La Conagua ha otorgado más de 538 mil concesiones de aguas nacionales, escriben Pedro Moctezuma Barragán y Elena Burns.
Por Pedro Moctezuma Barragán y Elena Burns
En estos días la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados decidirá qué hacer con la actual Ley de Aguas Nacionales, ahora que por fin se cumplirá con el mandato constitucional de aprobar una Ley General de Aguas. Ojalá las y los diputados escuchen la voz de sus electores, por encima del coro de poderosos beneficiarios de esta ley fallida, que predominan en el Grupo Técnico-Jurídico de esta Comisión.
Las leyes de agua han sido determinantes en la historia de México. Más recientemente, la Ley de Aguas Nacionales (LAN) formó parte del cuádruple ataque al Artículo 27 de nuestra Carta Magna en 1992, para someter el manejo soberano de nuestras tierras, bosques, minerales y aguas a los principios del libre comercio del TLCAN.
La LAN estableció a la Conagua como “autoridad del agua” sin contrapesos, encargado principalmente con la tarea de repartir concesiones. ¡Y cómo ha cumplido con la tarea! Sin medida alguna para prevenir el acaparamiento, el despojo o la violación de los derechos de pueblos indígenas y núcleos agrarios, la Conagua ha otorgado más de 538 mil concesiones de aguas nacionales, incluyendo a 15 mil millones m3/año en exceso de su disponibilidad (tres veces lo que se requeriría para el uso personal de toda la población); y 113 mil millones m3/año en violación de vedas. Más de 70% está en manos del 2% de los concesionarios, principalmente Distritos de Riego, empresas energéticas, mineras, papeleras, cerveceras, embotelladoras, azucareras, CFE y Pemex.
Cuando algún interés requiere de más agua de lo disponible, la Conagua hace los arreglos necesarios, como fue el caso con Goldcorp en Zacatecas, y como se intentó de hacer para el NAICM y ahora para el trasvase de Aguas de Barcelona en Parras; para Constellation Brands en Mexicali y para la Modelo en Apan, Hidalgo, se involucró además a los gobiernos estatales.
Según los informes de la Auditoria Superior de la Federación y los análisis de Agua para [email protected], más de 90% de los concesionarios no instalan medidores, no pagan derechos, no obtienen permisos de descarga ni respetan los límites máximos permitidos de contaminantes. Y no pasa nada, porque después de pagar el sobrecosto de las megaobras hidráulicas privatizantes del sexenio (las del NAICM, Emisor Oriente, Atotonilco, Zapotillo, el “Centro Korenfeld” en EEUU), a la Conagua “no le alcanza” para inspectores.
La incapacidad de la Conagua es intencional: su diseño institucional bajo la LAN favorece un ejercicio arbitrario de autoridad, vulnerable a presiones por los “intereses”, mientras que orilla y castiga la efervescente voluntad política de los que buscan el buen manejo del agua en defensa de la vida misma. No hay manera de “barrer desde arriba” si la escalera nos lleva a la ruina.
Foto: Moisés Pablo/ Cuartoscuro
Esto está a punto de cambiar, aunque no les guste al 0.01% que siguen abrazados con la LAN. La Constitución, la 4T, los pueblos y la ciudadanía exigen una Ley General de Aguas que siente las bases para la coparticipación ciudadana-gubernamental, con el fin de lograr una transición planificada al acceso equitativo y sustentable al agua, en un marco de respeto por los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos.
Como señal de esta nueva etapa, investigadores, pueblos y ciudadanos de todo el país entregarán una Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas con estas características a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el 4 febrero a las 10 de la mañana.