Quiero volver a casa, del dramaturgo Serguéi Mijalkov, fue una popular obra de teatro de 1948 sobre los supuestos niños soviéticos que fueron arrancados de sus familias por el Tercer Reich y nunca fueron devueltos. Una lección que no ha tenido en cuenta para su guerra el presidente Vladímir Putin, aficionado a la historia y sobre el que pesa una orden de arresto internacional por la deportación de niños ucranios a Rusia. La comunidad internacional exige la devolución de los menores a sus familias —la propaganda del Kremlin sostiene sin pruebas que la mayoría son huérfanos— y los defensores de derechos humanos rusos denuncian que no existe ningún registro al que puedan acudir sus seres queridos para localizarlos.
El traslado forzoso de los niños ucranios presenta varias aristas. Por un lado, están los innumerables casos de quienes estaban internados en centros de menores que tomaron los rusos y cuyo destino se desconoce. Por otro, los niños que fueron enviados por los propios padres a territorio ruso para alejarlos temporalmente de la guerra, pero no han sido devueltos cuando cambiaron las tornas en el frente. Por ejemplo, en las zonas recuperadas por Kiev en Jersón y Járkov.
En Kozacha Lopan, un pueblo del norte de Ucrania fronterizo con Rusia, faltan 11 de los 13 menores que los rusos se llevaron en agosto a un campamento de verano cuando mantenían esta localidad ocupada. Los dos que están de vuelta los consiguieron traer sus madres, que se adentraron en Rusia en una aventura que una de ellas, Tatiana Glagola, narra para este reportaje. La alcaldesa, Lyudmila Vakulenko, de 62 años, da por perdidos a los que no han regresado. Sabe que los padres, a los que considera unos “traidores a la patria”, acabaron siguiendo los pasos de sus hijos y dieron el salto al país vecino.
Kozacha Lopan refleja la espinosa y complicada realidad de la deportación de niños en medio de un conflicto, un acto considerado un crimen de guerra. Ucrania tiene identificados a más de 16.000, pero calcula que son unos 150.000, de los que solo han regresado unos 300, según datos del Defensor del Pueblo, Dmytro Lubinets. Eso ha llevado al Tribunal Penal Internacional a emitir el 17 de marzo una orden de arresto contra Putin y la Defensora del Menor de Rusia, María Lvova-Belova. “Todo el mundo está en su contra. Pero cuál va a ser su reacción, no tengo ni idea, nadie lo sabe”, señala la alcaldesa de una localidad que no solo linda con el país atacante, sino que acoge a familias donde los pasaportes están divididos.
Una pregunta flota de manera sistemática en el ambiente. ¿A quién se le ocurre enviar a su hija un campamento con las autoridades que te han invadido? “Había muchos bombardeos y explosiones. Así que decidimos enviarla lo más lejos posible. Aceptamos esa oferta por nosotros mismos. No nos presionaron”, comenta a través del teléfono Tatiana Glagola, vecina de Kozacha Lopan de 38 años, que mandó a su hija Polina, de 9, al campamento el 28 de agosto junto al resto de niños. La pequeña tenía que haber regresado el 21 de septiembre, pero el día 11 la contraofensiva de las tropas locales hizo que Kiev expulsara a los rusos y recuperara la autoridad en el pueblo. La niña se quedó al otro lado hasta que su madre fue en persona a recuperarla. Similares situaciones han vivido otras familias con las que ha estado en el este de Ucrania. Las respuestas a esa pregunta suelen ir en la misma dirección: el objetivo era sacar a sus hijos de la guerra como fuera.
La alcaldesa de Kozacha Lopan, Lyudmila Vakulenko, de 62 años, en su despacho el 24 de marzo.Luis de Vega
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Glagola, la madre de Polina, desconoce la existencia de la orden de arresto contra Putin. “No tengo ni idea. No tenemos ni tele. No estoy al día de las noticias”, afirma al ser preguntada al respecto. Desde el 2 de noviembre que retornó con su hija, la familia ha vuelto a estar unida en un pueblo que fue liberado pero que permanece con apenas 1.500 de sus más de 6.000 habitantes. Acostumbrada ya, Glagola cuenta que los bombardeos que casi a diario llegan desde Rusia a Kozacha Lopan no han dañado su vivienda. Como la alcaldesa, reconoce que los padres de los otros 11 niños se fueron al otro lado de la frontera. “No lo sabemos seguro, pero tenemos información de que algunos se encuentran en Belgorod (ciudad rusa a unos 40 kilómetros de Kozacha Lopan) porque sus padres realizan a través de canales comentarios contra Ucrania desde esa ciudad. Ellos eligieron estar en ese lado, tomaron su decisión”, resume Lyudmila Vakulenko.
