NUEVA YORK – Un juez federal bloqueó el miércoles la aplicación durante la pandemia de una regla impuesta por el gobierno del presidente Donald Trump que podía impedir la emisión de tarjetas de residencia a inmigrantes que recibieran asistencia pública.
Las polémicas directrices entraron en vigor en febrero, después de una serie de impugnaciones y en medio de preocupaciones de que podrían tener un efecto atemorizante sobre los inmigrantes para solicitar atención médica y otros servicios sociales.
Al emitir su orden preliminar a nivel nacional, el juez federal George Daniels en Manhattan dijo que “cualquier política que disuada a los residentes de buscar pruebas de diagnóstico y tratamiento para el COVID-19 aumenta el riesgo de infección para dichos residentes y el público. Sin embargo, las medidas gubernamentales adversas en contra de los inmigrantes son particularmente peligrosas durante una pandemia”.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés) había dicho en marzo que las nuevas directrices no serían aplicables a los inmigrantes con coronavirus o con síntomas de la enfermedad que solicitaran asistencia médica, pero Daniels indicó que dicho anuncio era “claramente insuficiente” debido a varias inquietudes, como por ejemplo si otras formas de asistencia que pudieran requerirse, tales como los cupones para alimentos, también estarían exentas.
“Depender simplemente de la compasión o la empatía de las autoridades migratorias no es racional, ni en el proceso de elaboración de reglas ni en el intento informal de enmendar dichas reglas”, escribió.
El Departamento de Justicia no respondió por el momento a un correo electrónico enviado para conocer sus comentarios.
Los activistas por los derechos de los inmigrantes quedaron complacidos con el fallo.
“Los inmigrantes, en especial las personas que se desempeñan como trabajadores esenciales en el combate a la propagación del coronavirus, necesitan acceso a atención médica vital, asistencia alimenticia y otros servicios esenciales tanto para combatir la pandemia como para proteger a sus familias sin el temor de enfrentar consecuencias migratorias”, dijo Susan Welber, de Legal Aid Society, una de las abogadas de la parte demandante.
Argentina inició los ensayos clínicos.
Las reglas iban a entrar en vigencia a finales del año pasado, pero fueron bloqueadas mediante impugnaciones legales. En enero, la Corte Suprema dictaminó que podían implementarse mientras las demandas eran procesadas y rechazó evaluar de nuevo el tema en abril.
De acuerdo a los nuevos lineamientos, los inmigrantes que solicitan la residencia permanente deben demostrar que no serán una carga para el país, y expanden los factores que las autoridades migratorias pueden utilizar para determinar lo anterior.
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