El estado mexicano reconoció este martes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) su responsabilidad internacional por fallas en la investigación del caso de la activista Digna Ochoa y Plácido.
Asimismo, se dijo dispuesto a que se reabra la indagatoria para llegar a la verdad y la justicia.
Durante la segunda y última audiencia pública virtual sobre este caso, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio Alcántara, admitió la responsabilidad del Estado sobre la violación de múltiples artículos de dos convenios internacionales.
El funcionario federal reconoció que en la pesquisa realizada sobre la muerte de la abogada y activista –ocurrida el 19 de octubre de 2001– hubo violaciones al debido proceso legal, pues no fue realizada por la desaparecida Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal con perspectiva de género ni visión de derechos humanos, además de que se difundió una imagen negativa de la víctima tras su fallecimiento, de acuerdo con La Jornada.
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Representantes de las presuntas víctimas -miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez- reconocieron la voluntad política del Estado mexicano sobre el “reconocimiento parcial” por las fallas en las indagatorias de la muerte de Digna Ochoa.
Este lunes durante la primera audiencia la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, quien participó como representante de la Corte IDH, indicó que el Estado mexicano “incurrió en responsabilidad al no haber cumplido debida diligencia ni investigar los hechos en un plazo razonable” y en efecto, hubo “falencias graves al sostener la versión de un suicidio y no de un homicidio”, agregó.
Este martes expresó su reconocimiento al Estado mexicano en su posición de la reapertura de la investigación sobre el presunto asesinato de Digna Ochoa.
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