Centro de reclutamiento móvil del ejército ruso en el centro de San Petersburgo, el 28 de mayo.ANTON VAGANOV (REUTERS)
Los halcones del Kremlin desdijeron la semana pasada a su presidente, Vladímir Putin, al admitir que la ofensiva sobre Ucrania no marcha según sus planes. “No se están cumpliendo los plazos establecidos”, reconoció en una entrevista el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolái Patrúshev. Después de tres meses de combates, el Kremlin sigue manteniendo que se trata oficialmente de una “operación militar especial” y no de una guerra, aunque ya ha emprendido los primeros pasos para una futura movilización si su aventura militar se alarga en el tiempo. Hasta entonces, el estatus jurídico de la campaña ha permitido que cientos de militares profesionales se nieguen a combatir sin que se conozca la apertura de un solo caso penal en su contra por incumplimiento del deber.
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“Todos los objetivos fijados por el presidente serán cumplidos. No puede ser de otra manera: la verdad, incluida la verdad histórica, está de nuestra parte”, afirmó Patrúshev en otra muestra de la connotación ideológica de la ofensiva. Justo antes de comenzar el conflicto, Estados Unidos estimó que Rusia había desplegado entre 169.000 y 190.000 militares en torno a Ucrania, la mayor parte de sus fuerzas de tierra, por lo que una campaña prolongada exigirá muchas más tropas para hacer rotaciones, incluso si solo se limita a defender el terreno que ha tomado bajo control.
A principios de mayo, el Kremlin tildó de “tontería” la perspectiva de una movilización general. Pero a los buzones de muchos rusos están llegando desde hace semanas unas confusas cartas que les invitan a acudir a la oficina de registro militar más cercana para “aclarar sus datos” de cara a “las acciones para una movilización de las reservas humanas”. Nadie recuerda un precedente similar en el pasado. Al llegar a la oficina de registro, no solo se toma nota de quiénes pueden ser convocados en una hipotética movilización; en ocasiones también se mandan hacer exámenes médicos o los funcionarios instan a firmar un contrato que mete automáticamente al ciudadano en la reserva, si no es enviado antes al frente. Según los abogados especializados en esta área, muchas personas creen erróneamente que es obligatorio acatar este proceso.
“En Rusia está teniendo lugar la preparación de una movilización. El Ministerio de Economía ha designado millones de rublos para este objetivo oficialmente; los puntos de reclutamiento están actualizando sus bases de datos y las empresas se están ajustando para esas necesidades”, explican fuentes de Llamamiento a la Conciencia, una plataforma creada por abogados y defensores de derechos humanos para dar asesoramiento legal sobre el reclutamiento a través de Telegram.
Hasta ahora no se ha producido una movilización obligatoria, pero muchos desconocen sus derechos y las aristas legales de lo que se encuentran en los puntos de reclutamiento. “Te llaman con la excusa de actualizar tus datos, pero al acudir te intentan convencer para alistarte”, resume uno de los dos casos de los que ha tenido conocimiento este periódico y que prefiere guardar el anonimato.
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Según Llamamiento a la Conciencia, la información puede ser “confusa” y el personal “persuade al potencial voluntario prometiéndole estabilidad, sueldos de 200.000 rublos (cuatro veces el salario medio ruso, unos 2.800 euros), que no le enviarán a zonas de combate o que se puede rescindir fácilmente el contrato”. “A veces se trata de promesas y desinformación. A algunos reclutas que están a punto de acabar les dicen que aún van a seguir en servicio y si firman al menos cobrarán dinero”, añaden.
Todo el proceso está siendo muy confuso y algunos puntos de reclutamiento han emitido órdenes como si ya hubiese sido declarado un estado de guerra. El abogado y fundador de la ONG de derechos humanos Ágora, Pável Chikov, reveló en sus redes sociales que un centro de San Petersburgo exigió ilegalmente a una empresa que entregase sus furgonetas “para tareas de movilización”.
Exámenes médicos para empleados del Metro
Algo similar ha pasado en algunas compañías. La esposa de un empleado del Metro de Moscú denunció al diario Viórstka que reunieron a la plantilla “y ordenaron verbalmente a todos los hombres que se sometieran a un examen médico extraordinario para su posible envío a la guerra en Ucrania”. El pánico les hizo creer que les estaban reclutando, algo que no es legal ahora, aunque las empresas ya pueden recibir órdenes de ir preparando el terreno para llamar a los reservistas.
En las páginas web de empleo rusas han aparecido ofertas de trabajo donde se busca “personal especializado en movilizaciones”. El objetivo, desde gestionar el papeleo en la llamada a filas hasta reorganizar la cadena de trabajo en todo tipo de sectores, incluidos hospitales, fábricas y universidades.
