con la abogada Alejandra Bernal Lazcano.
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