Un grupo de 65 personas juzgadoras presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de la reforma judicial mexicana, en un contexto en el que, según explicó el abogado Zamir Andrés Fajardo Morales, “quedó claro que el Estado mexicano no iba a permitir una revisión de la reforma en el derecho interno”.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, el representante común de las y los juzgadores señaló que la vía internacional se activó tras el cierre de los mecanismos internos. “La jurisdicción internacional tiene competencia subsidiaria”, explicó, pero en este caso “el Estado mexicano se dedicó justo a impedir deliberadamente que hubiera cualquier pronunciamiento, lo que abrió la puerta de manera amplia a la jurisdicción internacional”.
Fajardo Morales detalló que la CIDH ya notificó al Estado mexicano y estableció un plazo máximo de cuatro meses para responder. Además, la Comisión analiza dar prioridad al caso y contempla una posible solución amistosa.
Según el abogado, en la petición se incluyeron “las motivaciones públicamente declaradas por el oficialismo”, así como “el proceso legislativo seguido para llegar a esta reforma sin una deliberación, sin respecto a las reglas democráticas”.
También se planteó que el contenido de la reforma es “abiertamente violatorio de derechos humanos”, con énfasis en la afectación a la carrera judicial.
Uno de los ejes centrales del recurso es la desarticulación de la carrera judicial. Fajardo Morales subrayó la experiencia acumulada de las personas afectadas: “Estas personas juzgadoras en promedio tenían 27 años de carrera judicial”.
En conjunto, añadió, esto representa una pérdida significativa: “Y si sumáramos la experiencia acumulada de todas estas personas, tendríamos en el bote de la basura 1,723 años de carrera judicial de este grupo de 65 víctimas, que si lo extrapolamos al total de 1,700 personas juzgadoras nos dan decenas de miles de años de experiencia judicial tirados a la basura”.
Posibilidad de un trámite acelerado
El equipo legal solicitó que la CIDH acumule el análisis de admisibilidad y fondo del caso, debido a las condiciones en que se presentó. “El Estado mexicano se ha dedicado a bloquear los mecanismos internos”, lo que implica violaciones al acceso a la justicia.
“Dado que el Estado no ha permitido que haya justicia y esa es una violación adicional, esto abre la puerta para que se pueda pronunciar la Comisión Interamericana en un solo informe”, explicó.
Asimismo, se busca que el caso sea priorizado por su impacto estructural. Entre los argumentos, destacó la gravedad para el sistema democrático y la presencia de víctimas de mayor edad, lo que encuadra en los criterios del reglamento de la CIDH.
“Las cuestiones estructurales implicadas están muy acreditadas. En esta misma semana, en los últimos días, hemos visto cómo México, bajo observatorios internacionales, pasa de ser una democracia a una autocracia electoral, y eso no es menor. Como ustedes lo vieron, la universidad que hace este estudio determinó que parte de la razón por la que México ya no es una democracia es la reforma judicial”, señaló.
Una vez que el Estado mexicano responda, se abrirán distintos escenarios. “El Estado podría defenderse y plantear argumentos, excepciones (…) o podría simplemente reconocer, o podría abrirse una solución amistosa”, indicó.
Con base en ello, la Comisión decidirá si otorga el trámite prioritario y si emite un informe de fondo que determine posibles violaciones y reparaciones.
Fajardo Morales advirtió que, de no haber cambios, el caso podría escalar a una condena internacional. En el sistema interamericano sería a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Señaló que el mejor escenario sería que el gobierno “ponga pausa a la implementación de la reforma para sentarse a discutir sobre cómo remediar lo que ya se dañó”.
De lo contrario, anticipó que “esto va a continuar como un debate internacional en el que se condenaría al Estado mexicano por violar derechos humanos”, lo que incluso podría derivar en órdenes para modificar la Constitución, como ya ha ocurrido en casos que han llegado hasta la Corte IDH.
Sobre la imposibilidad de impugnar la reforma a nivel interno, el abogado explicó que esto no limita la revisión internacional. “A nivel internacional la Constitución es un acto del Estado que es susceptible de ser revisado y calificado como violatorio de los tratados internacionales”.
En ese sentido, sostuvo que el cierre de los mecanismos internos refuerza la competencia de los organismos internacionales. “Justo por esa misma actitud del Estado es que los organismos internacionales tienen las manos desatadas para poder someter a la jurisdicción internacional al Estado mexicano”.
El abogado concluyó que el proceso en curso trasciende el ámbito jurídico. “Más que litigio se juega la estabilidad institucional del país”, afirmó, al tiempo que llamó a una respuesta transparente, “racional y democrática” por parte del Estado mexicano.