Como cada 22 de junio desde hace seis años, familias buscadoras de personas desaparecidas —o halladas en fosas clandestinas — de Nayarit, llevaron a cabo actividades para exigir justicia por las sustracciones masivas ocurridas en 2017.
Fue también un día jueves cuando en distintos puntos de la ciudad de Tepic, Xalisco y San Blas, gente armada a bordo de camionetas —se cree que pudieran ser personas relacionadas con el ex fiscal Edgar Veytia—, se llevó por la fuerza a personas que volvían de su trabajo, que iban por la calle, o que se encontraban en reuniones, haciendo lo que fuera, pero vivos.
Después de esa noche, sus familias, a algunos no les volvieron a ver, y a otros los hallaron en alguna de las 37 fosas clandestinas que han sido halladas en la entidad.
Este día, por la mañana, el Colectivo Familias Unidas por Nayarit (COFAUNAY) se reunió frente al palacio de gobierno en Tepic para realizar un memorial y exigir justicia por las personas desaparecidas el 22 de junio de 2017, y el resto desde ese año a la fecha.
Más tarde, en la catedral de la Asunción de esta capital, el Colectivo Por Nuestros Corazones solicitó una misa para recordar la fecha y a las personas que no han vuelto a su hogar, así como para las personas fallecidas, encontradas en las fosas clandestinas.
Aquí se dieron cita las familias de Nicanor Alejandro López Jara, Karen Estefanía Pérez Moya, Oscar Gabriel Tovar Barajas, y Jair Villafuentes Valdez —los cinco fueron sustraídos el 22 de junio de 2017, al rededor de las seis de la tarde, en fraccionamiento Villas del Prado, y fueron localizados en la fosa de los 21 —la más profunda del estado, hecha con maquinaria, ubicada en La Saucera de Pantanal, Xalisco.
La líder del colectivo Por Nuestros Corazones, Rosa María Jara Montes afirmó que hasta la fecha no hay avances de investigaciones sobre estos casos.
“Seguimos con la impunidad a todo lo que da, no hay culpables, no hay una línea de investigación directa, ni federal, ni fuero común, ni la Comisión Nacional de Búsqueda nos ha podido dar, dentro de sus análisis de contexto, una línea certera de investigación”.
Incluso resaltó que de las 14 carpetas que se han judicializado para que sean investigadas por desaparición forzada, la Fiscalía General de la República (FGR) busca reclasificarlas como delincuencia organizada, situación a la que se niegan más familias.
“Nosotros nos oponemos completamente. Yo como madre de un joven desaparecido, porque tenemos testigos presenciales que señalan directamente a comandantes de la fiscalía del estado de aquel entonces; que fueron autores no solamente intelectuales sino materiales”.
A pesar de esto, la líder de colectivo mencionó que el subfiscal de Nayarit, Rodrigo Benítez planteó que hay investigaciones sobre perpetradores que formaron parte de la Fiscalía General del Estado, y que se les investiga por ello.
Del mismo modo indicó que hasta el momento no hay avances por la denuncia de desaparición de prendas aunque las autoridades nayaritas también le aseguraron que habrá justicia al respecto.
Por su parte, Arturo Gerardo García Álvarez, titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV), señaló que son pocas las carpetas que se han judicializado, pero que trabajan para impulsar su atención.
“En el tema de desaparecidos que nosotros tenemos vista por ser los asesores jurídicos, son seis, porque otras fueron remitidas a la FGR; sabemos que cada una lleva un proceso distinto”.
Finalmente mencionó que dan acompañamiento a estas personas víctimas secundarias de desaparición forzada, con atenciones médicas, apoyo psicológico y otros servicios.
Cabe destacar que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) sostiene en su análisis de contexto, explicado desde la criminalidad — que presentó en diciembre de 2021— que en particular las desapariciones masivas del 2017 fueron parte de una “limpia de plaza” tras la captura del exfiscal Édgar Veytia en los Estados Unidos y una venganza de grupos criminales a los que presuntamente protegía, durante el sexenio de Roberto Sandoval.
“En febrero de 2017 el fiscal general de Nayarit le retira su apoyo al Cartel de los Beltrán Leyva para asociarse con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los Beltrán Leyva consideran esto una traición, por lo que buscan llevar a cabo acciones en contra de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, sin embargo, no lo consiguen hasta que encuentran condiciones favorables, lo que ocurre cuando la fiscalía se debilita y pueden atacar a las personas que estaban directa e indirectamente relacionadas con el grupo ejecutor de la FGEN en la distribución de drogas, práctica que se conoce como “limpia de plaza”. En ese marco tienen lugar las desapariciones masivas de 2017.”, estimó la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) como principal hipótesis de lo sucedido sin que se haya confirmado con investigaciones ministeriales.
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