El Reino Unido se encamina hacia unas elecciones el próximo 12 de diciembre en las que los británicos decidirán la composición del Gobierno que se encargará de dirigir el desenlace del tortuoso proceso del “brexit”.
La Cámara de los Comunes respaldó este martes el adelanto electoral que buscaba el primer ministro, el conservador Boris Johnson, que parte con ventaja en las encuestas y tratará de recuperar la mayoría parlamentaria para ratificar el acuerdo de salida que ha pactado con la Unión Europea (UE).
Aunque la propuesta todavía debe pasar por la Cámara de los Lores, se espera que supere todos los trámites y reciba el asentimiento de la reina Isabel II antes del 6 de noviembre, cuando el Parlamento debe quedar disuelto para cumplir con los plazos que marca la legislación electoral.
El Partido Laborista, que ha dudado durante semanas si respaldar unos comicios, se sumó finalmente al resto de las principales fuerzas de la oposición y apoyó la llamada a las urnas, a pesar de que algunos de sus diputados habían expresado reservas sobre ese plan.
Estas serán las terceras elecciones generales en menos de cinco años en el Reino Unido y las primeras que se celebrarán en pleno invierno desde 1923, en un país que suele convocar sus votaciones en mayo o junio para que el buen tiempo favorezca la participación.
La posición de partida favorece a Johnson, que según un sondeo publicado esta semana por la firma YouGov obtendría el 36% de los votos, frente al 23% de los laboristas, el 18% de los liberaldemócratas y el 12% del Partido del Brexit.
Con el país en una encrucijada política sin precedentes en las últimas décadas, la campaña electoral se prevé sin embargo disputada y compleja.
El eurófobo Partido del Brexit amenaza con restarle terreno a los conservadores con el mensaje de que dos primeros ministros “tories” consecutivos han sido incapaces hasta ahora de cumplir con el mandato del referéndum de junio de 2016, en el que el 51.9% de los votantes optó por el “brexit”.
Johnson, por su parte, tratará de aglutinar el voto de los partidarios de la salida de la UE con el compromiso de ratificar un acuerdo en el Parlamento y materializar la ruptura el 31 de enero, al término de la última prórroga que ha concedido Bruselas, sin permitir más extensiones.
“Los retrasos están comenzando a dañar seriamente los intereses nacionales. Las familias y las empresas no pueden hacer planes y el clima de incertidumbre está corroyendo la confianza en la política”, sostuvo el jefe de Gobierno durante el debate del martes en el Parlamento.
El primer ministro ha insistido desde que llegó al poder, el pasado julio, en que no retrasaría bajo ninguna circunstancia la salida más allá de octubre y llegó a decir que preferiría estar “muerto en una zanja” antes que aceptar una extensión.
El Parlamento, sin embargo, le forzó a enviar a regañadientes una carta a Bruselas en la que pedía una nueva prórroga, un paso que algunos de sus rivales tratarán de utilizar previsiblemente en su contra.
El Partido Laborista, por su parte, defiende la necesidad de negociar su propio acuerdo de salida con Bruselas y someterlo a un referéndum de confirmación.
El líder laborista, Jeremy Corbyn, ha mantenido cierta ambigüedad sobre el “brexit” en los últimos tiempos, al considerar que en torno a un 30% de sus votantes son partidarios de abandonar el bloque comunitario.
La formación tratará de llevar su campaña más allá del debate sobre la UE, hacia asuntos sociales, una estrategia con la que en las anteriores generales, en 2017, logró superar los resultados que pronosticaban las encuestas.
El Partido Liberal Demócrata defiende por su parte revocar por completo la salida de la Unión Europea, así como un segundo referéndum, y espera mejorar con ese mensaje los resultados de 2017, cuando sumó el 7.4% de los votos.
En Escocia, el Partido Nacionalista Escocés (SNP) confía asimismo en ganar terreno con su propuesta de celebrar dos nuevos plebiscitos, uno sobre el “brexit” y otro sobre la independencia de la región británica.
Los partidos de la oposición trataron de aprobar el lunes una ampliación de la franquicia electoral para permitir a los europeos residentes en el Reino Unido y a los mayores de 16 años que pudieran participar en los próximos comicios, pero la vicepresidenta de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, no llegó a someter a votación sus propuestas.