La movilización, total o parcial, solo la puede decretar el presidente, Vladímir Putin. La reserva incluye tanto a quienes han hecho la mili como el servicio civil alternativo, y las cifras de reservistas son información clasificada, aunque los datos que manejan think tanks estadounidenses como Council on Foreign Relations estiman que cuenta con unos dos millones de miembros. Pero son números que solo se sostienen en papel: en 2014, al inicio de la guerra de Donbás (este de Ucrania), el Ministerio de Defensa ruso admitía que solo contaba con unos 8.000 reservistas entrenados para el combate moderno y quería elevar su cifra a unos 80.000.
El servicio militar es obligatorio en Rusia hasta los 27 años, pero por ley el Kremlin solo puede enviar soldados profesionales a una guerra —y esta no ha sido declarada oficialmente—. Sin embargo, el Ministerio de Defensa reconoció en marzo que se ha registrado la presencia de reclutas en Ucrania, lo que tildó como “un error”, según su versión. Hay dos llamadas al servicio militar al año y en la de primavera fueron avisados unos 135.000 jóvenes.
Con vistas a facilitar el alistamiento, el Parlamento ruso también ha suprimido esta misma semana de forma exprés el límite de edad para firmar el primer contrato militar, el cual estaba fijado en 40 años para los rusos y 30 para los extranjeros. De hecho, las cartas para la “aclaración de datos” han llegado incluso a extranjeros que obtuvieron la nacionalidad rusa en el pasado.
Unos militares rusos, durante el desfile del Día de la Victoria, el pasado 9 de mayo en la plaza Roja de Moscú.ALEXANDER NEMENOV (AFP)
Como muestra de la preocupación sobre el reclutamiento, el gabinete de abogados de Pável Chikov recibió hasta mediados de mayo más de 2.000 consultas sobre la movilización y cómo evitar ser enviado a Ucrania. “Si en un principio eran mayoritariamente mujeres [familiares de los militares] quienes escribían, ahora ha aumentado el número de solicitudes de hombres”, remarcó el letrado en sus redes sociales.
El despido, máximo castigo por no combatir en Ucrania
Según la coalición de abogados, incluso durante la movilización se puede apelar a la objeción de conciencia para no ser enviado al frente porque la legislación en tiempos de guerra acata la Constitución, y su artículo 59 dice que “las personas cuyas creencias o religión son incompatibles con el servicio militar tienen derecho al servicio civil alternativo”. La página web del Ministerio de Defensa informa de que estas ideas pacifistas pueden ser de todo tipo, “filosóficas, morales, éticas, políticas o religiosas”, por lo que en teoría sería una decisión personal aceptar ir al frente.
“Desafortunadamente, conocemos el precio de los derechos y libertades en la Rusia moderna. La presencia de un derecho en la Constitución y las leyes internacionales no significa que este derecho pueda implementarse en la práctica”, denuncia Llamamiento a la Conciencia.
De momento, la denominación de la ofensiva en Ucrania como una “operación especial” ha protegido legalmente a cientos de soldados que rechazaron acatar órdenes. Su único castigo ha sido hasta ahora el despido. “Los hechos han demostrado que cuando los militares renuncian porque no quieren participar en una operación especial, finalmente son despedidos y no se inician casos penales”, señala Alexánder Bélik, coordinador del Movimiento de Objetores de Conciencia.
El último ejemplo se remonta al pasado 25 de mayo, cuando el tribunal militar de Nalchik desestimó la demanda de 115 miembros de una unidad de la Guardia Nacional (Rosgvardia) de Kabardia-Balkaria para que les fueran restituidos los empleos que perdieron al no cumplir órdenes al inicio de la ofensiva. Los detalles del caso fueron declarados información clasificada, como sucedió a principios de mayo en otro juicio parecido a puerta cerrada con 25 militares de una guarnición de Vladikavkaz.
“Cada vez hay más casos de miembros de la Guardia Nacional que impugnan sus despidos en los tribunales”, señaló el abogado Mijaíl Benyash al mencionar este último caso en su canal personal de Telegram. El letrado llevó la primera denuncia conocida por una expulsión supuestamente improcedente del ejército. Al segundo día de comenzar el conflicto, un jefe de pelotón y 11 soldados del destacamento ruso Plastún se negaron a cruzar la frontera alegando que no tenían los pasaportes en regla para viajar al extranjero y que sus funciones se limitaban al territorio de la Federación de Rusia. Posteriormente, reclamaron ante la justicia que sus despidos fueran declarados improcedentes.
La tensión provocada por la ofensiva sobre Ucrania también ha disparado los casos de puntos de reclutamiento que han sido vandalizados. Al menos una docena de ellos han ardido por todo el país desde que comenzó la “operación especial” el pasado 24 de febrero, según ha podido constatar The Moscow Times, diario declarado agente extranjero por las autoridades.
Solo el fin de semana del 15 de mayo fueron atacados tres centros con cócteles molotov, varios de ellos situados en el Distrito Militar Sur, uno de los más involucrados en el conflicto. En ocasiones incluso se grabó la acción, como ocurrió en Nizhnevartovsk. Hasta ahora no ha habido víctimas en estos ataques contra los puntos de reclutamiento.
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