Reporteros sin Fronteras presentó una denuncia ante la Fiscalía de París, a raíz de las revelaciones del Proyecto Pegasus sobre el uso de software de la empresa israelí NSO Group para vigilar a periodistas.
Dicho software se ha utilizado contra al menos 180 periodistas en 20 países, entre ellos Francia, donde se han registrado 30 casos. Redactada por los abogados de RSF William Bourdon y Vincent Brengarth, la denuncia se dirige en realidad contra NSO Group, cuyo software se ha utilizado para reprimir el periodismo, sostuvo la organización.
En concreto, RSF invoca los delitos de intromisión en la vida privada de los demás (art. 216-1 del Código Penal); violación del secreto de la correspondencia (art. 226-15); recogida fraudulenta de datos personales (art. 226 -18); e introducción fraudulenta de datos, extracción y acceso fraudulentos a sistemas automatizados de datos (art. 323-1 y 3, y 462-2), así como obstrucción indebida a la libertad de expresión y vulneración del secreto de las fuentes (art. 431-1). Con esta acción se inicia una serie de querellas en varios países y de forma conjunta con los periodistas que han sido objetivos directos.
De la denuncia se desprende que los periodistas fueron objetivos específicos del software, igual que todas aquellas personas a las que la represión marroquí se empeña en silenciar, y entre quienes se cuentan los periodistas franco-marroquíes Omar Brouksy y Maâti Monjib. El primero, que es autor de dos libros sobre la monarquía marroquí y fue corresponsal de AFP, es colaborador de RSF en Marruecos. La organización ha defendido recientemente al segundo, que fue puesto en libertad el 23 de marzo, después de una huelga de hambre de 20 días, y que sigue a la espera de juicio.
“Haremos todo lo posible para garantizar que se condena NSO por los delitos de los que es culpable y por las tragedias que ha hecho posibles”, explicó Christophe Deloire, secretario general de RSF, en un hilo de Twitter el 19 de julio. Después de presentar la demanda, aclaró: “La primera denuncia la presentamos en Francia porque este país aparece como un objetivo prioritario para los clientes de NSO Group y porque es donde se encuentra la sede internacional de RSF. Seguirán más denuncias en otros países. La magnitud de las infracciones que se han divulgado exige una respuesta judicial masiva “.
En 2019, después de que The Financial Times sacara a la luz el ataque a los teléfonos inteligentes de un centenar de periodistas, activistas de derechos humanos y disidentes políticos, ya se presentaron varias denuncias contra la empresa NSO, entre las que se contaba la interpuesta en California por el servicio de mensajería WhatsApp.
En el amicus curiae aportado en el marco del proceso, RSF y otras organizaciones señalaron: “Las intromisiones en las comunicaciones privadas de activistas y periodistas no pueden justificarse por necesidades de seguridad o de defensa, sino que tienen como única finalidad permitir que se persiga y se amordace a los opositores. No obstante, NSO continúa proporcionando tecnología de vigilancia a sus clientes estatales, con pleno conocimiento de que estos la están utilizando para infringir el Derecho internacional y, por lo tanto, incumpliendo su responsabilidad de respetar los derechos humanos”.
En 2020, RSF incluyó a NSO Group en su lista de “Depredadores digitales”.
Tras las revelaciones de #Pegasus, @RSF_inter presenta una denuncia en París junto con los periodistas franco-marroquíes Omar Brouksy y Maati Monjibhttps://t.co/v9HW8wcfQ5 pic.twitter.com/xSEf7RZR9M
— RSF en español (@RSF_esp) July 21, 2021