La consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana es acusada de dilatar la conclusión de una investigación contra Cuauhtémoc Blanco; expertos advierten que su destitución pondría en riesgo el proceso electoral.
Estrella Pedroza
Por presuntamente dilatar la conclusión de una investigación iniciada en 2016 en contra del hoy gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, Ana Isabel León Trueba, consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), podría ser destituida de su cargo por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
Durante un pronunciamiento emitido esta mañana a través de Facebook y Twitter, la propia León Trueba reveló la información, tras deslindarse de toda responsabilidad.
El procedimiento lo inició la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del Instituto Nacional Electoral (INE) porque presuntamente la consejera dilató la conclusión de una investigación iniciada hace cuatro años.
“Sorpresivamente, el Consejo General del INE trae a cuenta un proceso de remoción contra las y los consejeros del Impepac, aperturado en abril de 2018, hace más de dos años y medio, en relación con la investigación de hechos que se inició en septiembre de 2016 por instrucción del Consejo Estatal Electoral del Impepac, investigación que guarda estrecha vinculación con el procedimiento iniciado de oficio por el INE, el 29 de agosto de ese año, con el expediente INE/P-COF-UTC/2016/MOR”, dijo León Trueba.
La citada investigación se originó por una noticia difundida en televisión el 25 de agosto de 2016, en la cual se dijo que el alcalde electo de Cuernavaca había celebrado un contrato por 7 millones de pesos para ser postulado por el Partido Socialdemócrata (PSD), de Morelos.
Tras varias mesas de trabajo entre consejeros, se determinó dar vista al INE, que paralelamente había iniciado una investigación por la misma causa.
Se reunieron en febrero del 2017 con diversas autoridades, entre ellas Eduardo Gurza Curiel, director de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, y, por parte del Impepac, la consejera presidenta, los entonces Consejero Electoral Carlos Uribe en su calidad de presidente de la Comisión de Quejas y el Secretario Ejecutivo, para abordar el tema.
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El resultado de esas reuniones fue un acuerdo para que ambos órganos electorales (estatal y nacional) resolvieran en tiempos cercanos para no emitir resoluciones que pudieran resultar contrarias entre sí.
A principios del mes de marzo del 2018, detalló León Trueba, cuatro consejeros y consejeras presionaron para que un día antes de que iniciara el registro de candidatos a la gubernatura se realizara una reunión extraordinaria urgente del CEE, durante la cual aprobaron por mayoría un acuerdo para iniciar de oficio un procedimiento ordinario sancionatorio en contra de Cuauhtémoc Blanco por presuntamente haber cobrado para ser candidato.
El acuerdo de inicio del proceso fue impugnado ante el Tribunal Estatal Electoral (TEE) en donde se consideró improcedente y se dio vista al INE al determinar dilación en el procedimiento seguido por el Impepac.
La consejera presidenta consideró que la UTCE del INE la responsabiliza de la dilación dejando de lado que el secretario jamás presentó resolución alguna, porque había un acuerdo con la UTF del INE de esperar a que ellos resolvieran, y no lo hicieron hasta el 28 de mayo de 2018, determinando que el procedimiento era infundado.
En la competencia de la Consejera Presidenta del IMPEPAC, aclaró, no está el sustanciar y resolver Procedimientos Ordinarios Sancionadores, según establecen los artículos 60, 61 y 62 del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral del Impepac.
Destitución pondría en riesgo el proceso electoral
De concretarse la destitución de la presidenta del Impepac se podría poner en riesgo el proceso electoral 2020-2021, consideró Javier Santiago Castillo, ex Consejero del INE.
“Yo pregunto si los consejeros tienen todos los elementos para juzgar esta destitución porque la causal es un retraso en una investigación y en la cual es corresponsable el INE, porque eso se acordó, que el INE concluiría su investigación antes (que el Impepac) para armonizar su resolución. El INE se tarda en resolver y ahora considera que la presidenta es la responsable. Es una causal equivocada”.
Santiago Castillo, destacó que detrás de esta determinación podría existir desconocimiento por parte de los consejeros y consejeras del INE sobre todo el proceso o simplemente la intención de evadir las responsabilidades del INE.
El ex consejero del INE, no descartó que pudiera existir intereses políticos para favorecer a algún grupo político o al partido el poder, en este caso sería el Partido de Encuentro Solidario (PES), del cual emanó el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Destacó que la trayectoria de la aún consejera presidenta en Morelos ha estado marcada por su trabajo en pro de los derechos políticos de las mujeres y de las comunidades indígenas, y las distintas acciones impulsadas en el Impepac establecen la probabilidad de que haya tocado intereses de actores o partidos políticos.
“No se descarta que este acto tenga un trasfondo de violencia política por razón de género”, añadió.