Un memorando de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza obtenido por The Associated Press confirma que las compañías de autobuses como Greyhound no están obligadas a permitir que los agentes de la Patrulla Fronteriza realicen controles de inmigración en los buses.
Esta directriz es contraria a los argumentos de la compañía Greyhound, la compañía de buses más grande del país, que ha insistido en que no le queda otra opción que permitir los controles migratorios.
Greyhound ha dicho que no le gusta que los agentes se suban a sus autobuses, pero lo ha aceptado argumentando que “la ley federal lo exige”. Cuando la AP le dio una copioa del memorando, la compañía declinó a comentar si cambiaría o no esta práctica.
La compañía ha enfrentado serias críticas de la Unión Americana de Libertades Civiles, activistas por los derechos de los inmigrantes y el fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, para dejar de permitir chequeos en autobuses a menos de 99 millas de la frontera o costa internacional.
Los críticos consideran que esta práctica es intimidante, discriminatoria y se ha vuelto más común bajo la administración de Donald Trump. Las detenciones de la Patrulla Fronteriza grabadas en video por otros pasajeros han generado críticas y Greyhound enfrenta una demanda en California por supuestamente violar las leyes de protección al consumidor.
Otras compañías de autobuses como Jefferson Lines, que opera en 14 estados, y MTRWestern, que opera en el noroeste del Pacífico, han reiterado que no aceptan que los agentes aborden los autobuses.
Esas unidades tácticas, que operan en la frontera sur, se utilizan habitualmente en operaciones de alto riesgo contra individuos violentos y grupos criminales y del narco.
El memorando obtenido por AP tenía fecha del 28 de enero, iba dirigido a los principales agentes de la patrulla y fue firmado por la entonces directora de la Patrulla Fronteriza, Carla Provost, justo antes de retirarse.
La directriz también confirma la posición legal de los críticos de Greyhound: que la Cuarta Enmienda de la Constitución impide que los agentes aborden los autobuses e interroguen a los pasajeros sin una orden judicial o sin el consentimiento de la compañía.
“Cuando se realizan chequeos en un autobús en lugares que no son puntos de control, el agente debe demostrar que el consentimiento del propietario de la compañía o de uno de los empleados”, dice el memo.
Los funcionarios de la Patrulla Fronteriza han dicho que los agentes buscan el consentimiento del conductor del autobús antes de abordar e interrogar a los pasajeros.
Bill Kingsford, oficial de la Patrulla Fronteriza de operaciones del sector de Spokane, Washington, dijo el jueves que antes del memorando nunca había visto esa política por escrito.
En respuesta a las críticas de los últimos dos años, Greyhound ha dicho que no apoya los controles migratorios dentro de los autobuses, pero que “la ley federal no les deja otra opción”. La compañía dijo que los barridos de inmigración generan demoras y clientes insatisfechos.
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