Restricción de celulares en escuelas requiere definir protocolos y reglas de aplicación: especialista

La restricción del uso de teléfonos celulares en las escuelas representa un avance para atender los efectos que el uso excesivo de estos dispositivos puede tener en la atención, el aprendizaje y la convivencia de los estudiantes, pero su aplicación enfrenta retos operativos y de infraestructura que deberán resolverse para evitar que la medida profundice las desigualdades entre planteles.

Así lo planteó Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa y profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey durante una entrevista con Aristegui en Vivo.

El especialista en política educativa y gasto público explicó que los lineamientos parten de preocupaciones relacionadas con el impacto del uso de celulares en las aulas, entre ellas la pérdida de atención y el debilitamiento del aprendizaje.

También señaló que el uso de estos dispositivos durante los recreos puede afectar la convivencia entre los estudiantes, además de facilitar situaciones de ciberacoso que posteriormente pueden trasladarse al entorno escolar y generar conflictos.

Fernández añadió que existe también una preocupación por los efectos socioemocionales asociados con el uso excesivo de las redes sociales y los dispositivos móviles. Sin embargo, consideró necesario encontrar un equilibrio entre atender esos problemas y garantizar que los estudiantes desarrollen las competencias digitales necesarias.

El investigador señaló que la restricción del celular plantea un desafío particular para México debido a las condiciones de infraestructura tecnológica de las escuelas públicas. Mientras otros países que han avanzado en restricciones similares cuentan con tabletas o computadoras en los planteles para que los estudiantes desarrollen habilidades digitales, en México el acceso a estos recursos es limitado.

“En el caso de México, solo 35% de las escuelas públicas del país cuentan con al menos una computadora con acceso a internet”, señaló, al tiempo que advirtió que esta cifra puede estar sobreestimada, debido a que algunos planteles disponen de equipos antiguos que ya no permiten utilizar adecuadamente programas educativos.

Ante esta situación, planteó que los lineamientos deben vincularse con la obligación establecida en la Ley General de Educación de contar con una agenda digital educativa, de manera que la tecnología disponible pueda complementar los materiales educativos y contribuir al desarrollo de habilidades digitales.

Fernández recordó además que el perfil de la Nueva Escuela Mexicana establece que las y los estudiantes deben aprovechar los recursos y medios de la cultura digital de manera ética y responsable para comunicarse, así como para obtener, seleccionar, organizar, analizar y evaluar información.

Por ello, consideró que, cuando las escuelas no cuentan con computadoras u otros dispositivos, el teléfono celular puede convertirse en una herramienta para alcanzar esos objetivos educativos.

Los propios lineamientos establecen excepciones para permitir el uso de celulares en primaria y secundaria en determinadas circunstancias, entre ellas actividades pedagógicas definidas por los docentes, emergencias y situaciones relacionadas con alguna enfermedad o discapacidad.

Fernández cuestionó que la consulta realizada por la autoridad educativa entre docentes para conocer su opinión sobre las restricciones haya tenido una participación inferior a la mitad del magisterio, al participar 47% de los docentes, de los que el 81% consideró necesaria algún tipo de restricción para privilegiar las actividades pedagógicas.

El especialista señaló que la propia autoridad reconoció durante esa consulta que 17 estados ya contaban con algún tipo de regulación sobre el uso de celulares y que posteriormente se sumaron dos entidades más.

Sin embargo, cuestionó que no se haya preguntado a los docentes de esas entidades sobre los resultados de las medidas existentes, los problemas que han enfrentado y las dificultades operativas para aplicarlas.

Para Fernández, uno de los principales desafíos será determinar qué ocurrirá cuando los estudiantes lleven sus teléfonos a la escuela y los utilicen pese a las restricciones.

Explicó que los lineamientos plantean restricciones que también alcanzan los recreos, por lo que será necesario establecer procedimientos claros para los casos en que un estudiante utilice su dispositivo durante la jornada escolar.

“¿Cómo vas a activar? ¿Cómo te va a dar estos lineamientos la autoridad para decirle, oye, te lo recojo y te lo doy al final de la jornada escolar? ¿Hay un lugar específico en la escuela para el resguardo de estos celulares?”, planteó.

A ello se suman cuestiones relacionadas con la responsabilidad sobre los dispositivos. Señaló que los reglamentos deberán precisar qué ocurre si un teléfono resguardado por la escuela se pierde, se daña o deja de funcionar.

Los lineamientos establecen un plazo de 180 días para que las autoridades educativas estatales emitan sus propias regulaciones o adecuen las existentes a las disposiciones federales y definan cómo se aplicarán en las comunidades escolares.

Como parte de este proceso, a partir del día siguiente a la publicación de los lineamientos comenzarían jornadas en las escuelas para dialogar con padres de familia, docentes y directivos sobre las reglas que deberán establecerse para su aplicación.

El especialista destacó que los propios lineamientos establecen que cada seis meses se solicitará retroalimentación para evaluar su funcionamiento y realizar los ajustes correspondientes.

También identificó aspectos que desde su perspectiva todavía requieren precisiones. Uno de ellos está relacionado con el carácter formativo que se atribuye a los lineamientos.

Señaló que, si las escuelas no cuentan con contenidos digitales adecuados ni con criterios claros sobre los tiempos y condiciones en que podrá utilizarse el celular con fines pedagógicos, la aplicación de esta parte de la medida quedará sujeta a las capacidades de cada plantel.

Esto podría generar diferencias entre escuelas con mayor infraestructura y personal capacitado y aquellas que carecen de esos recursos.

“Si no tenemos contenidos digitales adecuados, si no se establece cuáles van a ser los tiempos para que se llegue, ahí sí, el uso pedagógico que contempla los lineamientos del celular, pues ahí cómo se llevan a cabo, va a depender de cada escuela, de cada capacidad de la escuela, y eso puede generar más problemas de desigualdad entre quienes sí tienen esas capacidades y quienes no”, explicó.

Señaló que el segundo aspecto pendiente corresponde a la dimensión preventiva. Aunque los lineamientos identifican riesgos asociados con el uso de dispositivos, como el ciberacoso y otros efectos socioemocionales, Fernández indicó que todavía no existen protocolos suficientemente definidos para atender situaciones concretas.

Entre los casos que planteó se encuentra la difusión de imágenes de estudiantes sin autorización, una situación que puede afectar su privacidad y generar conflictos dentro de la comunidad escolar.

En estos casos, consideró necesario establecer con claridad cuáles son las acciones que debe emprender el docente, qué corresponde al director y qué medidas pueden aplicarse ante una conducta de esa naturaleza.

“Si llega a haber un caso de ciberacoso, si llega a haber un caso de que alguien comparte imágenes de un compañero, de una compañera, indebidos, y ataca su privacidad y demás, ¿qué es? ¿Cómo debe de actuar el profe? ¿Qué tiene que hacer?”, cuestionó.

También planteó la necesidad de precisar las facultades de las autoridades escolares ante este tipo de situaciones, incluido si un director puede suspender a un estudiante cuando incurre en una conducta de esa naturaleza.

Fernández sostuvo que estos aspectos forman parte de las situaciones cotidianas que deberán resolverse durante la aplicación de los lineamientos, por lo que todavía será necesario ajustar las reglas y definir procedimientos para que la restricción pueda llevarse a la práctica en las escuelas.