Las víctimas y familiares de la matanza de los abogados laboralistas de Atocha en 1977 han recurrido al Tribunal Constitucional para tratar de frenar in extremis la salida de prisión de uno de sus autores, Carlos García Juliá, prevista para dentro de dos semanas. Con este escrito, tratan de anular la decisión de la Audiencia Provincial de Ciudad Real de adelantar al 19 de noviembre la puesta en libertad del ultraderechista, que permaneció huido de la justicia española durante más de 25 años y que, tras su captura en Brasil, solo lleva dos años preso.
Conscientes de las dificultades que entraña un recurso ante el Constitucional y de que el tiempo juega en su contra, las víctimas y familiares del crimen que marcó la Transición española han decidido no arrojar la toalla. Aunque tengan que pelear hasta el último minuto. Después de que la justicia ordinaria haya rechazado todos sus escritos, el pasado 23 de ocubre presentaron un nuevo recurso ante el alto tribunal, al que tuvo acceso EL PAÍS, donde argumentan que durante todo este proceso se ha vulnero su derecho fundamental a una tutela judicial efectiva. Se les ha “abandonado”, insisten.
Según subraya Cristina Almeida, la abogada que representa a los afectados, al ultraderechista Carlos García Juliá, uno de los autores de la matanza de los abogados laboralistas de Atocha en 1977, se le han aplicado una serie de beneficios penitenciarios que dejan “desamparadas” a las víctimas. En opinión de Almeida, no le correspondían porque trató de fugarse de la cárcel en 1979 cuando, precisamente, aguardaba para ser juzgado por la matanza de Atocha. Ese intento frustrado de fuga, prosigue el recurso, le tendría que haber impedido redimir pena por trabajos desarrollados dentro de la prisión. Aun así, protesta, la justicia le concedió una reducción de condena antes de que lograse escapar definitivamente de España en los noventa.
Ese beneficio le ha permitido adelantar su salida de la cárcel al 19 de noviembre de 2020. García Juliá fue capturado en Brasil a finales de 2018 tras permanecer más de 25 años huido de la justicia. En febrero de 2019 fue extraditado a España e ingresó en el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid). En ese momento, el órgano judicial que lo había condenado en 1980 a 193 años de cárcel, calculó que aún tenía pendiente más de un decenio (3.854 días) entre rejas. Pero su defensa recurrió.
Tal y como admitió el abogado del ultraderechista a este periódico, decidió sacar entonces el caso de la Audiencia Nacional —“creía que en sus resoluciones pesaría más la política”, detalló— y llevarlo a la Audiencia Provincial de Ciudad Real, donde se había dictado la última sentencia contra él: tres años de cárcel por ese intento de fuga en 1979. La ley permite esta posibilidad.
De hecho, el 7 de mayo de este año, la Audiencia Provincial aceptó sus pretensiones y adelantó la salida del asesino al 19 de noviembre, justo un día antes del 20-N, aniversario de la muerte de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera. Las víctimas, que se enteraron entonces por la prensa, recurrieron. Pero este órgano denegó sus alegaciones, sin que exista la posibilidad de recurrir a una segunda instancia ordinaria. En un auto del 14 de julio, los propios magistrados reconocieron la “contradicción y perplejidad” que causa que pueda “mantener los beneficios penitenciarios obtenidos con anterioridad a su evasión”, pero fallaron que así lo marcaba la normativa vigente en ese momento.
El “abandono” que denuncian las víctimas
Cristina Almeida subraya que durante décadas, aunque estaban personadas en la causa, no se ha informado a las víctimas de ninguna decisión judicial adoptada sobre Carlos García Juliá —incluidas sus fugas de la cárcel—, pese al riesgo que entrañaba para sus vidas y al interés que podían tener. “Esta falta de consideración les ha supuesto un daño moral y sufrimiento, por verse tan abandonadas en un asunto de la mayor gravedad, que desgraciadamente no fue el único de los sufridos en la Transición por [culpa de] las fuerzas de extrema derecha”, reza el recurso presentado ante el Constitucional.
García Juliá, seguidor de Fuerza Nueva y Blas Piñar, fue uno de los pistoleros que irrumpió en la noche del 24 de enero de 1977 en el despacho laboralista de Atocha, vinculado a CC OO. Junto a José Fernández Cerrá y Fernando Lerdo de Tejada, asesinaron a Enrique Valdevira, Luis Javier Benavides, Francisco Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez Leal. También hirieron gravemente a Alejandro Ruiz-Huerta (único superviviente que queda vivo), Luis Ramos, Miguel Sarabia y María Dolores González.
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