Los obstáculos para la participación política de los aliados del opositor ruso Alexéi Navalni se incrementan. Mientras la justicia rusa juzga a las entidades vinculadas al disidente, acusadas de ser “organizaciones extremistas” y amenaza con ilegalizarlas, el Parlamento (la Duma) ha aprobado un proyecto de ley que prohíbe a los miembros de asociaciones así etiquetadas y a cualquier persona relacionada con ellas participar en las elecciones legislativas. Un nuevo movimiento que contribuiría a cerrar el paso a la disidencia en los comicios parlamentarios previstos para septiembre.
El proceso que decidirá si el movimiento político de Navalni y su Fundación Anticorrupción es una “organización extremista” aún no ha concluido, pero los opositores no albergan dudas de que recibirán la etiqueta. Hace semanas decidieron disolverse y cerrar las más de 40 sedes que habían abierto en distintas ciudades de Rusia para tratar de proteger a sus empleados y colaboradores, que podrían enfrentarse a cuantiosas multas y hasta a seis años de cárcel.
El nuevo proyecto de ley, que se aprobó el martes en primera lectura en la Duma, impedirá concurrir a comicios durante cinco años no solo a las personas que hayan ostentado cargos en estas entidades “extremistas”, sino también a personas involucradas en la actividad de esas organizaciones brindándoles apoyo financiero, “organizativo, metodológico, consultivo” hasta tres años antes de que se les imponga formalmente la etiqueta, según el texto.
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La medida es otro golpe más a la oposición rusa. Pero se dirige sobre todo a los aliados de Navalni, que cumple dos años y medio de prisión tras ser condenado el pasado febrero por vulnerar los términos de la libertad condicional por un polémico y antiguo caso cuando se encontraba en Alemania el año pasado, recuperándose del gravísimo envenenamiento sufrido en agosto en Siberia y del que Occidente responsabiliza al Kremlin.
Al proyecto de ley le faltan aún dos pasos más para llegar a la mesa del presidente ruso, Vladímir Putin, pero las organizaciones de derechos civiles, juristas e incluso diputados de partidos de la llamada oposición sistémica -como el Partido Comunista, cuyos diputados votaron todos en contra, o el ultranacionalista Partido Liberal Democrático, que suelen apoyar al partido del Gobierno- han criticado el texto que consideran que podría vulnerar la Constitución. La iniciativa es, ha dicho el diputado comunista Andrei Kurinni, “como la caza de brujas de un periodo conocido de la historia de Estados Unidos”.
La sincronización y los términos del texto legal no dejan lugar a dudas de que se está adoptando “expresamente” para las elecciones parlamentarias de septiembre, apunta la abogada Anastasia Burakova, de la organización Human Rights Project, vinculada a la marca Rusia Abierta, fundada por el magnate y opositor Mijail Jodorkovski. Burakova señala que además su efecto retroactivo es anticonstitucional: “Una persona no puede ser sancionada por un acto que en el momento de su comisión no era delito”, explica por teléfono. “Sospecho que van a limpiar el campo completamente de cualquiera que, de una forma u otra, estén asociados a las estructuras de Navalni: quienes apoyaron sus investigaciones, su sede política o incluso quienes fueron voluntarios”, alerta.
La escala de afectados es grande también porque el texto legal, de momento y a falta de enmiendas, es arbitrario y da a las autoridades el poder de estirarlo e interpretarlo. El Kremlin, que ha agudizado la represión contra la oposición, se mueve cada vez más rápido para despejar el camino al partido al que apoya, Rusia Unida, en las parlamentarias de otoño. La formación política, que preside el ex primer ministro y expresidente Dimitri Medvédev, ahora jefe del Consejo de Seguridad Nacional, llega bajo mínimos de popularidad, con un 30% en intención de voto, según las encuestas, y el Kremlin teme que con esos mimbres no pueda mantener la super mayoría de casi el 75% de los escaños que tiene ahora. También teme un verano caliente de protestas, como el de 2019, cuando el veto a candidatos independientes a las elecciones municipales de Moscú desencadenó grandes movilizaciones y alimentó el descontento social.
La número dos de Navalni, Liubov Sobol, y otros aliados del opositor que buscaban concurrir a los comicios como independientes podrían con el nuevo texto legal ver totalmente cerradas sus puertas. Aunque lo cierto es que las autoridades ya suelen poner trabas a la disidencia para concurrir, los intentos para garantizarse las herramientas han aumentado. La Fundación Anticorrupción de Navalni está clasificada como “agente extranjero”, una etiqueta que implica que reciben algún tipo de apoyo del exterior que no solo tiene una fuerte carga negativa sino que también implica severas auditorías y cargas económicas y que las autoridades pueden imponer a entidades, medios de comunicación y más recientemente a personas.
En abril, la Duma aprobó una nueva ley sobre la participación política que veta el acceso a determinados puestos municipales a personas relacionadas con una entidad “agente extranjero” y obliga a candidatos vinculados con esas organizaciones a señalarlo claramente en las papeletas, la propaganda electoral. La medida podría emplearse también contra las personas relacionadas con la iniciativa Smart vote, diseñada en 2019 por el equipo de Navalni para las elecciones municipales de Moscú y que estudia y publica qué candidatos registrados tienen más posibilidades de ganar a Rusia Unida.
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