El equipo de abogados que defiende al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, rechazó las acusaciones de que su cliente recibió sobornos y “mordidas” por 8.3 millones de dólares para autorizar la compra de la planta chatarra de “Agronitrogenados” y tres contratos para la petrolera brasileña Odebrecht.
Por lo anterior, pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) verificar la información que difundió a través de un comunicado el pasado 21 de julio
Los abogados Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pruneda también rechazaron que Lozoya Austin haya provocado un daño de 760 millones de dólares a las finanzas públicas como sostuvo la UIF, destacando que las imputaciones penales contra Lozoya no se refieren a las “mordidas” y sobornos a que los aludió en el último comunicado.
“Nunca antes una autoridad del gobierno de México había hecho referencia a una supuesta “mordida” de 8.4 millones de dólares. Esta afirmación no tiene antecedente —ni documental ni técnico— alguno, por lo que resulta inaceptable. Esta defensa considera indispensable que la UIF verifique su información”, reviró la defensa a través de un comunicado.
Los defensores de Emilio Lozoya afirmaron que el supuesto soborno de 3.4 millones de dólares que la UIF afirma que se le entregaron al ex director de Pemex para que autorizara la compra de la planta chatarra de Agronitrogenados a la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) en realidad corresponden a “proyectos realizados por Lozoya Austin antes de ser servidor público”, por lo que ese dinero lo recibió antes de asumir la dirección general de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Por lo anterior, la defensa estimó que con la evidencia existente hasta el momento “se ha puesto en evidencia que no puede afirmarse delito de corrupción alguno en este caso”.
Sobre este mismo hecho, la defensa de Lozoya destacó que “no existe investigación alguna relativa a la compra-venta de esta planta de fertilizantes”, ya que todo el proceso fue auditado y validado por las autoridades administrativas, es decir, por Pemex y la Secretaría de la Función Pública que no emitió sanciones por el caso Agronitrogenados.
Por lo que se refiere al contrato otorgado por Pemex en el proyecto denominado Tula I, los abogados de Lozoya Austin destacaron que las propias autoridades, es decir, Pemex, la Fiscalía General de la República y la UIF afirmaron en una audiencia pública y frente el juez de control que lleva el caso que la obra y el contrato estuvieron bien ejecutados, “por lo que no se desprende elemento alguno relativo a algún tipo de responsabilidad administrativa, mercantil o penal”.
También sobre el caso Odebrecht, la defensa del ex director de Pemex señala que en relación con los contratos denominados Salamanca y Tula II, dichos instrumentos “no forman parte de procedimiento alguno vinculado a Emilio Lozoya Austin”, es decir, que no existe un proceso o expediente administrativo en el que se haya señalado a Emilio Lozoya por algún tipo de irregularidad.
“Nuevamente, resulta indispensable que la autoridad verifique la información correspondiente”.
Por todo lo anterior, insisten los defensores del imputado, actualmente preso en el Reclusorio Norte, insistieron en que es improcedente exigir una reparación del daño por un monto de 30 millones de dólares como se la ha exigido a Emilio Lozoya, destacando que la alusión a una posible extorsión de Estado, como argumento el ex director de Pemex ante el juez, sea un reclamo legítimo.
“Se desprende que el monto de 30 millones de dólares exigido a Lozoya Austin como supuesta reparación del daño, es fruto de una decisión unilateral y sin basamento técnico. De ahí que, en audiencia pública ante el juez de control, los representantes del gobierno de México no pudieron explicar su origen, lo que provocó los legítimos reclamos de nuestro representado”, concluyó el comunicado.
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