Con la popularidad del partido del Gobierno, Rusia Unida, bajo mínimos a 10 meses de unas elecciones legislativas cruciales y alertado por las protestas ciudadanas que calientan el Lejano Oriente ruso y parte del espacio postsoviético, el Kremlin no está dispuesto a dejar resquicios para la oposición. Varios proyectos de ley que han iniciado su andadura parlamentaria proponen endurecer las ya rígidas leyes electorales rusas y restringir más el derecho de manifestación. Aludiendo a la prevención de “injerencias exteriores”, buscan ampliar la infame etiqueta de “agente extranjero”, asociada desde el estalinismo a la subversión y el espionaje, a candidatos electorales que reciban cualquier tipo de apoyo de fuera; lo que podría alejarles de la política. Las medidas, suficientemente abstractas para abarcar a un buen número de personas, darían más herramientas a las autoridades para vaciar las listas de candidatos peligrosos y aspirantes independientes.
La ley rusa ya contempla desde 2012 declarar “agente extranjero” a organizaciones no gubernamentales y de defensa de los derechos humanos que reciban financiación desde el exterior. Una fórmula que las entidades sociales llevan años denunciando como una manera de impedir su trabajo. En 2017, se incluyó también a medios de comunicación y hace un año a periodistas y blogueros. No es solo un símbolo o una frase —bastante tóxica y muy relacionada con el concepto de “enemigo del Estado” de los tiempos soviéticos—, los etiquetados así deben someterse a más controles, registros y auditorías estatales.
La propuesta ahora es extender el término a “personas involucradas en actividades sociales o políticas” que hayan recibido “apoyo material u organizativo” del exterior, “beneficios inmobiliarios”, e incluso abre la puerta a usarlo con personas que hayan asistido a un evento organizado o patrocinado desde fuera de Rusia o por alguien extranjero. También podrán ser declaradas “agentes extranjeros” las personas que recopilan información sobre las actividades militares de Rusia y candidatos electorales afiliados o relacionados con una persona declarada “agente extranjero”.
El prominente opositor Alexéi Navalni, que se recupera en Alemania del envenenamiento sufrido este verano en Siberia del que acusa directamente al presidente Vladímir Putin, suele ser vetado ya por otras y diversas circunstancias, como las condenas judiciales. Pero la nueva legislación, sumada a la batería de medidas que la Administración usa habitualmente para bloquear a la disidencia, podría poner muchas dificultades ahora también a su equipo o a cualquiera relacionado “directa o indirectamente” con sus iniciativas, cree la politóloga Tatyana Stanovaya.
El Fondo Anticorrupción fundado por Navalni, que se dedica a divulgar escándalos de las élites políticas y económicas del país, ya recibió la etiqueta de “agente extranjero” en 2019. Ahora podría usarse contra las personas relacionadas con su iniciativa Smart vote, diseñada ese mismo año, para las elecciones locales de Moscú, que estudia y publica qué candidatos registrados tienen más posibilidades de ganar a Rusia Unida. La iniciativa ayudó este año a que candidatos independientes se hicieran un hueco en varias regiones de Siberia.
Además, si un candidato declarado “agente extranjero” logra la aprobación para ir en las listas, tendrá que llevar bien visible esa etiqueta en las papeletas, la propaganda electoral e incluso se propone que los medios que informen sobre ellos tengan que usarla. Algo que, dado las connotaciones negativas del término podría disuadir del voto. Ser “agente extranjero” cerrará también la posibilidad de ocupar ciertos puestos de Gobierno, como en los municipales. “Estamos ante un intento de ampliar el concepto de influencia exterior y el catálogo de condiciones propuestas es tan amplio que se podría emplear casi con cualquiera. Es básicamente un intento más de prohibir una oposición liberal en Rusia”, remarca Stanovaya, colaboradora del Centro Carnegie de Moscú y fundadora de la consultora R.Politik.
La abogada Liubov Sobol, aliada de Navalni, ya se prepara para postularse como independiente en las elecciones de la Duma estatal del próximo septiembre. Lo intentó para los comicios locales de Moscú, el año pasado, pero recibió el veto de la Administración. Llegó a ponerse en huelga de hambre para reclamar su derecho a concurrir, pero no lo logró. Comenta que, pese a que sabe que para el año que viene “todo serán trabas”, está preparada para luchar por un puesto en las listas. “Estoy segura de que si a Navalni o a mí se nos permitiera postularnos y se nos dieran las mismas oportunidades legítimas que los candidatos en el poder tienen para hacer campaña, ganaríamos con una puntuación aplastante. Putin y [el líder bielorruso Aleksandr] Lukashenko se ven obligados a recurrir a medidas represivas contra la disidencia porque entienden que disponen de pocas medidas para mantener el poder de otra forma”, dice.
