Con 5.51 puntos de calificación, en una escala de 10, México se encuentra en el antepenúltimo lugar de la Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2020, realizada por el Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos del Vance Center for International Justice.
El estudio regional señala que las autoridades anticorrupción en el país no tienen la independencia material necesaria para prevenir, investigar y procesar la corrupción efectivamente.
Además de México, el estudio califica a siete países más, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Panamá y Perú.
La Evaluación Anticorrupción busca mapear los esfuerzos legales para prevenir y combatir la corrupción y a diferencia de otros esfuerzos que se enfocan en medir la corrupción o la percepción de la corrupción, este estudio se enfoca desde la práctica jurídica para analizar los esfuerzos legislativos, regulatorios y el marco institucional para prevenir, sancionar y combatir la corrupción.
Para el estudio, fueron entrevistados profesionales del derecho dedicados a la práctica anticorrupción de diversos sectores, como abogados, empresas, academia, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, entre otros.
Y a pesar de que una de las banderas de la 4T es la lucha contra la corrupción, los expertos que participan en el informe advierten que la voluntad política tiene mucha influencia en este aspecto, pues mencionaron que existe mucho interés por perseguir casos de corrupción de administraciones pasadas, pero no casos de funcionarios actuales.
Aunque en México han sido creados mecanismos de prevención de la corrupción en la administración pública, como políticas y procedimientos para identificar y gestionar conflictos de intereses o medidas que exijan a los funcionarios públicos rendir declaraciones patrimoniales, hay casos como en las contrataciones públicas, en las cuales la autoridad busca excepciones para llevar a cabo adjudicaciones directas, lo cual es un espacio importante para la discrecionalidad y la corrupción.
El documento señala al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) como un órgano eficaz para la prevención de la corrupción a través de las políticas de transparencia, mientras que a la Secretaría de la Función Pública (SFP) como la menos eficaz.
México obtuvo la segunda mejor calificación (9.05) en materia de legislación para combatir la corrupción, sólo por debajo de Perú (9.09), pero es difícil la aplicación de algunas leyes o regulaciones anticorrupción, por falta de especificidad, claridad o definición.
Además, los encuestados destacaron su falta de aplicación, o su aplicación basada en líneas políticas, por lo obtuvo apenas un 4 en lo referente a implementación de las leyes.
En cuanto a mecanismos para denunciar prácticas de corrupción, ya sea vía administrativa o penal, el documento señala que el marco de protección a informantes o denunciantes es insuficiente, y debería operar a nivel nacional, de acuerdo con el Sistema Nacional Anticorrupción, y no ser funcional únicamente para el ámbito de aplicación de la Secretaría de la Función Pública federal.
También lamenta que no exista la previsión de compensaciones económicas por la realización de reporte o alerta, ni por la recuperación de activos del Estado como consecuencia de las denuncias o alertas de ciudadanos.
En lo referente a las autoridades especializadas en materia anticorrupción, los expertos mostraron preocupación por la falta de nombramiento de los magistrados anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Y de manera particular, mencionaron los entrevistados que la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de la Función Pública trabajan “a petición del presidente”.
El análisis subraya que pese a que en la Constitución y en la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción está previsto un mecanismo de cooperación y coordinación interinstitucional para prevenir, combatir, investigar y sancionar la corrupción, denominado el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, conformado por dependencias federales, éste no ha operado a plenitud ni con plena eficiencia en los últimos dos años por falta de voluntad política, aunque ha presentado avances.
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