El regreso y la nueva solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya al gobierno de Sinaloa provocó una reacción política que dejó al gobernador con un margen de maniobra reducido, coincidieron los periodistas Ismael Bojórquez, director y fundador de Ríodoce; Peniley Ramírez, periodista de investigación, y Adrián López Ortiz, director de Noroeste, durante una mesa en Aristegui en Vivo.
Bojórquez señaló que la suspensión, hasta nuevo aviso, de la sesión del Congreso de Sinaloa en la que se esperaba avanzar en la definición de quién sustituirá a Rocha Moya durante el periodo restante de su administración refleja la disputa política en torno a la sucesión. La reunión fue pospuesta mientras se mantiene abierta la discusión sobre quién deberá asumir la gubernatura.
El director de Ríodoce señaló que, una vez designada la persona que sustituirá al gobernador, esta debería permanecer hasta el término del actual periodo constitucional, previsto para el 1 de noviembre del próximo año.
Describió el momento político que atraviesa Sinaloa como uno de los más complejos de las últimas décadas. “Yo estaba comentando hace días que desde la Revolución Mexicana, Sinaloa no se convulsionaba tanto políticamente como se está convulsionando ahora”, dijo.
Sobre la reacción de distintos actores políticos después del regreso de Rocha Moya el pasado viernes, señaló que “había una línea desde la Presidencia de la República para darle la espalda a Rocha, frenarlo, y de una forma muy clara, pedirle que recapacitara y que diera marcha atrás”, sostuvo.
El periodista consideró que el gobierno de México podría optar por investigar y juzgar en territorio nacional a Rocha Moya, así como a los otros nueve funcionarios señalados por autoridades de EE.UU., en lugar de proceder a su extradición.
“Me parece que esta decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum, de dejar solo a Rocha y luego exigir que se saliera del gobierno para dar la posibilidad de un nuevo gobernador o gobernadora tiene que ver con la posibilidad ya de que Rocha ahora sí, y los que estén implicados y que no están en la acusación gringa, pero que también están implicados, sean juzgados aquí en México”, afirmó.
Por su parte la periodista Peniley Ramírez cuestionó la relevancia política de que Sheinbaum haya señalado que desconocía el regreso de Rocha Moya al gobierno estatal. Recordó que López Obrador sostenía durante su administración que en México no ocurría ningún movimiento político relevante sin conocimiento del presidente.
Consideró que existe una dimensión política y bilateral en las decisiones adoptadas por el gobierno de Donald Trump, pero subrayó que el reconocimiento público de Sheinbaum sobre su falta de información resulta relevante frente a la tradición presidencial mexicana.
“Y lo que me parece muy relevante y lo más noticioso que veo, por lo menos en este momento, es que son dos dos crisis políticas que coinciden y que las dos afectan a personajes cercanos a López Obrador”, afirmó.
La otra crisis corresponde al retiro de la visa a Andrés Manuel López Beltrán por parte de Estados Unidos y a las revelaciones periodísticas sobre los indicios que lo relacionarían con una investigación sobre el huachicol fiscal.
Sobre el gobernador con licencia de Sinaloa, destacó la admisión por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la presidenta Sheinbaum de que “México tiene sus propias investigaciones sobre Rocha y no se trata solamente de la relación bilateral y el pedido de Estados Unidos”.
“Me parece muy importante que la presidenta Sheinbaum no solamente confirma que hay una investigación, lo cual ya habíamos publicado desde hace mucho, pero yo no había escuchado que ella lo dijera con esta claridad”, afirmó.
En tanto, el periodista Adrián López Ortiz consideró que el regreso de Rocha Moya al Palacio de Gobierno de Sinaloa debe analizarse también a partir de la detención de Fausto Corrales, una figura relevante dentro de la trama relacionada con el secuestro de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y el homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén.
En ese sentido, sostuvo que Rocha Moya tomó personalmente la decisión de regresar al gobierno al no haber interpretado adecuadamente el momento político. Consideró que los 112 días que permaneció gobernando desde su domicilio pudieron modificar su percepción sobre el clima político que enfrentaba.
También relacionó la decisión de Rocha Moya con la salida de prisión en Estados Unidos del exsecretario de Seguridad sinaloense, Gerardo Mérida Sánchez, lo que sería una señal de su colaboración con la justicia de ese país en el caso que involucra al gobernador con licencia.
Sobre la suspensión de la sesión del Congreso de Sinaloa, López Ortiz consideró que la decisión constituye una señal de que el grupo cercano a Rocha Moya ya no tiene la misma capacidad para definir quién ocupará la gubernatura durante el periodo restante. “No lo doy por hecho, porque Sinaloa todos los días puede dar una sorpresa”, dijo.
Sin embargo, sostuvo que el hecho de que no exista una resolución definitiva en el caso en México ha contribuido a la crisis política que enfrenta actualmente Sinaloa.
El director de Noroeste señaló que la disputa política ocurre mientras continúa la violencia en el estado. Indicó que la semana cerró con 40 homicidios y que entre las víctimas hubo menores de edad.
Sostuvo que, más allá de la disputa política por la sucesión, Sinaloa enfrenta una situación de violencia que requiere una autoridad que asuma su conducción. Señaló que la estrategia de contención federal no ha impedido que se mantenga un promedio de alrededor de 40 homicidios por semana. “¿Quién se va a hacer cargo de Sinaloa? Esa es la pregunta”, concluyó.