A 20 años de la muerte de la defensora de los derechos humanos Digna Ochoa, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reabrirá el caso, anunció este viernes la dependencia.
La decisión llega luego de que el pasado viernes 21 de enero, la FGJCDMX fue notificada de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la investigación de la muerte de Ochoa en 2001.
“México, que como Estado soberano es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, suscribió y ratificó su adhesión a diversos instrumentos internacionales y aceptó la jurisdicción contenciosa de la Corte”, señala la fiscalía en un comunicado. “En consecuencia y cumplimiento de la resolución de la Corte Interamericana, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, instruyó la reapertura de la investigación de la muerte de Digna Ochoa”.
Aseguró que la investigación se llevará a cabo adoptando las mejores prácticas nacionales e internacionales, poniendo al centro a las víctimas y con objetividad, imparcialidad y rigor científico.
“Ya se celebró un encuentro y diálogo con la familia Ochoa y Plácido, así como con sus representantes y servidores públicos de la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, la Comisión Ejecutiva de Atención Víctimas y de la propia FGJCDMX, en donde se refrendó la convicción por parte de las instituciones de dar cumplimiento debido y oportuno, en los términos señalados en cada resolutivo de la sentencia”, señala la dependencia en el comunicado difundido el viernes.
Durante el encuentro, señala, se acordó orientarse al cumplimiento puntual de los diversos componentes de reparación a favor de las víctimas indirectas, en ánimo de dar respetuosa remembranza y reconocimiento a la labor de Digna Ochoa como defensora de los derechos humanos.
Para avanzar en el diseño de un plan de investigación en la reapertura del caso, informó, se acordó una reunión de trabajo con la familia y sus representantes, de conformidad con el compromiso para que la indagatoria garantice su participación activa, en un marco de actuación sustentado en la perspectiva de derechos humanos y el enfoque de género.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) determinó la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las graves fallas en el marco de la investigación por la muerte de Digna, ocurrida el 19 de octubre de 2001.
En su sentencia, la Corte Interamericana estableció que deben efectuarse diversas medidas de reparación, entre otras, continuar las investigaciones que sean necesarias para determinar las circunstancias de la muerte de la activista y sancionar a los responsables.
Tras esta determinación, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) exhortó al Estado mexicano a que cumpla íntegramente la sentencia.
También debe llevar a cabo un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, así como realizar una campaña en favor del respeto a la labor de las y los defensores de derechos humanos en México.
En julio de 2004, la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) presentó el Informe Especial sobre Irregularidades en la Averiguación Previa Iniciada por la Muerte de la Licenciada Digna Ochoa y Plácido.
En ese documento, el organismo destacó que las pruebas periciales no fueron realizadas bajo los estándares mínimos de confiabilidad que permitieran desechar ambigüedades y que abarcaran todos y cada uno de los vestigios encontrados en el lugar de los hechos.
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— Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) January 28, 2022
En 2021, la Comisión de Derechos Humanos capitalina presentó un Amicus Curie como parte del acompañamiento para que la representación legal y los familiares de Ochoa participaran en una audiencia realizada por la Corte IDH, en la que se analizó el caso.
El pasado 24 de enero, en entrevista con Aristegui en Vivo, los abogados Karla Micheel Salas y David Peña hablaron sobre la sentencia de la Corte Interamericana contra México en el caso de Ochoa, la cual establece una serie de medidas, que no son recomendaciones, por lo que el Estado mexicano está obligado a cumplirla de manera cabal.
Peña narró un proceso largo y complicado de dos décadas, en el que se contrató a peritos independientes, por ejemplo, para revertir las conclusiones de la fiscalía de la Ciudad de México, las cuales apuntaban a un suicidio.
“Esta sentencia es una forma de redignificar a Digna”, consideró.
Hoy, la hipótesis del suicidio debe ser desechada, agregó la litigante.