Alejandro Melgoza Rocha
Cuando el doctor Frank F. Tylecote descubrió las primeras evidencias cancerígenas provocadas por el tabaco y las publicó en la revista científica The Lancet, en 1925, la industria tabacalera emprendió una estrategia publicitaria para contrarrestar el hallazgo: promocionó el estilo de vida del fumador como algo positivo a través de revistas, películas, deportistas e, incluso, durante momentos bélicos como la Segunda Guerra Mundial. También inició el cabildeo con funcionarios públicos.
Este aparato de difusión impactó en todos los países donde ya tenían sedes, entre ellos México: British American Tobacco (BAT) instaló sus primeras fábricas en 1923 en la Ciudad de México, Irapuato y Monterrey.
Los descubrimientos de que el tabaco es nocivo para la salud continuaron y la industria propuso paliativos para supuestamente reducir el daño: uso de filtros, disminución de nicotina y alquitrán, y productos light. Pero nada que parara los efectos negativos.
Casi un siglo después, la estrategia de las tabacaleras no ha cambiado y esas acciones, ahora denominadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “interferencias”, aparecen cuando se discuten regulaciones al tabaco en los congresos de cada país. Ahora también las realizan de manera sofisticada, mediante las redes sociales y una red de influencers que llegan a audiencias jóvenes.
“Desde que se descubrió que el cigarro era nocivo para la salud, la industria se ha dedicado a hacer su campaña fundamental de desmitificar una situación innegable”, dijo en entrevista la doctora Miryam Reynales, jefa de investigación en el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).
El último ejemplo en el país son las acciones de la industria después de que la Cámara de Diputados retomara las reformas legales entre octubre y noviembre del año pasado sobre las prohibiciones en la publicidad; repensar los puntos de venta para que los jóvenes no adquieran cigarros; el uso de saborizantes; los espacios 100% libres de humo y el empaquetado neutro de las cajetillas. Todas estas reformas están pendientes en la Ley General para el Control del Tabaco (LGCT) y fueron recomendadas por la OMS.
Los aliados y voceros de la industria tabacalera han utilizado diversos mecanismos de interferencia, como publicidad que fomenta el consumo e interacciones innecesarias con funcionarios públicos, de acuerdo con expertos consultados.
Un análisis realizado por Ethos sobre la ruta que han seguido las últimas iniciativas en la Cámara de Diputados, propuestas por el legislador por el Partido del Trabajo Manuel Huerta y la morenista Carmen Medel, dejan nuevamente un balance incierto sobre las regulaciones del tabaco y sus afectaciones a la salud pública.
Si bien este órgano envió al Senado una minuta en materia regulatoria, lo cierto es que la iniciativa de reforma se encuentra incompleta, pues sólo regula los espacios 100% libres de humo y emisiones, y la prohibición completa de publicidad. Además, la interferencia de la industria logró demorar lo suficiente su aprobación en la Cámara Baja, por lo que ya no alcanzará a ser aprobada en esta legislatura (que termina el 31 de agosto), a decir de los entrevistados.
“Sabemos que hubo mucha presión de la industria tabacalera con el Ejecutivo federal y también con diversas secretarías de Estado que estuvieron presentes: quisieron detener la discusión del tema. No solo fue por la fuerte interferencia de la industria, sino por la falta de voluntad política para aceptar el reto y legislar a favor de la salud de los mexicanos”, explicó en entrevista la diputada Carmen Medel, presidenta de la Comisión de Salud.
“Fueron bastantes golpeteos álgidos (de la industria tabacalera) por los 12 años que no se había tocado el tema, no se le había movido ni una coma (a la ley que fue aprobada en ese momento). De hecho, al final de esta legislatura de la Cámara de Diputados pasó como fast-track después de que pensamos que quedaría olvidada (…) Además, no pasó como hubiéramos querido, más completa, por resultado del golpeteo”, dijo en entrevista el diputado Manuel Huerta.
