La actriz y conductora de televisión Inés Gómez Mont señaló la noche del viernes que tanto ella como su esposo Víctor Álvarez Puga, no han tenido acceso a la orden de aprehensión en su contra, ni a las pruebas que la justifiquen.
Este viernes se dio a conocer que un juez federal giró una orden de captura contra la conductora de televisión y su esposo por su presunta participación en la comisión de los delitos de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Mediante un mensaje en su cuenta de Instagram, Gómez Mont puntualizó que únicamente han tenido acceso a los reportes de prensa “con información parcial y dolosamente filtrada“.
También agradeció las pruebas de cariño y apoyo que le han hecho llegar seres queridos, “sepan que nos estamos preparando para enfrentar este proceso y ejerceremos todos nuestros derechos”, agrega.
Goméz Mont es amiga de Yadhira Carrillo, esposa de Juan Collado, quien fuera abogado del expresidente Enrique Peña Nieto y que actualmente está en prisión por por lavado de dinero.
Previo a la detención de Collado, Gómez Mont compartía en su cuenta de Instagram fotografías con Carillo.
De acuerdo con el diario Reforma, el juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, giró los mandamientos de captura en la causa penal 314/2021, por solicitud de la Fiscalía General de la República, confirmaron allegados al caso.
Según autoridades consultadas, este asunto tiene su origen en una revisión que hizo la Secretaría de la Función Pública a contratos que la Secretaría de Gobernación, en tiempos
Cuando Miguel Osorio Chong era su titular, la Secretaría de Gobernación asignó sin licitación contratos a empresas que luego habrían triangulado 2 mil 950 millones de pesos a “factureras” vinculadas con el despacho contable de Álvarez Puga, el esposo de Inés.
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El 21 de agosto de 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también denunció por lavado de dinero a Juan Manuel Flores Athié, titular de la Unidad de Finanzas y Administración de la Segob, en el sexenio pasado, así como a 17 personas físicas y morales, por lavado.
En el caso de Álvarez Puga y su esposa, quienes se encuentran fuera del país, uno de los delitos imputados -la delincuencia organizada- prevé la prisión preventiva oficiosa, lo que impide al imputado llevar su proceso en libertad, en caso de ser detenido.
Los problemas legales de Álvarez Puga -informó Reforma– no son nuevos, ya que el 22 de abril de 2010 la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) catearon las oficinas de su despacho Álvarez Puga y Asociados.
El SAT señaló en ese entonces que la firma contable asesoraba a sus clientes para que registraran a sus trabajadores como socios o cooperativistas con la finalidad de no pagarles el reparto de utilidades y evadir impuestos y pagos al seguro social.
En diciembre pasado Luis Eduardo Álvarez Puga, hermano de Víctor Manuel, presentó un amparo contra una posible orden de aprehensión derivada de una investigación que estaba en curso por lavado de dinero, pero en ese momento la FGR reportó al juez que no había tal mandamiento de captura.
En el caso de Inés Gómez Mont, desde el 30 de noviembre de 2018, el último día del sexenio pasado, el SAT aceptó un acuerdo reparatorio mediante el que la conductora de televisión pagaría 10 millones 967 mil 907 pesos por concepto de contribuciones federales omitidas y accesorios, a cambio de que fuera archivada una investigación de la SEIDO que fue abierta en su contra por una denuncia de defraudación fiscal.
Pero en la cláusula cuarta del documento, se pactó que este acuerdo sería válido hasta que fuera aprobado por la FGR y, ya con el nuevo gobierno, el 16 de enero de 2019 la FGR rechazó la oferta de Gómez Mont y lo calificó de “desproporcional”, porque no había resarcido otra cantidad por 2 millones 604 mil 537 pesos, por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Cuando la conductora de televisión pagó esta suma en una declaración fiscal complementaria, la FGR dijo que tampoco cerraría la investigación porque, más allá de que fuera denunciado un delito por fraude fiscal, lo que investigaba el Ministerio Público Federal era el ilícito de lavado de dinero. Gómez Mont presentó un amparo contra esa determinación y al final lo perdió en las dos instancias.