“Frentes Políticos”, en Excélsior:
“Hoy será ratificado por el Congreso el nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, alguien en quien el Presidente pone toda su confianza para llevar a la economía a un mejor desempeño en la segunda mitad del sexenio. Cero y van tres. Después de Carlos Urzúa y Arturo Herrera, el nuevo funcionario estaba obligado, teóricamente, a llegar y generar cambios. No ha sido así. Ramírez de la O, quien renunció como integrante del Consejo de Administración de Grupo Peña Verde para dedicarse de lleno a la encomienda, mantendrá, por el momento, al subsecretario Gabriel Yorio, quien se ha ganado su respeto por su compromiso y capacidad profesional. Sin pérdidas de tiempo, a darle para impulsar el crecimiento. Nunca estuvo mejor dicho: tiempo es dinero”.
“Templo Mayor”, en Reforma:
“Es entendible y necesario que el gobierno federal quiera salvar la economía ante la tercera ola de Covid-19 que está pegando en todo el país. Sin embargo, resulta preocupante que prácticamente se está lavando las manos de lo que pueda ocurrir en términos de salud. Es claro que la actividad productiva de México no aguanta otro frenón por causas de la pandemia. Eso explica que las autoridades hayan decidido no volver al confinamiento, ni siquiera en semáforo rojo. Pero, ¿dónde está el plan de Hugo López-Gatell para evitar que los contagiados por este repunte padezcan el resto de sus vidad las secuelas del virus?
“Bajo Reserva”, en El Universal:
“Ahora que comienza a hablarse de quién habria podido estar detrás del espionaje a políticos y periodistas en la pasada administración apoyados en el sistema Pegasus, algunos nos dicen que quien podría dar una amplia explicación del tema es la exsecretario de Gobernación, y actual senador priista, Miguel Osorio Chong. Miembros del gobierono de Enrique Peña Nieto aseguran que la dependencia que más utilizó Pegasus fue el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), dirigido por Eugenio Ímaz bajo el ámbito de responsabilidad de Osorio”.
“Trascendió” en Milenio:
“Aunque pocos en el gobierno federal se acuerden, en 2019 diferentes dependencias federales y organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en la Alianza para el Gobierno Abierto, acordaron un plan de trabajo para establecer reglas claras en adquisición y uso de herramientas de espionaje, pero todo quedó en el aire, a pesar de que había un responsable bien definido: el entonces secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, quien se fue. Si sigue la voluntad, Rosa Icela Rodríguez deberá retomar ese compromiso asumido con los grupos ciudadanos que pusieron como condición para volver al colectivo, después de las escuchas de que fueron víctimas en 2017, precisamente la regulación”.
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