Jueces y magistrados de los Tribunales Laborales Federales, Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo y Plenos Regionales en la misma materia, advirtieron que el dictamen de reforma judicial que se analiza y se va a votar en la Cámara de Diputados incumple con las reglas del Tratado de Libre Comercio celebrado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y pone en peligro la asociación comercial entre los tres países.
En una comunicación enviada a las Mesas Directivas de las Cámaras de Diputados y Senadores, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), en coordinación con los titulares de tribunales laborales, afirmaron que “la elección de juzgadores por voto popular no abonaría al
estado de derecho ni fortalecería el Poder Judicial”.
Por el contrario, el despido masivo de casi 1,600 jueces y magistrados federales para dar cumplimiento a la reforma judicial promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador “amenazaría la histórica relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá”.
Protesta de trabajadores de la SCJN el pasado viernes (Foto: @MoraErica)
La Jufed añadió que en “un estado de derecho débil aumenta los costos y la incertidumbre en el mantenimiento y ejecución de los compromisos internacionales” como el T-MEC.
Además, consideraron que la elección por voto popular de los impartidores de justicia “pone en peligro la seguridad nacional”, debido a que el crimen organizado podría aprovechar la reforma para “irrumpir en el Poder Judicial de la Federación”, por lo que los jueces y magistrados reiteraron su llamados a todas las fuerzas políticas, incluyendo a Morena y sus aliados en San Lázaro y el Senado a “buscar otras alternativas de reforma (judicial) que permitan a México continuar “el progreso democrático y económico de nuestra nación”.
En su carta de cinco cuartillas, la Jufed destaca que el T-MEC ha provocado que México y Estados Unidos sostengan “una estrecha relación” que ha dado pauta a la construcción de una agenda vinculada en materia “política, económica, comercial, ambiental, energética y de seguridad de de migración”; por lo que México y Estados Unidos ya se consideran “socios comerciales estratégicos”.
Por lo tanto, el T-MEC implica la interacción de las leyes de Estados Unidos con las de México, así como con otros instrumentos de derecho internacional público, incluidos los tratados bilaterales y los acuerdos regionales de comercio, por lo que se requieren que las leyes y normas mexicanas aplicables “sean compatibles y se integren óptimamente” con los compromisos que México ha adquirido a nivel internacional.
Uno de esos compromisos es el principio de independencia judicial para resolver controversias comerciales y otros litigios relacionados con “el derecho económico internacional” en materias sensibles como el medio ambiente, el combate a la corrupción, los derechos laborales y la propiedad intelectual”.
En su análisis legal, la Jufed recordó que tras la entrada en vigor del T-MEC el 1 de enero del 2019, hubo un mandato trilateral para crear tribunales laborales independientes e imparciales; los cuales comenzaron a operar de forma paulatina en julio del 2020 con la obligación de impartir justicia de manera imparcial e independiente.
Fue hasta noviembre del 2023, hace poco más de un año, que los nuevos tribunales en materia de justicia laboral comenzaron a funcionar en todo el país, logro que con la nueva reforma judicial sufrirá un retroceso en materia de capacitación y especialización.
“La reforma judicial provocará un retraso considerable en la profesionalización de la impartición de justicia especializada, como lo es la laboral, más aún cuando se está en la implementación del “nuevo sistema de justicia laboral” que inició en 2019”, advirtió la Jufed.
La iniciativa de reforma judicial presentada por el titular del Poder Ejecutivo, al pretender establecer la elección en las urnas de jueces, magistrados y ministros de la SCJN, violenta e incumple el anexo 23 del T-MEC, por cuanto hace al compromiso de establecer y mantener tribunales independientes para la resolución de controversias laborales”.
Por último, los jueces y magistrados federales también destacaron que la elección por voto popular de los cargos de impartición de justicia “transgrede las obligaciones pactadas en los capítulos 14 y 27 relacionados con inversiones y políticas anticorrupción” del T-MEC, y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por México para “garantizar la independencia de tribunales especializados en materia laboral, sino la de todos los órganos jurisdiccionales que conozcan de juicios que involucren intereses de inversionistas extranjeros”.
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