“Ha habido toda una estrategia de la industria tabacalera y consideramos que en México se da con la intención de trabar esta propuesta de (reforma de) ley (…) Desde hace 12 años no hubo mayor implementación del Convenio Marco —un tratado internacional del cual México forma parte—”, dijo el doctor Miguel Malo, asesor de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en México, y quien apoyó en las iniciativas de ley.
Así como hace casi un siglo con el descubrimiento del científico Tylecote sobre los efectos cancerígenos del cigarro, o hace poco más de una década, cuando nació a contracorriente la denominada “ley antitabaco” en México, nuevamente la industria tabacalera da una serie de coletazos frente a esta problemática, la cual deja un saldo de 140 fallecidos diariamente en promedio —63 mil 200 por año—, y tiene un costo de aproximadamente 116 mil millones de pesos al sector salud, según datos del INSP.
Al cierre de edición, fueron solicitadas las posturas de senadores integrantes de la Comisión de Salud como Martha Márquez, Martha Lucía Micher y Américo Villareal, además de Ricardo Monreal y Kenia López, coordinador de Morena y vicecoordinadora de Acción Nacional, sin respuesta. Por lo tanto, se desconoce cómo ha caminado la iniciativa en el Senado. También se envió un cuestionario a la empresa PMI México, sin obtener alguna respuesta al cierre de edición.
Interferencias, un legado
La propuesta legislativa de la diputada Carmen Medel, con el apoyo de la oficina de la OMS, fue presentada el 23 de septiembre de 2020, la cual fue retirada; luego el 27 de octubre se presentó la segunda versión, pero nuevamente no pasó; la tercera propuesta llegó el 19 de noviembre. Todas estas fueron turnadas a la Comisión de Economía, donde poco a poco se fueron frenando, ya que incluían cinco medidas faltantes en México desde hace 12 años.
En el mismo mes, la empresa PMI anunció el lanzamiento de la campaña “Adiós: elige el cambio”, cuya leyenda está en las cajetillas para despedir al emblemático vaquero que lo acompañó en su publicidad. Esta campaña publicitaria consiste supuestamente en la “eliminación” del cigarro para sustituirlo con su dispositivo de tabaco calentado, llamado IQOS. De acuerdo con Philip Morris México, en el país han transitado unas 26 mil personas del cigarro tradicional al dispositivo IQOS, sin que determinen en sus cifras el periodo u otros detalles. También se solicitó esta cifra a PMI México, sin respuesta.
“Queremos tener un impacto positivo en los 15 millones de fumadores en el país. Por ello, hemos decidido abrir paso a la ciencia e innovación a través de productos revolucionarios como IQOS, y alcanzar un futuro libre de humo en el país como parte de nuestros objetivos para 2030”, dijo en un comunicado Andrzej Dabrowski, titular de Philip Morris México.
Sobre la declaración anterior, el doctor Malo explicó que la estrategia publicitaria de BAT y PMI para promover sus dispositivos que supuestamente reducen riesgos de fumar fue “cínica” y con “sesgo”, ya que “todas las investigaciones que hablan de esta reducción de riesgo son financiadas por la industria”.
De acuerdo con los expertos que conforman la organización Salud Justa, además de esta campaña que se acompañó de influencers que utilizaban los dispositivos electrónicos, una de las interferencias más relevantes fue la del 21 de marzo de 2021, cuando el diputado del PRI Fernando Galindo convocó a organizaciones, empresarios, cámaras y productores de tabaco al parlamento abierto Análisis de las Diversas Iniciativas que Reforman y Adicionan Artículos de la Ley General para el Control del Tabaco, organizado por la Comisión de Economía. La OMS establece en el “Convenio Marco para el Control del Tabaco”que cuando se trate de la formulación de la política de salud pública, se deben evitar las reuniones innecesarias entre la industria y funcionarios tomadores de decisiones.
Ante ello, Salud Justa y otras instituciones acusaron al diputado de violar el artículo 5.3 de dicho convenio. No solo eso, sino que los expertos a favor de la regulación del tabaco fueron invitados unas horas antes al parlamento, lo que evitó que en este foro existieran posiciones sobre el daño ocasionado a la salud por el tabaco.
