SAN PEDRO SULA, Honduras — Decenas de migrantes que intentaban ingresar por la fuerza en Guatemala desde Honduras se enfrentaron la noche del sábado con piedras, palos y botellas contra cientos soldados y policías, que utilizaron gases lacrimógenos para dispersarlos.
En el incidente resultaron heridos al menos 15 funcionarios guatemaltecos, anunció el gobierno.
El enfrentamiento se inició cuando el grupo de migrantes intentó romper un cordón de varios cientos de policías.
LA CARAVANA HABÍA PARTIDO DESDE SAN PEDRO SULA CON DESTINO A EEUU
Agentes con escudos plásticos y equipos antimotines se formaron junto con militares en territorio guatemalteco para impedir el ingreso de los extranjeros, que venían de la localidad hondureña de San Pedro Sula.
Tras un forcejeo, del lado de los migrantes se comenzaron a lanzar piedras, palos y botellas hacia los militares y policías, quienes utilizaron gases lacrimógenos para dispersarlos, según imágenes que difundieron medios locales.
El enfrentamiento dejó como saldo al menos siete policías y ocho militares heridos, informaron las autoridades guatemaltecas durante una conferencia de prensa. No se precisó si hubo migrantes lesionados.
Más temprano, unos 300 migrantes, entre hondureños y nicaragüenses, arribaron a la localidad hondureña de Corinto y luego pasaron hacia el departamento guatemalteco de Izabal, próximo a la frontera, donde fueron interceptados por centenares de agentes antimotines de la Policía Nacional Civil y el Ejército.
El Instituto Guatemalteco de Migración reportó que inició un diálogo con los migrantes para regresarlos a su país de origen. Las personas que deseen permanecer en Guatemala deberán presentar su documento personal de identificación, su carné de vacunación contra el COVID-19 y una prueba negativa del virus.
El director general del Instituto Guatemalteco de Migración, Carlos Emilio Morales, dijo a la prensa que se está “regresando gente, todo en orden, humanitariamente”, pero no ofreció detalles.
La caravana salió en dos grupos muy dispersos y desorientados en su mayoría.
“Estamos protegiendo nuestras fronteras, estamos protegiendo la salud de todos los guatemaltecos”, sostuvo Morales, y agregó que “se está viendo un pequeño contingente que ya está siendo analizado y ya está siendo estudiado por medio de la Inteligencia del Ejército, de la policía, de Migración”.
El gobierno guatemalteco informó que 36 personas fueron deportadas a Honduras porque no cumplían con los requisitos y se dejó avanzar a un grupo de 10 que cumplían con las exigencias migratorias y sanitarias.
El grupo que llegó a Guatemala forma parte de una gran caravana de unas 600 personas que salió la mañana del sábado de la Gran Central Metropolitana de autobuses de San Pedro Sula con el objetivo de llegar a la frontera sur de Estados Unidos.
“Dijeron que nos iban a dar un tal TPS, no sé cómo es, para darnos la oportunidad de entrar para ver cómo trabajar allá para ayudar a nuestras familias”, dijo un nicaragüense.
La caravana, la primera que se registra en el año, se dividió en varios grupos para tratar de evadir el control de las autoridades guatemaltecas y pasar por los diferentes pasos fronterizos y rutas ilegales.
Entre el grupo estaba Fabricio Ordóñez, un joven jornalero hondureño, quien afirmó que decidió unirse a la caravana con la meta personal de “darle una nueva vida a mi familia”.
“El sueño de uno es estar en Estados Unidos para poder hacer muchas cosas en Honduras”, explicó Ordóñez, tras reconocer que decidió salir del país centroamericano porque no tiene muchas esperanzas de que el nuevo gobierno de la presidenta electa Xiomara Castro, quien tomará posesión el 27 de enero, pueda resolver en poco tiempo los problemas económicos y sociales del país centroamericano que dejaron 12 años de gobiernos conservadores.
Los migrantes, en su mayoría centroamericanos, han atravesado caravanas, violencia y enfrentamientos.
“Han saqueado todo. Para que pueda levantar este gobierno va a ser muy duro”.
Castro, del partido izquierdista Libertad y Refundación (Libre) y esposa del expresidente Manuel Zelaya, ganó las elecciones en noviembre, convirtiéndose en la primera mujer de su país en llegar a la presidencia. Con el triunfo de Castro, la izquierda hondureña logró retornar al poder luego de que Zelaya fue depuesto por un golpe de Estado en 2009.
“Sabemos que es un camino bien duro y le pedimos a Dios y al gobierno hondureño que por favor nos acompañen hasta la frontera en Guatemala, y que no nos pongan más retenes”, dijo por su parte el nicaragüense Ubaldo López, poco antes de iniciar el recorrido.
López expresó que decidió salir de Managua, capital de Nicaragua, porque la situación es “bastante difícil… Vamos sin recursos prácticamente”.
La caravana migrante llegó el lunes a la Basílica de Guadalupe de Ciudad de México tras un enfrentamiento con la Policía capitalina que dejó 13 agentes y 4 migrantes lesionados, según las autoridades locales.
El centroamericano confesó que mantenía la esperanza de que las autoridades de Guatemala y México no detengan la caravana y que el gobierno estadounidense “nos abra las puertas”.
A comienzos de 2021 una gran caravana de varios miles de migrantes salió de Honduras, pero las autoridades guatemaltecas la disolvieron antes que llegara a México.
Durante el año pasado, miles de migrantes, en su mayoría centroamericanos, haitianos, cubanos y venezolanos, llegaron hasta la frontera norte de México para intentar pasar hacia Estados Unidos, desatando una crisis que se ha convertido en uno de los mayores dolores de cabeza del gobierno del presidente Joe Biden.
En medio del creciente flujo se registró en diciembre pasado una tragedia cuando 56 migrantes murieron al volcarse en una carretera del sur de México un camión que llevaba más de un centenar de extranjeros.
La Patrulla Fronteriza estadounidense informó de más de 1,6 millones de encuentros con migrantes en la frontera de Estados Unidos con México de septiembre de 2020 a septiembre de 2021, más del cuádruple que el número del anterior año fiscal y el total anual más alto registrado.
Biden ha respaldado una propuesta para proporcionar $7,000 millones en asistencia a Guatemala, El Salvador y Honduras y ayudar a atender la pobreza y la violencia que causan que las personas huyan a Estados Unidos.
A finales del año pasado, el gobierno estadounidense reactivó, por decisión de un juez federal, una política migratoria que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México sus audiencias, complicando los planes de Biden para atender el creciente flujo migratorio.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó la reactivación del programa estadounidense e informó que, temporalmente, no retornaría a sus países de origen a los migrantes por razones humanitarias.
Las autoridades mexicanas indicaron que Estados Unidos aceptó las preocupaciones de carácter humanitario del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador entre las que incluyen “mayores recursos para albergues y organizaciones internacionales, la protección para grupos vulnerables, la consideración de las condiciones locales de seguridad y de capacidad de albergue y de atención del Instituto Nacional de Migración, así como la aplicación de medidas contra la COVID-19, como revisiones médicas y la disponibilidad de vacunas para las personas migrantes”.
Washington señaló en un comunicado que tomaría medidas para abordar las inquietudes de México respecto del programa, incluyendo el ofrecimiento de vacunas contra el coronavirus a los migrantes y eximir a más categorías de personas consideradas vulnerables.
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