La presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, ha devuelto al Parlamento sin firmar la ley sobre la protección de los valores familiares y de los menores’ que recorta los derechos LGTBI y que prohíbe entre otras cuestiones la “propaganda” relacionada con este colectivo, la reasignación de género o el matrimonio igualitario.
Zurabishvili, considerada el contrapeso europeísta a un Gobierno cada vez más prorruso, no ha justificado formalmente un rechazo que ya venía anticipando y ahora el texto vuelve al Parlamento, donde previsiblemente saldrá adelante. Basta con que el presidente del órgano legislativo, