La Red acusó que bajo el amparo de esa legislación se facilita el modelo extractivo minero en detrimento de los territorios de las comunidades indígenas, de la salud y del medio ambiente.
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechar el proyecto de resolución elaborado por el ministro Javier Laynez respecto de la constitucionalidad de la Ley Minera en el Amparo en Revisión 928/2019 y discutir sobre las diversas violaciones de derechos humanos que resultan de esa legislación.
A unos días de que la SCJN discuta la constitucionalidad de la Ley Minera, la Rema expuso que esa legislación facilita el modelo extractivo minero en detrimento de los territorios de las comunidades indígenas, de la salud y del medio ambiente.
“Hemos advertido que la Ley Minera considera las actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales como de utilidad pública y como preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del territorio, además de que en el procedimiento de toma de decisiones para el otorgamiento de las concesiones mineras no se considera la participación de los pueblos indígenas vulnerando con ello su autonomía y su derecho a decidir; cuestiones sobre las que debería pronunciarse la Segunda Sala de la Corte”, afirmó la Rema en un comunicado.
Bajo las actuales disposiciones de la Ley Minera, la Secretaría de Economía ha entregado más de 25 mil concesiones que están generando graves conflictos sociales en todo el territorio nacional, apuntó.
“Desde las comunidades, pueblos, organizaciones y colectivos que somos la Rema, en solidaridad con la lucha del pueblo Maseual y haciendo nuestras sus exigencias, llamamos,respetuosa pero enérgicamente a la ministra Yasmín Esquivel Mossa y a sus homólogos Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y Franco González Salas a no atender el proyecto del ministro Laynez y a discutir sobre las diversas disposiciones de la Ley Minera que resultan violatorias de los derechos humanos de los pueblos indígenas para ajustarla a nuestra Constitución y los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos de los que México es Estado Parte”, expresó.
La Rema recordó que en septiembre de 2014, la asamblea indígena del pueblo Maseual en la comunidad de Zacapitan, municipio de Cuetzalan del Progreso en Puebla, instruyó al Consejo Maseual Altepetajpianij a llevar a cabo las acciones legales necesarias para combatir la decisión de la Secretaría de Economía de entregar sus territorios en concesión para la explotación minera sin contar con su consentimiento y sin haber sido convocados a participar en un proceso de toma de decisiones que directamente les involucraba.
En una primera resolución en septiembre del 2018, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, determinó conceder el amparo a las comunidades indígenas afectadas respecto del otorgamiento de las concesiones mineras en sus territorios.
Sin embargo, al tiempo que concedía el amparo, el Juzgado Quinto de Distrito con sede en Puebla, evitó pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley Minera en la que la Secretaría de Economía se apoya para otorgar los títulos de concesión.
Frente a la omisión del Juzgado, las comunidades indígenas afectadas presentaron un recurso de revisión que será resuelto en próximos días por la Suprema Corte.
“Desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería hemos denunciado insistentemente que la Ley Minera forma parte de un entramado jurídico, político y económico diseñado para facilitar y hacer posible que el modelo extractivo minero prospere a costa de los pueblos, sus territorios, su salud y su medio ambiente”, agregó la Rema en el comunicado.
Tras conocerse la versión pública de la resolución que el ministro Javier Laynez propone para su discusión, en la cual se considera que el contenido de la Ley Minera no se vincula directamente con los intereses y derechos de los grupos indígenas involucrados, la Rema pidió desechar el proyecto de resolución y central la discusión sobre las violaciones de derechos humanos que se cometen en base a esa legislación.
El proyecto de resolución del ministro Javier Laynez, disponible en la página oficial de la SCJN, plantea negar el amparo 928/2019 promovido por comunidades indígenas de la Sierra Nororiental de Puebla en contra de los proyectos mineros bajo el argumento de que no hay vinculación de la Ley Minera con el derecho de autodeterminación indígena.
Se prevé que el proyecto de resolución del ministro Javier Laynez sea discutido el próximo 13 de mayo.