La FGR recordó que en 2017 el entonces procurador general Raúl Cervantes Andrade pactó con autoridades brasileñas no ejercer acciones contra funcionarios de la empresa.
La Fiscalía General de la República (FGR) recibió nueva información financiera procedente de Suiza relacionada con el caso Odebrecht, por lo que el 7 de enero pidió al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) un informe que llegará la próxima semana.
En un comunicado, la FGR enlistó algunas de las acciones llevadas a cabo dentro de la investigación del caso de corrupción que involucra a la constructora brasileña. La más reciente es la solicitud al Cenapi de un informe que incluye red de vínculos, respecto de transferencias, depósitos y personas involucradas en los hechos.
El 3 de enero pasado, la FGR solicitó un dictamen en materia de contabilidad, que aún no es entregado debido a las traducciones que restan por hacerse.
Durante 2018, cuando la PGR estaba encabezada por su encargado de despacho, Alberto Elías Beltrán, la dependencia solicitó al Instituto Nacional de Migración el registro de entradas y salidas de los funcionarios de Odebrecht y recibió tres discos compactos con información financiera proveniente de Suiza, consistente en 3 mil 329 fojas, en idiomas alemán, francés, inglés e italiano; aún se encuentra pendiente concluir la traducción del alemán, pero de acuerdo con la FGR se concluirá en dos semanas y media.
Estas acciones fueron realizadas por la antes PGR y actual FGR después de que el 17 de octubre de 2017 el entonces procurador general, Raúl Cervantes Andrade, afirmara ante la Junta de Coordinación Política del Senado que la investigación sobre Odebrecht estaba terminada.
Entre las diligencias destacadas por la FGR antes de ese anuncio se encuentran las entrevistas a funcionarios y ex funcionarios de Odebrecht en México, así como de Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, en calidad de imputado.
El 25 de enero de 2017 la dependencia federal recibió un escrito de parte de la apoderada legal de Pemex señalando que, en diciembre de 2016, las empresas brasileñas Odebrecht y Braskem, se declararon culpables ante la Corte Federal del Distrito de Nueva York por pagar sobornos a servidores públicos de diversos países, destacándose la manifestación de haber pagado seis millones de dólares a “oficiales de alto nivel” en una empresa propiedad del Estado Mexicano, para verse favorecidos en la asignación de un proyecto.
“Sobre este caso, es pública la información en el sentido de que los funcionarios brasileños Marcelo Bahia Odebrecht, director presidente de Odebrecht, Luis Alberto De Meneses Weyll, director superintendente de Odebrecht, sucursal México e Hilberto Mascarenhas Alves Da Silva Filho, director de la oficina de operaciones estructuradas de Odebrecht, refirieron ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, estar directamente involucrados en pagos de sobornos, ello mientras Ricardo Emilio Lozoya Austin se desempeñaba como Director General de PEMEX; todo ello, con la finalidad de que la empresa Odebrecht se viera favorecida en la adjudicación de contratos de obra pública utilizando empresas offshore y bancos privados en paraísos fiscales”, recordó la Fiscalía este jueves.
El 16 de febrero de 2017, Cervantes Andrade acudió a una reunión con la Procuraduría General de Brasil y otras procuradurías de Latinoamérica en la que se suscribió un convenio en el que las autoridades brasileñas se comprometieron a entregar información mientras que las autoridades mexicanas se comprometieron a no ejercer ninguna acción civil, administrativa, o penal en contra de funcionarios de Odebrecht; los convenios fueron ratificados en tres ocasiones posteriores, en febrero y junio de 2017.
Posteriormente la PGR tomó las declaraciones de Marcelo Odebrecht, Luis Alberto De Meneses Weyll e Hilberto Mascarenhas Alves Da Silva Filho, así como de Helder Antonio Campomizzi, actualmente Coordinador de licitaciones en la empresa Odebrecht México; Jose Vito Facciolla Junior, director de Proyectos en la empresa Odebrecht México, y Guillermo Antonio Suárez Solís, representante legal de Odebrecht México.
El 8 de febrero de 2017 se solicitaron al titular de la Unidad de Responsabilidades Administrativas de Pemex antecedentes respecto a la intervención en la revisión de la suscripción y ejecución de los contratos de obra, así como, declaraciones patrimoniales de diversos servidores públicos de la paraestatal.
El 5 de abril de 2017 se iniciaron las entrevistas de 19 servidores públicos de Pemex que participaron en la suscripción de los contratos relacionados con Odebrecht, así como el desarrollo de las obras derivadas de los mismos.