Ícono del sitio La Neta Neta

Recuperan simbólicamente Viaducto Elevado Bicentenario y exigen anular peaje

Paulo Díez sostuvo que es una ilegalidad que el gobierno del Edomex extienda la concesión a la empresa Aleatica (antes OHL), cuando ya recuperaron su inversión.

Convocados por el abogado Paulo Díez Gargari, un grupo de ciudadanos “recuperaron simbólicamente” un tramo del Viaducto Elevado Bicentenario en el municipio de Naucalpan, Estado de México, y exigieron que el gobierno federal rescate la vialidad y se anule el peaje.

Este, dijo Díez, es uno de los ejemplos de la corrupción peñanietista. “Este es el monumento más grotesco a esa corrupción”, aseveró.

Díez sostuvo que es una ilegalidad que el gobierno estatal extienda la concesión a la empresa Aleatica (antes OHL), cuando ya recuperaron su inversión y siguen lucrando con un bien que no les corresponde.

“Promovimos un exhorto para que fuera la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la que recuperara la vialidad elevada que se construyó sobre un terreno federal, el cual se aprobó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios y no hemos tenido respuesta”, dijo el abogado.

Durante la manifestación del miércoles en el Viaducto Elevado, los colonos exhibieron un oficio en el cual la SCT asegura que en sus archivos no obra ningún documento o título que acredite la concesión, operación o explicación de la autopista urbana.

Sobre ello, Díez comentó en Aristegui en vivo que se busca recuperar un bien nacional, explotado de manera ilegal:

Reacciona concesionaria 

La empresa Aleatica, titular de la concesión del Viaducto Elevado, rechazó la versión del abogado Paulo Diez, e informó que el 21 de abril de 2008 el Gobierno del Estado de México, a través de su Secretaría de Comunicaciones, otorgó la concesión para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento del Viaducto Elevado Bicentenario (VB) con una vigencia inicial de 30 años.

Agregó que, “la desafortunada toma de una vía de comunicación promovida por Díez e Infraiber, además de ser una forma indebida e ilegal de buscar presionar al gobierno federal, es un intento más de tratar de imponer una agenda privada, haciéndola parecer de interés público”.




Source link

Salir de la versión móvil