Galindo es el presidente de la Comisión de Economía y fue desde esta tribuna, de acuerdo con Malo, Medel y Huerta, que se permitió y propició la interferencia en el proceso de las iniciativas.
“Hubo mucho escándalo con la Comisión de Economía, sabemos que son los intereses de las tabacaleras los que están ahí, y que la gente llega a cabildear”, criticó el congresista Huerta.
Al respecto, el diputado Galindo respondió: “En mi actividad legislativa no tuve el dictado de ninguna industria, siempre privilegié escuchar a todos los actores involucrados y posibles afectados en las iniciativas propuestas por mis compañeros legisladores, a fin de llegar a consensos que permitieran la corrección, actualización y perfectibilidad de éstas (…) Reitero que la salud es un derecho fundamental de todos los mexicanos; sin embargo, habría que considerar también las afectaciones económicas de las iniciativas de ley presentadas”.
Debido a que se estaban entrampando las iniciativas de Medel y otros congresistas en la Comisión de Economía, se planteó como estrategia una iniciativa que solo contemplaba espacios libres de humo y publicidad, para que saliera a través de la Comisión de Salud, aunque esta fuera light. El dictamen se votó en el pleno y se aprobó por unanimidad el 28 de abril. Cabe resaltar que el dictamen estuvo en las manos de la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política desde el 25 de marzo.
“La interferencia de la industria estuvo en todo momento: desde que presenté la iniciativa hubo problemas, tuve que retirarla y presentarla tres veces; posteriormente, aunque el proyecto de dictamen estaba en puerta, la Comisión de Economía hizo todo para alargar el trámite y no impulsar la discusión y dictaminación”, dijo Medel.
“La Comisión de Economía jugó el papel de defensora de la industria, tanto su presidente como integrantes de la comisión defendieron abiertamente los intereses de la industria”, dijo en entrevista Adriana Rocha, directora de la consultora Polithink, especializada en temas de salud pública.
A su vez, las organizaciones que participaron en el parlamento fueron la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales A.C. y la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes.
También el Comité de Derechos de Propiedad Intelectual de la American Chamber of Commerce of México, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, Pro-Vapeo México A.C y la Asociación Mexicana de Puros.
Si bien estas asociaciones no están vinculadas legalmente a las tabacaleras, lo cierto es que los intereses de estas, reflejadas durante sus participaciones públicas, coinciden con los de la industria; por ejemplo, ambas han señalado el aumento del comercio ilegal como un efecto de aplicar las regulaciones. Este discurso ha aparecido desde 2010 a través de la dirección de British American Tobacco, de acuerdo con una investigación publicada por Ethos en octubre del 2020.
Por ejemplo, la American Chamber of Commerce of México señaló el pasado 26 de marzo, a través de su titular, Víctor Ramírez Landeros, que “prohibir la exhibición permitirá el crecimiento del mercado ilegal que está integrado por más de 260 marcas ilegales que producen 7 mil 200 millones de cigarros al año, y afectaría a las marcas establecidas, al consumidor y los establecimientos”. No es la primera vez que expresa esta hipótesis, también en 2020 participó en un foro de Contrabando y Piratería, junto a Gastón Zambrano, director legal y de asuntos corporativos para Latinoamérica de British American Tobacco.
De acuerdo con los entrevistados, estas asociaciones y cámaras han funcionado como una suerte de grupos fachada que defienden las posiciones de la industria en los foros organizados.
“La Comisión de Economía les abrió la puerta (a la industria y asociaciones) para que tuvieran esa capacidad de exponer sus puntos y detener el dictamen. El diputado Fernando Galindo en conjunto con el resto de los diputados del PRI, funcionaron como los albaceas de la industria tabacalera”, señaló Rocha.
“Estuvieron presentes agrupaciones que funcionan como grupos fachada de la industria tabacalera como cámaras de comercio”, dijo en entrevista Inti Barrientos, investigador del INSP, y agregó que la iniciativa de Medel se paró por estas asociaciones.
