Una queja potencialmente costosa encabezada por Estados Unidos contra la política energética de México ha despertado una preocupación significativa del Gobierno mexicano, a pesar de la actitud desafiante del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijeron a Reuters funcionarios y fuentes cercanas al tema.
La semana pasada, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) exigió conversaciones para solucionar las disputas con México, argumentando que la campaña de López Obrador para reforzar el control estatal del mercado energético es injusta para sus empresas y probablemente viola el T-MEC.
Con llamados a la soberanía nacional, AMLO dijo que expondría la postura de México sobre el tema durante el tradicional desfile militar del 16 de septiembre, Día de la Independencia, a la vez que ha tratado de minimizar cualquier posible consecuencia con Estados Unidos.
No va a suceder nada, nada, porque nos necesitamos, afirmó el mandatario.
En realidad, López Obrador está molesto, preocupado y frustrado por la disputa y trató de evitarla negociando personalmente acuerdos con empresas disconformes con sus políticas, dijo una persona familiarizada con el tema.
Por separado, dos funcionarios mexicanos dijeron que existe preocupación dentro del gobierno por el desacuerdo comercial y un tercero señaló que el presidente estaba analizando seriamente el asunto.
Un día después de que la demanda presentada por Estados Unidos se hiciera oficial, el presidente se refirió a ella y dijo que había llegado a acuerdos el mes pasado con 17 de las 19 compañías energéticas estadounidenses, sin mencionarlas por nombre.
La oficina de López Obrador, que en ésta y otras disputas ha buscado dinamizar su base electoral argumentando que adversarios internos corruptos están detrás de la oposición a sus políticas, no respondió a una solicitud de comentarios.
Grupos empresariales han dicho que los esfuerzos de México para fortalecer a la estatal Petróleos Mexicanos y a la empresa eléctrica nacional, Comisión Federal de Electricidad, a expensas de inversionistas privados son discriminatorios y violan el acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México.
AMLO negó las acusaciones y dijo que sus políticas están diseñadas para restablecer el equilibrio en un mercado que, según él, fue manipulado por gobiernos anteriores a favor de los inversionistas privados.
Pero los acuerdos que anunció con las empresas energéticas no impidieron que la USTR presentara su demanda y que rápidamente Canadá hiciera lo mismo.
La Secretaría de Economía se comprometió a buscar una “solución mutuamente satisfactoria” a través de un diálogo “abierto y franco” durante un período de consulta de 75 días.
Si no se llega a ningún acuerdo, el USTR puede solicitar un panel de disputa.
“El asunto es muy serio y hay que verlo con mucho cuidado”, dijo Alfredo Femat, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja del Congreso y legislador del Partido del Trabajo (PT), aliados en coalición con Morena, el partido de López Obrador.
Un acuerdo estaría fuera de la esfera del diálogo una vez que el tema llegue a un panel, agregó Femat.
Si la resolución final del panel fuera en contra de México, expertos en comercio creen que el país podría enfrentar miles de millones de dólares en aranceles a manera de represalia.
Funcionarios mexicanos manifestaron su sorpresa a los líderes empresariales ante el hecho de que la demanda de USTR se presentara solo una semana después de que López Obrador regresó de su encuentro en Washington con el presidente estadounidense Joe Biden, dijo una segunda fuente familiarizada con el asunto.
Autoridades han indicado que México no tiene intención de cambiar sus leyes, pero que está abierto a explorar otras soluciones, agregó la fuente. También existe la preocupación de que los SUV y camionetas de fabricación mexicana puedan ser objeto de aranceles, agregó.
México argumentaría ante Washington que una disputa con uno de sus principales socios comerciales podría dañar la economía de Estados Unidos en un momento delicado, con elecciones de mitad de periodo en noviembre, dijo un funcionario mexicano.
López Obrador comentó la semana pasada que el costo de un automóvil estadounidense aumentaría 10,000 dólares sin la ayuda de la industria automotriz de México. El jueves, rechazó la posibilidad de que México salga del T-MEC.
La Secretaría de Economía reiteró sus comentarios de que a través de consultas se podría resolver la disputa. En tanto, un portavoz de la cancillería hizo eco de esa posición y agregó que México confiaba en que los mecanismos establecidos faciliten un acuerdo, y declinó confirmar detalles constatados por Reuters.
Aún así, el margen de maniobra se ha reducido ahora que la disputa está alcanzando un nivel institucional en el que el gobierno no puede recurrir a arreglos caso por caso, dijo la primera fuente, familiarizada con los esfuerzos de México para resolver el asunto.
Pero si López Obrador se siente atrapado, existe el riesgo de que intensifique la disputa, dijo la fuente, y agregó que “no es capaz de retroceder, porque ya ha ido demasiado lejos”.
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