El Kremlin y su entorno, señalados precisamente por la injerencia en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 y otras, son ahora quienes deslizan cada vez más habitualmente en su discurso la idea de la amenaza de interferencia exterior en los próximos comicios rusos. “No es ningún secreto que los Gobiernos extranjeros y las ONG asignan sumas impresionantes para apoyar cierta actividad política en Rusia. De hecho, esta es una forma de injerencia grave en los asuntos internos”, ha dicho Dmitri Vyatkin, destacado parlamentario de Rusia Unida.
El trasfondo de todo es que el partido del Gobierno no parte de una buena situación para las elecciones a la Duma estatal, señala Abbas Gallyamov, antiguo escritor de discursos para el Kremlin dedicado ahora al análisis y consultoría política. Durante más de medio año, la calificación de Rusia Unida ha fluctuado entre el 31% y el 34%. En agosto, vivió su mínimo histórico con el 30,5%, según la encuestadora estatal VCIOM. Y las perspectivas de crecimiento no son visibles, con una previsión de contracción del PIB del 6% para Rusia, según el Banco Mundial, y los bolsillos de la ciudadanía rusa resentidos por la palpable caída en los ingresos reales —más acentuada aún debido a la pandemia—.
Con datos así, Rusia Unida se verá en dificultades para mantener la supermayoría en el Parlamento. Esa fortificación actual, unida a que la oposición que ocupa el resto de asientos —comúnmente denominada “oposición sistémica”— acumula los votos del descontento pero luego apoya a Putin en los momentos determinantes, como el populista y ultranacionalista Partido Liberal Democrático o los comunistas, le garantiza el control sobre la aprobación de leyes.
La pérdida de apoyo de Rusia Unida no es nueva. La marca se ha vuelto de alguna manera algo venenosa y el verano pasado no pocos miembros del partido optaron por concurrir a las listas como independientes para alejarse de su imagen, pero eso no funcionaría para las elecciones legislativas. En otras ocasiones el presidente ruso, Vladímir Putin —cuya popularidad, según las encuestas, también ha caído este año sin embargo— tuvo que intervenir y reasociar su imagen al partido. Aunque aquella estrategia no hizo crecer el apoyo ni garantizó una remontada sino que básicamente detuvo la caída, explica Abbas Gallyamov. Ahora, el plan es mantenerse y seguir vendiendo esa imagen de estabilidad. Y jugar con herramientas antiguas, como la habitual de alejar del espacio público y los medios a la disidencia para evitar ofrecer la imagen de que están surgiendo alternativas, y nuevas, como esta ampliación de la etiqueta de “agente extranjero” que puede poner más palos en las ruedas de candidatos opositores.
Ese veto a la disidencia probablemente sucederá. Y se desencadenarán protestas, adelanta el analista Gallyamov, como ya ocurrió en las elecciones locales de Moscú el año pasado, que se rodearon de las mayores manifestaciones en casi una década para reclamar unas elecciones abiertas. Con los antecedentes de Bielorrusia, que vive protestas históricas desde las elecciones presidenciales de agosto que Lukashenko reclama con el 80% de los votos pese a las denuncias de fraude, o Kirguistán, donde las movilizaciones que denunciaron la adulteración de los comicios derribaron al Gobierno en octubre, el Kremlin quiere cubrir todas las bases. Así, se han incluido en el paquete también más instrumentos para limitar las reuniones públicas y las manifestaciones, además de establecer más reglas a los periodistas que las cubren.
La ciudadanía rusa suele sortear las estrictas reglas que obligan a obtener una autorización administrativa para manifestarse con fórmulas creativas como los denominados piquetes solitarios, una protesta de una sola persona, que a menudo se hace por turnos y que puede desencadenar enormes colas para alzar una pancarta durante unos minutos. Un método cada vez más popular (entre marzo y agosto se hicieron 774 piquetes solitarios en los que en realidad participaron miles de personas, según la ONG Apology of Protest) que estará también muy restringido.
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