La Duma Estatal, el Parlamento ruso, ha aprobado en la primera de tres lecturas una serie de enmiendas al Código Penal para castigar más severamente la colaboración con organizaciones extranjeras “en contra de los intereses nacionales” y cambiarse de bando en aquellas “acciones donde Rusia participe que impliquen el uso de armas”. Un eufemismo que abarcará desde ahora la ofensiva sobre Ucrania, a la que Moscú no considera legalmente una guerra, sino una “operación militar especial”, con todas las limitaciones que ello tiene para una movilización y los derechos de sus combatientes.
Con esta “aclaración” —como lo han definido los diputados del partido del presidente ruso, Vladímir Putin, que han presentado la reforma—, los militares que se pasen al lado ucranio podrían enfrentarse hasta a 20 años de prisión. Según ha explicado uno de ellos a Interfax, Ernest Valéyev, la responsabilidad penal por la alta traición existía en las leyes soviéticas, “pero cuando redactaron el Código Penal de la Federación de Rusia, esta disposición desapareció”.
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La nueva legislación también prevé entre 12 y 20 años de cárcel y una multa de hasta medio millón de rublos (algo más de 9.000 euros al cambio oficial) para los ciudadanos rusos que en “operaciones militares” participen en ellas “en contra los intereses del país”.
Además del cambio de bando, será perseguida con entre 2 y 8 años de prisión y un millón de rublos cualquier colaboración con organizaciones extranjeras, no solo servicios de inteligencia, “que estén dirigidas contra la Federación de Rusia”.
Una de las enmiendas amplía la responsabilidad penal a los ciudadanos rusos que apoyen a las organizaciones declaradas indeseables por el Kremlin no solo dentro del país, sino también fuera de sus fronteras. Entre ellas figuran Rusia Abierta, del millonario exiliado Mijaíl Jodorkovski, y Bellingcat, una plataforma de investigación extranjera que entre otras pesquisas reveló el seguimiento del Servicio Federal de Seguridad (FSB) al opositor Alexéi Navalni, algo que el propio Putin confirmó a finales de 2020.
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Las nuevas enmiendas considerarán punible con entre 10 y 20 años de cárcel la recopilación de datos “con el fin de transferir al enemigo información que pueda ser utilizada contra las Fuerzas Armadas rusas”.
Asimismo, la reforma contempla multas de hasta un millón de rublos (alrededor de 18.000 euros) por hacer llamamientos públicos contra las autoridades rusas, acciones que serán castigadas con hasta siete años de cárcel si el Kremlin estima que existe una amenaza violenta.
Los cambios legales implican también un aumento de ocho a 18 años de la pena máxima por reclutar mercenarios. Según la ley, un mercenario “es una persona que actúa para recibir una recompensa material y no es ciudadano del Estado que actúa en conflictos armados ni reside permanentemente en su territorio”.
Pese a esta prohibición, en Rusia operan contratistas como Wagner, cuyos combatientes han actuado en escenarios como Ucrania, Libia y Siria; y al margen de su legislación, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, anunció el pasado 11 de marzo el reclutamiento de miles de sirios para que reforzasen su operación especial en Ucrania.
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