La muerte de dos migrantes en el río Bidasoa cuando intentaban sortear los controles de la policía francesa en Irún (Gipuzkoa) ha elevado el tono de las críticas en contra del cierre de la frontera. Un bloqueo que, como denuncia el alcalde socialista de la localidad guipuzcoana, José Antonio Santano, se limita a quienes tienen un tono de piel diferente. “Ahora los controles solo están afectando a un colectivo muy concreto”, critica. “Sabemos que quieren pasar y pasan, pero poniendo en riesgo sus vidas”, lamenta. El Gobierno vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa, los partidos políticos y el alcalde socialista francés de Hendaya, Kotte Ecenarro, han alzado la voz pidiendo a los gobiernos central y francés una solución para evitar más muertes. “Las devoluciones de Francia sin garantías se siguen produciendo, incluso con menores”, asegura un agente español que presta su servicio en uno de los pasos por carretera de Irún.
El férreo control policial francés —tanto en la salida del tren que conecta San Sebastián con Hendaya y deja a los pasajeros en la estación ferroviaria francesa como en las estaciones de autobús, en algunos pasos de montaña, y últimamente, cada vez, más en la ribera francesa del río Bidasoa— está haciendo cada vez más peligroso el tránsito de España a Francia a través de la localidad vasca. La imagen de varios migrantes bajándose de una furgoneta policial en la parte francesa del puente de Santiago, andando de vuelta a España, es habitual desde hace varios años.
Francia justifica ese comportamiento en que tiene firmado desde 2002 un acuerdo bilateral con España que le permite devolver en las cuatro horas siguientes al paso de la frontera a las personas que entran en su territorio sin la documentación necesaria. El problema es que ese acuerdo prevé que los migrantes sean entregados a la policía española, o que se haga por escrito su devolución. “Esto no se cumple la gran mayoría de las veces”, coinciden fuentes policiales españolas que llevan alertando del problema al menos desde 2016 y las asociaciones humanitarias que les ayudan a sobrevivir en Irún.
“Las devoluciones en caliente se están produciendo cada día”, responde cada vez que se le pregunta el director de Migraciones y Asilo del Gobierno vasco, Xabier Legarreta. El Diputado General de Gipuzkoa, Markel Olano, atribuyó la pasada semana las dos muertes de migrantes “a una situación de injusticia ante la que no podemos permanecer de brazos cruzados”. El concejal del PP en el Ayuntamiento de Irún, Íñigo Manrique, cree el cierre de la frontera hay que atribuirlo a la falta de unas políticas comunes, pero las consecuencias son “terribles”; “genera un drama humano e injusto” que va más allá de la política, apunta. “Es un problema ético. ¿Qué estamos haciendo con nuestros semejantes?, se pregunta.
Pero también al otro lado de la frontera hay voces que reclaman una solución a la UE. El alcalde de Hendaya, Kotte Ecenarro, dijo el pasado jueves en una entrevista en el Diario Vasco: “Entiendo a los migrantes, yo haría lo mismo. Urge darles una solución”. Ecenarro habló con Jean-Yves Le Drian, el ministro de Asuntos Extranjeros y de Europa, que viajó a Hendaya hace dos semanas, y lo puso al tanto de las dos muertes en el Bidasoa.
“Como alcalde y vecino de Irún es un drama que haya personas, cada vez más jóvenes, que pierden la vida al cruzar las aguas del Bidasoa”, asevera Santano. “No tiene una solución fácil, pero en todo caso tiene que pasar por políticas migratorias europeas que estudien el problema de forma global. Esto no puede ser”, explica. “Los franceses no cooperan en nada y el Gobierno central hace la vista gorda”, asegura una fuente que conoce bien la operativa del Centro de Cooperación Policial y Aduanera de Irún. Las devoluciones con garantías se deberían hacer a través de ese centro con abogado y con la apertura de un expediente por infracción de la Ley de Extranjería, especifica. “Pero eso no sucede”, lamenta.
El Gobierno vasco hizo público la semana pasada que en lo que va de año 4.100 migrantes han utilizado sus recursos en Irún para pernoctar en su travesía desde Canarias hacia el norte de Europa, cuando en todo 2019 usaron esos mismos recursos asistenciales 4.244 migrantes.
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