El abogado y político francés Robert Badinter viene de celebrar sus 94 años y reconoce que jamás habría imaginado que, a estas alturas, iba a presenciar, otra vez, cómo una guerra y una masacre como la de la localidad ucrania de Bucha amenazan Europa y los valores de justicia y democracia por los que él ha luchado toda su vida. Ministro de Justicia con François Mitterrand, Badinter abolió la pena de muerte en Francia en 1981 y logró dos años más tarde la extradición desde Bolivia del exjefe de la Gestapo en Lyon, Klaus Barbie. El nonagenario jurista ha dedicado buena parte de su vida a la denuncia y persecución de los crímenes contra la humanidad que sufrió en primera persona (su padre murió en un campo de concentración nazi) y a la creación de instancias internacionales para juzgarlos. Una arquitectura jurídica que, advierte, hoy vive su “hora de la verdad” con la guerra de Ucrania y las matanzas en las afueras de Kiev que, subraya, tendrá que investigar el Tribunal Penal Internacional (TPI).
“Las masacres descubiertas en Ucrania constituyen crímenes de guerra”, afirma Badinter. “Su carácter sistemático comporta la responsabilidad de sus autores ante el TPI”, agrega quien es considerado como una de las conciencias morales de la Francia y la Europa contemporáneas. Por ello, insiste el jurista, resulta “necesario y legítimo” que el fiscal del TPI “realice una investigación sobre el terreno y recopile testimonios y pruebas que puedan fundamentar el enjuiciamiento posterior de los autores de esos crímenes”.
La ofensiva rusa en Ucrania, advierte, supone “la hora de la verdad para la justicia penal internacional y el derecho internacional”. “Es una gran prueba. Vamos a saber si todos los instrumentos que hemos creado son eficaces o no”, insiste a lo largo de la hora larga de encuentro con los corresponsales del grupo de diarios europeos LENA, en el despacho que aún mantiene en su piso en París. Es una estancia abarrotada de libros, con los apuntes de toda una vida dedicada al derecho y la política —durante sus largos años como senador socialista, hasta 2011, solo tenía que atravesar los jardines de Luxemburgo a los que da su casa, para entrar en el Senado—. Son recuerdos y vestigios de momentos clave de la historia, como un ejemplar original de la portada del diario L’Aurore del 13 de enero de 1898 con la famosa carta Yo acuso de Émile Zola en defensa del capitán Alfred Dreyfus.
Recordar el pasado es muy importante para quien ha visto la cara más terrible de la humanidad. Porque para Badinter, la guerra no es solo algo sobre lo que ha leído. Hijo de judíos que huyeron de los pogromos en la Rusia imperial de comienzos del siglo XX, tenía 12 años cuando los alemanes llegaron a su París natal y apenas 17, recuerda, cuando acabó la II Guerra Mundial. Para entonces, su padre ya había fallecido en el campo de concentración polaco de Sobibor al que fue deportado en 1943, tras ser detenido en presencia de su hijo.
“No he olvidado nada. Sé lo que significa el horror de la guerra y que no son solo palabras, sino una realidad”, subraya. También conoce la importancia de juzgar a los responsables, como se hizo con los nazis en los juicios de Núremberg y como se está tratando hacer ahora con el presidente ruso, Vladímir Putin, por ordenar la ofensiva contra Ucrania.
Aunque su eficacia sea todavía incierta, los dos principales instrumentos jurídicos internacionales ya han sido activados. El Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ) emitió a mediados de marzo medidas cautelares ordenando a Rusia, como había solicitado Kiev, que “suspenda inmediatamente las operaciones militares que comenzó el 24 de febrero en territorio de Ucrania”. Desestimaba así los argumentos de Moscú de supuestas intenciones genocidas del Gobierno ucranio. “Que el TIJ tome tan rápidamente una decisión tan firme es excepcional”, destaca.
Más importante aún, indica, es que, a petición de 41 países, entre ellos España, el Tribunal Penal Internacional (TPI), que puede juzgar a individuos, anunciara a principios de mes que abría una investigación por crímenes de guerra contra Rusia.
Por el contrario, no acaba de convencerle la idea de crear un nuevo tribunal especial encargado de investigar a Putin y sus acólitos por un “crimen de agresión” en Ucrania, como proponen especialistas entre los que está el catedrático de derecho Philippe Sands. “Hay que utilizar el arsenal jurídico que hay. Tenemos los instrumentos. No estamos en la Europa de 1945, no partimos de cero. Tenemos ya un cierto volumen de jurisprudencia y experiencia. Pero hay que proporcionar los medios necesarios a las instituciones y ampliar sus competencias”, explica.
También alerta contra la tentación de ir exclusivamente contra Putin. “¿Quién es responsable y quién puede ser perseguido judicialmente? No solo el dictador poderoso. ¡No está solo! Todos aquellos que aceptan la comisión de un crimen contra la humanidad o de guerra, y que lo realizan con conocimiento de causa, son penalmente responsables”, recuerda y enumera a “los jefes de Estado Mayor, oficiales superiores, aquellos que participan en decisiones industriales, los que fabrican armas sabiendo para qué van a ser usadas” y, también, a los oligarcas. A Putin “no podemos detenerlo en el Kremlin. Pero sus numerosos cómplices, militares y civiles, tienen también responsabilidad penal”, recuerda. Y se trata de crímenes que no prescriben, con lo que tanto oligarcas como oficiales, podrían verse perseguidos por la justicia internacional “toda su vida”.
Ahora, más que nunca, vuelve a insistir Badinter, es la “hora de la verdad” para la justicia internacional y los Estados que construyeron esa arquitectura. “La justicia no puede resucitar a los muertos. Pero esos crímenes no pueden quedar impunes”, concluye.
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