La iniciativa ha sido rechaza por organismos internacionales de protección de derechos humanos; sin embargo, la medida también ha recibido apoyo por parte del Comité de Justicia en la Cámara de Representantes de ese país.
En Filipinas fue presentado un proyecto de ley en el que se propone reducir la edad de responsabilidad penal a nueve años.
Actualmente, es a partir de los 15 años cuando los menores pueden ser sometidos a esta clase de procesos, por lo que los defensores de los derechos de los niños han rechazado la iniciativa al señalar que estos cambios, además de violar los derechos de los niños, vulnerará a los más pobres.
Sin embargo, para el presidente Rodrigo Duterte, quien ha expresado total apoyo al proyecto, esta es la manera ideal de golpear el tráfico de drogas pues señaló que con esta medida los grupos delictivos dejarán de utilizar a los menores para cometer los crímenes, una constante en el país.
Según informó el South China Morning Post el pasado lunes, el Comité de Justicia en la Cámara de Representantes de Filipinas votó para adelantar el proyecto con el que niños y niñas de entre 9 y 14 años de edad que comentan delitos graves, como asesinato y tráfico de drogas, serán enviados a las “casas de reforma”. Sitios muy similares a las cárceles para adultos.
Organismos internacionales han rechazado la iniciativa del gobierno filipino. Tal es el caso de Human Right Watch en Filipinas, cuyo responsable Carlos Conde, señaló que con estas acciones “el gobierno filipino está un paso más cerca de poder enjuiciar a niños como si fueran adultos, un pilar fundamental de la abusiva campaña contra el crimen de Duterte”.
En tanto, el secretario general de la Alianza Salinlahi para Asuntos de los Niños de Filipinas, dijo que muchos de los menores en condición de pobreza se ven en la necesidad de cometer crímenes para sobrevivir por lo que es reprobable que, incluso con esos datos, el gobierno respalde la iniciativa.
Sin embargo, el presidente del Comité de Justicia, Salcador Leachon, elogió el proyecto que incluso ha recibido el total apoyo de la expresidenta de Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, quien lo calificó como un proceso para “proteger a los niños de ser utilizados por grupos criminales”.