El periodista también acusó que se desvió un millón de pesos de recursos del canal, para entregarlos “como donativo inverosímil” a Radio Educación, lo cual fue rechazado tanto por la radiodifusora como por el órgano legislativo.
El director del Canal del Congreso de la Ciudad de México, Ricardo Rocha, acusó que este órgano legislativo falsificó su firma con el propósito de culminar anticipadamente el contrato de arrendamiento del inmueble que funge como oficina de este medio, ubicado en avenida Insurgentes.
A través de un video, el periodista acusó a Morena de impulsar “una cadena de agresiones brutales” para terminar con la vida profesional de él y sus colaboradores. Explicó que la Oficialía Mayor mintió al presidente de la Junta de Coordinación Política, Mauricio Tabe, al asegurar que el contrato de arrendamiento se había vencido el 31 de agosto y por ello acudieron a las instalaciones del canal para sustraer los bienes que hay en el lugar.
Rocha anotó que “en documentos oficiales, se establece claramente que el presupuesto del Canal incluye esa renta hasta diciembre de este año”, por lo que para concluirlo antes “hicieron un nuevo contrato que absurdamente está fechado este 8 de agosto, con vencimiento sólo 23 días después, el 31 del mismo agosto. Pero como se requería mi firma, y a sabiendas de que me opondría, decidieron simple y llanamente falsificarla”. “Era tal su prisa por cerrar nuestras oficinas y echarnos a la calle, que chantajearon a la propietaria Guadalupe Valencia, ofreciéndole el pago inmediato de los 8 meses atrasados de renta, a cambio de que cerrara nuestras oficinas, y se destruyera el contrato original anual”, refirió.
El comunicador contrató tres estudios grafoscópicos y todos señalaron que su firma es falsa, por lo que presentará las denuncia correspondiente.
Aquí la denuncia de Rocha:
En respuesta, el Congreso CdMx sostuvo que “son falsas las afirmaciones de Ricardo Rocha Reynaga, director del Canaldel Congreso, al afirmar que el pasado 18 de septiembre personal de laOficialía Mayor intentó desalojarlo de la oficina del canal, en Insurgentes 1605, piso 14. Los representantes del Congreso acudieron para entregar el inmueble a su propietaria, debido que el contrato de renta concluyó el 31 deagosto”.
Además, “el señor Ricardo Rocha miente al afirmar que su firma fue falsificada en un nuevo contrato de arrendamiento de las oficinas, con vigencia 8 al 31 de agosto. Su rúbrica para documentos oficiales siempre se ha recabado siguiendo el procedimiento establecido por el señor Rocha, que consiste en que una persona asignada por él mismo recibe el documento a firmar por oficio, lo lleva a las oficinas del señor Rocha y lo regresa ya rubricado. De haber una falsificación, ésta sería atribuible a gente de su propio equipo de trabajo. Cabe mencionar que Ricardo Rocha no asiste personalmente a las oficinas administrativas del Congreso ni siquiera a recoger su pago de quincena”.
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Además, dijo que por órdenes de la legisladora de Morena, Valentina Batres, se desvió un millón de pesos de recursos del canal, para entregarlos “como donativo inverosímil” a Radio Educación, “en una operación que podría equipararse a un peculado”.
Esto último fue desmentido por Radio Educación:
A LA OPINIÓN PÚBLICA: Radio Educación hace la siguiente aclaración respecto de las declaraciones de Ricardo Rocha. pic.twitter.com/K03DFX1ZnA
— Radio Educación (@RadioEducacion) 24 de septiembre de 2019
Al respecto, el Congreso capitalino indicó: “Es falsa y absurda la acusación del señor Rocha sobre un supuesto desvío de recursos por más de un millón de pesos, a favor de Radio Educación. Como lo ha manifestado la propia institución federal, esa radiodifusora no ha percibido ningún recurso económico, ni en especie ni en efectivo departe del Congreso local. A la fecha no existe ningún acuerdo vigente entre el Congreso CDMX y Radio Educación”.
Por último, el órgano legislativo invitó a Rocha a que acuda a la Oficialía Mayor a revisar la situación administrativa del canal de televisión que dirige. Se trata de una cuestión que compete únicamente al Congreso capitalino, no a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, ni a la Presidencia de la República. Este es un asunto administrativo ordinario, no de índole político, como el señor Ricardo Rocha lo quiere hacer ver”.