Desigualdades territoriales, insuficiente desarrollo de las prestaciones y de los servicios, precariedad laboral, carencias estadísticas y en las bases de información, dificultades de gobernanza entre los distintos niveles de la Administración… Estas son solo algunas de las debilidades del sistema de atención a la dependencia que pone de manifiesto el informe que ha presentado este miércoles el Consejo Económico y Social de España (CES), un órgano consultivo del Gobierno en el que están representadas las principales organizaciones sindicales y patronales. La lista sigue: escasa financiación y una deficiente coordinación sociosanitaria, limitaciones en la intensidad y calidad de las prestaciones, entre otros asuntos. En el documento, el primero en el que el CES evalúa el sistema desde la aprobación de la ley, en 2006, se apunta que la pandemia ha puesto de manifiesto las carencias en dependencia e insta a que las “dramáticas consecuencias” de esta crisis sanitaria supongan un punto de inflexión.
“El sistema de la dependencia se enfrentaba ya a importantes desafíos con anterioridad a la pandemia que hacían urgente un replanteamiento del futuro del modelo de cuidados de larga duración”, se concluye en el documento, que empezó a trabajarse en 2019 y se aprobó en diciembre de 2020, y se da a conocer solo unos días después de que el Ministerio de Derechos Sociales y las autonomías aprobaran un plan de choque en dependencia con el compromiso del Gobierno de inyectar 3.600 millones de euros en tres años. En 2021 ya hay presupuestado un incremento de la financiación de más de 600 millones. El acuerdo, que fija la hoja de ruta para reflotar un sistema lastrado por los recortes, obtuvo además el respaldo de la mesa de diálogo social, que reúne a sindicatos y patronales, y va en la línea de las propuestas del CES. El organismo considera “urgente” la revisión del sistema y reclama a las autonomías que también aumenten la financiación.
El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que ha participado en el acto, ha afirmado que en los próximos tres años hay previstas, con los fondos europeos del Plan de Recuperación, inversiones que “ascenderán a 3.500 millones de euros” entre 2021 y 2023. El objetivo es poner en marcha una “estrategia nacional de desinstitucionalización” y reforzar la atención centrada en la persona en las residencias. El ministerio ha recalcado en diversas ocasiones su intención de cambiar el modelo de cuidados de larga duración. Algo en lo que el CES ha hecho hincapié, al abordar el proceso de envejecimiento y la necesidad de reforzar las prestaciones de carácter preventivo, “ahora muy residuales”, y la intensidad y profesionalización de los apoyos que permitan permanecer en el hogar y retrasar “la institucionalización”. Iglesias ha anunciado que “en los próximos días” el ministerio constituirá un foro consultivo con sindicatos, empresas y organizaciones de la sociedad civil para trabajar en este ámbito.
El informe del CES constituye una radiografía de la dependencia a lo largo de más de 200 páginas. Más de 1,1 millones de personas son atendidas gracias a la ley. Siete de cada 10 superan los 65 años, según el documento, en el que también se insta a superar la visión “edadista” y a no obviar que hay menores en situación de dependencia. En el texto se establece como prioridad la reducción de las listas de espera, ya que cerca de un 20% de la población no es atendida pese a tener derecho a ello: a final de 2019 eran cerca de 400.000 personas quienes esperaban por algún procedimiento (incluyendo a quienes aún no habían sido siquiera valoradas).
Diferencias “difícilmente justificables”
El CES destaca la “complejidad de la gobernanza del sistema de atención a la dependencia”, que “se ha manifestado en su máxima expresión” durante la pandemia, donde “las habituales dificultades para alcanzar consensos sobre criterios comunes de gestión han entorpecido la inmediatez en la toma de decisiones requerida”. En dependencia, las comunidades ostentan las competencias, pero en el funcionamiento del sistema intervienen también la Administración General del Estado y, en menor medida, los Ayuntamientos, estos últimos con la prestación de ciertos servicios. Hay distintos desarrollos normativos y “unas diferencias territoriales inexplicables o difícilmente justificables”, en palabras del ponente del informe, Jorge Aragón, que ha destacado que estas inequidades no solo se dan entre autonomías, “sino entre el ámbito rural y el urbano”.
La coordinación sociosanitaria es una de las grandes debilidades: durante la pandemia no ha sido posible suplir “la ausencia de unas estructuras previas”, según el informe. Y esta falta de coordinación intersectorial es uno de los factores que explican “la magnitud de esta crisis”.
Respecto a las residencias, uno de los grandes focos de contagio, el CES pide no caer en estigmatizaciones y señala que “la gravedad de lo sucedido en su conjunto requerirá una evaluación en profundidad”. Apunta, no obstante, que en los primeros diagnósticos confluyen diversos factores, como el desconocimiento inicial sobre el virus, facilidad de contagio en estos establecimientos, elevada vulnerabilidad y, particularmente “la falta de coordinación a todos los niveles”, especialmente en el sociosanitario, “que contribuyó al retraso en la adopción de las medidas y la indefensión de los usuarios, que en demasiados casos no pudieron tener una atención sanitaria adecuada ni a una muerte digna”.
El CES, que apunta “serias dificultades” para conocer el gasto real en dependencia en España, propone un sistema común de información y llama a mejorar las bases de datos y a articular mecanismos permanentes de evaluación de la calidad, eficiencia y equidad. El organismo reclama que se tenga en cuenta la perspectiva de género, dado que el 65% de los beneficiarios de la ley son mujeres y más del 85% de los ocupados en el sector también lo son. E insiste en que “la calidad de las prestaciones del sistema es inseparable de la calidad del empleo” y en que esta “deja mucho que desear”. Uno de los puntos del plan de choque es precisamente la mejora de las condiciones en el sector.
En el documento se pide además que se analice “el importante impacto en la salud y el deterioro de la autonomía personal” de la soledad no deseada en las personas que permanecen en sus hogares y han dejado de percibir servicios, como por ejemplo, tras el cierre de los centros de día. Se solicita que se revisen las incompatibilidades entre prestaciones, un mayor desarrollo de la ayuda a domicilio y la teleasistencia avanzada, y se insiste en que deben primarse los servicios frente a las prestaciones económicas, que pese a que la ley contemplaba como excepcionales no lo son.
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