Ethos documentó en una investigación publicada en octubre de 2020 cómo algunas de estas asociaciones —como la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales A.C. y la Alianza Nacional de Pequeños Comerciante— se han pronunciado en contra de regulaciones al tabaco en diferentes etapas legislativas, como la de hace 12 años cuando nació la Ley General para el Control del Tabaco.
Ante los señalamientos de los especialistas, Galindo respondió: “No tengo ninguna cercanía con la Industria del Tabaco, y quiero puntualizar que las decisiones que se tomaron en la Comisión de Economía en todo momento fueron colegiadas y no dependieron de la opinión de un solo legislador”.
De acuerdo con el Índice de la Interferencia de la Industria Tabacalera en América Latina, elaborado el año pasado por Corporate Accountability, la iniciativa STOP y organizaciones de nueve países, México es uno de los gobiernos con mayor interacción innecesaria con la industria tabacalera, donde obtuvo un puntaje de nueve de 14.
Al respecto Jorge Cárdenas, representante de la iniciativa STOP en México y asesor en control de tabaco para América Latina de la Unión Internacional Contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias, lamenta que en el Congreso exista una regulación débil en materia de cabildeo, ya que permite la influencia negativa de grupos empresariales con claros conflictos de interés sobre el tema a legislar.
“Es como si se buscara legislar a favor de los derechos de los niños y se le permitiera la entrada a pederastas para saber su opinión de expertos en los derechos de los niños. Esto mismo sucede en México en el tema de salud, cuando legisladores apoyan la participación de las tabacaleras y otros grupos empresariales en el debate legislativo”, señaló.
Camino a congelar
Cuando en abril de este año se preparaba la discusión de las iniciativas de Medel y Huerta, se difundió en los medios de comunicación una investigación sobre la presencia del denominado “Cártel del Tabaco”, un brazo que supuestamente sirve al Cártel Jalisco Nueva Generación. Dicha información ya había sido publicada en octubre de 2018.
Una campaña similar había utilizado BAT en septiembre del 2011, justo cuando también se estaban discutiendo regulaciones al tabaco.
“En seguimiento a esa campaña de transición (del cigarro al dispositivo electrónico), lanzaron otra muy fuerte, ‘Tenemos que hablar’, la cual promueve la discusión de cómo tienen que permitirse la venta de estos productos; y a la par de esa campaña incrementaron mucho más la aparición de artículos relacionados al Cártel del Tabaco”, dijo Rocha.
“Activaron muy fuerte sus asociaciones pro-vapeo y a todos los influencers. Hay una campaña muy importante”, acusó Miguel Ángel Toscano, titular de la organización Refleacciona.
Mientras los medios señalaban en sus notas el contrabando del tabaco y olvidaban las discusiones legislativas, durante abril y mayo la organización Salud Justa —la cual colabora con expertos del INSP, OMS y otros organismos— siguió con foros y reuniones en el Congreso para convencer a los legisladores de la importancia de primar la salud pública sobre el consumo de tabaco.
Después de tropiezos y de que se atascaron otras iniciativas más completas en la Comisión de Economía, Medel y Huerta optaron, como táctica legislativa, por empujar un dictamen —con menos reformas— a través de la Comisión de Salud, la cual fue aprobada el 28 de abril en la Cámara de Diputados con 415 votos a favor, dos abstenciones, y ninguno en contra. Sin embargo, el avance solo fue en materia de espacios libres 100% de humo y prohibición de la publicidad. No se incluyó nada sobre prohibiciones del punto de venta, del uso de saborizantes en el tabaco (un canal de la actual estrategia de la industria tabacalera) y empaquetado neutro de las cajetillas.
A pesar de ser una “reforma limitada” y “descafeinada”, también fue aplaudida por la OMS y considerada por las organizaciones en el Informe XVI de la sociedad civil sobre políticas públicas para el control del tabaco como “un arduo trabajo” de los diputados Huerta y Medel. También fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas en México: “La aprobación del dictamen en el pleno de la Cámara de Diputados consolida una intensa lucha de muchos años”.