Nadie sabe nada de los niños en Rusia
Los menores deportados a Rusia ya identificados, 16.207, según los datos ofrecidos a mediados de febrero por el Defensor del Pueblo, son la punta del iceberg, sostiene el titular de esa institución, Dmytro Lubinets. Kiev calcula que, en realidad, son 150.000 los niños y adolescentes ilegalmente transferidos a distintas regiones de Rusia o a zonas de Ucrania en las que la autoridad rusa detenta el poder. En medio de esa amalgama de estadísticas y confirmaciones complicadas de realizar bajo una guerra, las autoridades de Kiev informaron el 11 de marzo de que 2.161 menores huérfanos habían sido ilegalmente trasladados fuera de su entorno, según la viceprimera ministra y ministra para la Reintegración de Territorios Temporalmente Ocupados, Irina Vereshchuk.
Hasta el momento, solo se ha conseguido traer de vuelta unos 300, según Lubinets. “Estos han sido los pocos casos exitosos hasta ahora porque había información en ambos lados”, dice Svetlana Gánnushkina, defensora de derechos humanos rusa y candidata al premio Nobel de la Paz. “En Rusia sabemos muy poco del destino de los niños. Los ucranios tienen más datos porque reciben la información de los padres y de otros familiares, pero los niños muy rara vez pueden exigir aquí que les pongan en contacto con los suyos. Muchos no son lo suficientemente mayores para tener el teléfono de sus familiares o saber dónde se encuentran sus abuelos”, agrega la directora de la ONG defensora de los extranjeros Iniciativa Ciudadana.
El partido opositor del que forma parte Gánnushkina, Yábloko, exige la creación de un registro de menores ucranios. “Desde hace más de un año nadie sabe nada sobre lo que está ocurriendo con estos niños, adónde los llevan, qué trabajo se hace con ellos, quiénes y cuántos son”, denuncia por su parte el fundador de la formación, Grigori Yavlinski.
Niños de Crimea para adoptar
El Gobierno ruso tiene un buscador público para acoger niños, usynovite.ru (”adopte”, en ruso). En esta base de datos se puede elegir al menor por sus características, e incluye, además de su foto y una breve descripción, el color de ojos y el grupo sanguíneo, entre otros rasgos. El registro está actualizado con las cuatro regiones ucranias ilegalmente anexionadas en septiembre del pasado año, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, pero la búsqueda no da ningún resultado allí. Sí lo hace en Crimea, la península ucrania ocupada por Rusia desde 2014. Ahí aparecen 202 entradas, muchas de ellas de los últimos meses. “Andréi, amable, curioso, activo, artista, emotivo y atento. Miembro del coro del colegio”, dice una entrada al azar. Sin embargo, un detalle importante es obviado: la nacionalidad. Es imposible saber si son menores ucranios.
En la sede de Iniciativa Ciudadana se sucede un trajín constante de extranjeros. “Hay cosas peligrosas en el envío de estos niños a familias”, advierte Gánnushkina. “Me llamó una chica que había recibido seis niños ucranianos. Y solicitaba dinero para mantenerlos. Cuando le pregunté qué base jurídica tenía para acogerles, me dijo que había un acuerdo entre la así llamada República Popular de Donetsk y la región de Moscú. Pero no volvió a llamarnos porque tenía miedo ante las cuestiones legales que suscitaban nuestras preguntas”, relata la activista. “¿En qué condiciones estaban? Eran seis niños adoptados más tres que ya tenía de antes. ¿En qué piso iban a vivir, incluso aunque fuera una noche?”, se pregunta Gánnushkina.
Oxana, militar ucrania de 42 años, en el momento de reencontrarse en Kiev con su hija Eva, de 11, tras regresar de Rusia el pasado 17 de diciembre.Luis de Vega
Uno de los mayores problemas es el de los centros de menores de los territorios ocupados. “La línea oficial de la propaganda rusa habla de que están salvando a huérfanos, pero en realidad están separando familias”, denuncia Bill Van Esveld, miembro de Human Rights Watch (HRW) y autor del informe Tenemos que proveer una familia, no reconstruir orfanatos. “Nueve de cada 10 niños de estas instituciones tienen familiares. No están allí porque sus padres murieran o abusaran de ellos; los dejaron allí, en general, por pobreza o porque el niño tenía alguna deficiencia y no podían atenderle”, resalta el activista.
La Defensora del Menor rusa calcula que en febrero de 2022, a las puertas de la guerra, fueron trasladados unos 2.500 menores de los centros de Donetsk y Lugansk a campos de refugiados en territorio ruso. “Esto es ilegal bajo las leyes internacionales, no puedes trasladar civiles, y en particular niños, a otro lado durante una guerra o una ocupación. Solo por motivos de seguridad, pero no parece que haya sido el caso habitualmente. Por eso pensamos que esto es un crimen de guerra”, subraya Van Esveld.
A la falta de una base de datos se suma además otro problema que dificulta aún más su búsqueda. El Gobierno ruso agilizó la concesión de la nacionalidad rusa a los menores para facilitar su acogida por las familias. “Se cambió la ley para hacerles permanentemente adoptables, no puedes adoptar niños ni recibir ayudas si tienen nacionalidad ucrania”, recalca el activista de HRW.
