Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que enviará tres reformas constitucionales al Poder Judicial, para que -entre otros objetivos- se recorte el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de toda esta rama del gobierno federal, el investigador Emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadés, advirtió sobre sus posibles consecuencias.
En entrevista para Aristegui en Vivo, el ex ministro recordó que décadas atrás el Poder Judicial “vivía en la penuria”, por lo que sus integrantes se encontraban expuestos “a muchas tentaciones”, y aunque el comportamiento de muchísimos de ellos se apegaba perféctamente a la ética, los salarios más competitivos del sector privado los hacían abandonar la función pública.
“Entonces, el presidente De la Madrid decidió hacer una inversión muy importante, y con él comenzaron a mejorar sensiblemente los recursos para el Poder Judicial. Se dijo que lo normal sería que los integrantes del Poder Judicial ganaran mejor que los integrantes del Poder Ejecutivo y Legislativo, porque su trabajo era altamente especializado y también de mucho riesgo”, explicó el doctor Valadés.
Aunque el jurista coincidió con López Obrador en la necesidad de reducir presupuestos en rubros excesivos como viáticos y dietas, consideró que la aseveración del presidente de que los salarios de los ministros de la Corte violan el Artículo 127 “es una distorsión”, pues permite que quienes realizan labores técnicas puedan tener de hasta un 50 por ciento superior al del presidente de la República.
En este sentido, alertó que, en caso de que los legisladores oficialistas y sus aliados apliquen un ‘albazo’ y aprueben una reforma que reduzca los salarios de los ministros, por ley, se tendrían que reducir los salarios de magistrados, jueces y demás integrantes del Poder Judicial, lo que podría desencadenar una oleada masiva de deserciones.
“Cualquiera de los jueces o magistrados puede ganar y el doble yéndose a las empresas privadas, o yéndose a litigar, y esto simplemente se traduciría en una merma sensible de las resoluciones judiciales que hay en este momento en el país, y que son una de las garantías para que prospere la economía”, detalló Valadés, quien también se desempeñó como procurador general de la República de México.
Consideró que otro de los resultados de esta reforma se vería reflejado en una impartición ineficiente de la justicia. “Esto afectaría las libertades, la tuya, la mía, la de todos, porque no habría juzgadores competentes para defender nuestros derechos”, advirtió durante la entrevista.
Elegir a ministros, un fracaso
Con respecto a la propuesta de que los ministros de la Suprema Corte sean nombrados por elección popular, el académico expuso el caso de Bolivia, único país donde se contempla este mecanismo de integración de un tribunal constitucional.
Durante la entrevista, Valadés destacó que, aunque son nombrados por el pueblo, no se pueden presentar a una elección de manera libre y espontánea, pues deben ser postulados por los integrantes del Congreso, “de manera que hay una primera criba que se inclina hacia intereses de partido”.
También resaltó que la participación del electorado en los comicios para ministros es sumamente baja, ya que el candidato que más obtuvo votos en una elección logró el 5 por ciento, mientras que el segundo lugar obtuvo el 3 por ciento, y el tercer lugar 2 por ciento del total del padrón.
Como resultado, consideró que “la justicia en Bolivia se ha empobrecido”, ya que está llena de demagogia, concesiones políticas y compromisos con grupos de poder”.
Presidente no dará un ‘golpe de Estado’
Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que el presidente incurra en un desacato de los mandamientos judiciales, el doctor Diego Valadés descartó dicha posibilidad, al reconocer que, aunque desde la silla presidencial ha emprendido una andanada verbal contra la Suprema Corte y el Poder Ejecutivo, ha acatado sus resoluciones.
“Mi impresión es que no hay riesgo de desacato. El desacato significaría la ruptura del orden constitucional, y a esto se le llama golpe de Estado, ya que es técnicamente el desconocimiento del ordenamiento constitucional por parte de un órgano constituido”, manifestó.
Valadés consideró que el “linchamiento” público que ha fomentado la retórica del presidente López Obrador hacia los ministros de la Corte puede ponerlos en riesgo físico y mermar el prestigio de la institución, no ve un riesgo de que desobedezca a la ley.
Prueba de esto es que, aunque la SCJN le dio revés a su Plan B, la respuesta de proponer reformas constitucionales implica un respeto por el Estado de derecho.
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