La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la aprobación de las reformas a la Constitución Política de Nicaragua que modifican más de cien artículos. Estas reformas, aprobadas por la Asamblea Nacional el 22 de noviembre de 2024, consolidan un régimen autoritario en el país y constituyen otro grave retroceso para los derechos humanos y los principios democráticos, afirmó la organización internacional.
Entre los cambios más preocupantes, las reformas establecen un modelo de “democracia directa” que centraliza el poder en la Presidencia de la República, ahora encabezada por un Copresidente y una Copresidenta con mandatos de seis años. Este modelo elimina el principio de separación de poderes, subordinando aún más los órganos legislativo, judicial y electoral al control del Ejecutivo.
Además, otorga al Poder Ejecutivo poderes discrecionales para destituir a funcionarios públicos que no se alineen con los “principios fundamentales” trazados en la Constitución reformada.
Adicionalmente, las reformas refuerzan el control del Ejecutivo sobre las fuerzas armadas y la policía, asegurando un aparato represivo que atenta contra derechos fundamentales como la libertad de expresión, protesta y asociación.
En particular, facilita el uso de los militares bajo términos ambiguos como “la estabilidad de la República” para reprimir a la oposición. Asimismo, se oficializa la Policía Voluntaria, un cuerpo auxiliar integrado por ciudadanos voluntarios, cuya actuación ha sido vinculada a actos represivos desde que iniciaron las protestas en 2018. Estas medidas consolidan un ambiente de militarización y control social, profundizando la capacidad del régimen para sofocar cualquier disidencia.
Otros aspectos preocupantes de las reformas incluyen la reducción de la composición y la alteración de las funciones de la Corte Suprema de Justicia, profundizando aún más su falta de independencia. Las reformas también amplían las facultades del Ejecutivo para despojar arbitrariamente a los nicaragüenses de su nacionalidad y, al mismo tiempo, confiscar sus bienes. Esta práctica ha sido utilizada como herramienta de persecución política.
La CIDH afirmó que estas modificaciones contravienen los principios fundamentales del Estado de derecho, la democracia representativa y la separación de poderes establecidos en la Carta Democrática Interamericana.
Las reformas formalizan la concentración absoluta del poder en el Ejecutivo. Un proceso ampliamente documentado por la CIDH en su informe Concentración de poder y debilitamiento del Estado de derecho, en el que se identificó el quiebre de los principios democráticos y la subordinación de todas las instituciones públicas desde la crisis de derechos humanos de 2018.
La CIDH recuerda que la relación entre los derechos humanos, el Estado de derecho y la democracia está consagrada en la Carta Democrática Interamericana, que establece que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”. La democracia representativa es la base del Estado de derecho y constituye un elemento esencial para el desarrollo político, social y económico de las naciones de la región.
En este contexto, la CIDH hace un llamado urgente a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para promover el restablecimiento de la democracia en Nicaragua. Asimismo, insta a adoptar medidas coordinadas y efectivas para proteger los derechos fundamentales del pueblo nicaragüense y salvaguardar los principios democráticos en la región.
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