“Algo que le ha jugado en contra al control del tabaco de los productos tradicionales ha sido forzar la aprobación de nuevos productos, particularmente los vapeadores, y han metido este argumento como parte del proceso de la negociación”, recordó Reynales del INSP.
Esto contrasta con los avances globales. Por ejemplo, en Brasil, el Tribunal Regional Federal de la Primera Región dictaminó el pasado 2 de febrero por unanimidad que la Agencia Brasileña de Regulación Sanitaria tiene la potestad de prohibir el uso de saborizantes y aditivos en los productos de tabaco.
Otro ejemplo es el de espacios libres de humo, pues más de una veintena de países en América Latina ya aprobaron esta medida entre 2008 y 2021. El más reciente es Paraguay, mediante un decreto presidencial emitido el pasado diciembre de 2020.
“Con esto México se va a emparejar un poco, porque a nivel continental era uno de los países más atrasados por los aspectos de publicidad y que se puede fumar en espacios cerrados”, dijo Toscano, quien refiere que todavía falta la batalla en el Senado.
Rezago mortífero
La organización Salud Justa considera que hay 13 años de rezago en la aprobación de estas reformas, las cuales hoy son más urgentes ante la pandemia de Covid-19, pues el consumo de tabaco es una de las principales comorbilidades asociadas a la enfermedad: representa hasta el momento 7.5% de las defunciones, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud federal con corte al 17 de agosto.
Para la doctora Reynales tanto el tabaco tradicional o el calentado a través de dispositivos terminan afectando la salud de las personas.
“Todas las sustancias estabilizadoras que se utilizan, como el amoniaco y otros aditivos, terminan siendo los componentes carcinogénicos que causan daño a la salud cuando son combustionados y llevados al aparato respiratorio (…) Ahora se han inventado calentar el tabaco a alta presión (…), pero la nicotina sigue siendo inestable, aunque la calientes de todos modos tiene aditivos”, aseguró.
Además, los estudios financiados por la industria, como el que argumentaba que la nicotina protegía contra el Covid-19, no han sido revisados por pares, una condición para que estos se acepten entre la comunidad científica.
Pero como en 1935 —cuando se difundió la investigación de The Lancet— la industria tabacalera, lejos de actuar en pro de la salud pública, está reacomodando su estrategia con una transición al tabaco calentado con dispositivos electrónicos y otros para vapear.
“Toda la vida ha sido el mismo discurso de ‘yo sé que tengo un producto que mata, pero hago como que no’”, dijo Reynales.
La votación de abril pasado en la Cámara de Diputados fue un avance, que llega 12 años después de que los investigadores y especialistas insistieran sobre su necesidad en diferentes foros. Ahora la verdadera pelea será en el Senado, donde tanto organizaciones civiles como científicos están esperanzados en que la aprobación del dictamen sea unánime, aunque se encuentre “descafeinado”.
“Por el bien de las niñas y niños mexicanos, espero una pronta dictaminación en sentido positivo, no podemos permitir que esta terrible industria enferme a las generaciones más jóvenes de nuestro país”, dijo Medel.
“No pierdo esperanza que la propuesta en el Senado se discuta y apruebe (…) Todavía tenemos que renovar una buena parte de la ley para cumplir los compromisos de México y posteriormente discutir la parte de nuevos productos”, concluyó Inti Barrientos, investigador del INSP.
*Este reportaje contó con la coordinación general de Yahir Acosta y Silvia Márquez, así como el apoyo de Sebastián Guzmán y Maura Arzate. Edición: Mael Vallejo
*Este documento ha sido elaborado con la ayuda de una subvención de STOP, un organismo de control de la industria tabacalera mundial, financiado por Bloomberg Philanthropies y se compone de una asociación entre el Grupo de Investigación de Control del Tabaco de la Universidad de Bath, el Centro Global para la Buena Gobernanza del Tabaco. Control (GGTC), la Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Pulmonares (La Unión) y Vital Strategies. El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva de los autores y en ningún caso puede considerarse que refleja las posiciones de STOP ni las de los donantes.
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