Desucranización y rusificación de los menores
Quince de los niños, originarios de las regiones ucranias de Járkov y Jersón, regresaron esta misma semana, según anunció la ONG Save Ukraine. Habían permanecido los últimos meses en lo que esta organización califica de campos de reeducación. La Yale School of Public Health ha detectado la presencia de hasta 6.000 menores en 43 instalaciones de este tipo que forman parte de una red no solo de reeducación sino también de adopción que se extiende desde Crimea hasta la región rusa de Siberia, según un informe publicado el 14 de febrero. La investigación sobre los abusos no solo denuncia que las autoridades rusas impiden la reagrupación familiar, sino que, en algunos casos, hasta se imparte entrenamiento militar a los niños.
La Defensora del Menor de Rusia presumió en un encuentro con Putin celebrado en septiembre de la reeducación forzosa de los niños para que olviden sus raíces. “Al principio hablaban mal sobre el presidente [de Rusia], decían todo tipo de cosas desagradables y cantaban el himno de Ucrania, pero después empezó la integración”, dijo Lvova-Belova a Putin. Según sus cifras, unos 380 menores habían sido adoptados por familias rusas a finales de 2022.
“Si los niños de otra nación van a ser traídos a Rusia, nuestro país tiene que garantizar que va a recibir una formación en su lengua y su cultura”, denuncia Gánnushkina, que pone como ejemplo otros menores sirios que fueron acogidos temporalmente por su organización bajo tutelaje de adultos sirios. “Sacar los niños de su medio e imponerles la lengua y la cultura de otro país se considera genocidio”, advierte la activista.
La misma opinión la comparte Human Rights Watch. “Es un crimen, por eso la Convención de Ginebra persigue el traslado forzoso. Algunos tienen dos años o menos, no pueden ser apartados de su familias, de su comunidad, y que les inyecten una nacionalidad diferente”, denuncia Van Esveld.
Por otro lado, la situación en las regiones ocupadas podría ser incluso peor. Desde la asociación Museo de las Voces Civiles, fundada por el multimillonario ucranio Rinat Ajmétov, señalan a este periódico que algunas de las familias adoptivas de las regiones de Donetsk y Lugansk —en ciudades como Mariupol, Rubizhne y Volnovaja— a las que ayudaba la organización del empresario no han podido escapar de la zona. “Y los menores han sido reasignados a las autoridades locales de los invasores”, agregan las mismas fuentes de la fundación. “Los teléfonos de estas familias adoptivas son escuchados y sus redes sociales han sido bloqueadas. No es seguro para ellas contactar con los representantes de Ucrania”, concluyen.
Ni Tatiana Glagola ni las otras madres consultadas por han alertado de maltratos durante el tiempo en que sus hijos han permanecido en los campamentos. Así lo cuenta Glagola: “Todo fue correcto, los profesores les daban ropa, zapatos, teléfono nuevo… A mi hija se le rompieron las gafas y le hicieron unas nuevas y la llevaron al médico para que le comprobara la vista. Mi hija no me ha contado nada malo del campamento. Las llevaban a las clases, como en la escuela, un par de veces por semana para que no olvidaran. Ahora desafortunadamente solo asiste a clases online”, comenta desde su vivienda de Kozacha Lopan.
“La deportación de niños es un crimen de guerra”, enfatizó el jueves la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Twitter. En su mensaje informó de que la UE colaborará para hacer efectiva la repatriación con Ucrania y Polonia, territorio que suele emplearse como vía de tránsito para traerlos de vuelta.
Kiev no oculta que algunos de los retornos se consiguen gracias a la colaboración directa con las autoridades rusas. Dmytro Lubinets informó el jueves del regreso de dos menores obtenido gracias a “la cooperación entre los defensores del pueblo de Ucrania y la Federación Rusa”. La casuística varía, según el Gobierno que preside Volodímir Zelenski, que acusa a Moscú de destruir documentos de manera deliberada para impedir averiguar o restaurar la situación inicial de esos menores. Los hay huérfanos, aquellos cuya tutela y custodia estaba en manos del Estado, algunos incluso discapacitados, acompañados de sus padres o tutores, que, por causas del conflicto armado, han sido separados de sus padres o estos han muerto.
Tatiana Glagola insiste en que, pese a reclamar ayuda, nadie la ayudó a organizar el viaje para recuperar a su hija junto a la otra madre del pueblo. Primero atravesaron toda Ucrania hacia el oeste, salieron por Polonia, cruzaron Bielorrusia y, desde allí, llegaron a Anapa, a orillas de mar Negro y cerca del estrecho de Kerch que conecta con la península de Crimea. El campamento Vita en el que cuenta que estuvo su hija Polina permite incluso hacer reservas a través de diferentes plataformas. “En 15 minutos”, explica que se identificaron, mostraron su documentación y recuperaron a sus hijos. Al entrar de nuevo en Ucrania días después, los guardias fronterizos, al conocer su periplo, las tacharon de “locas”.
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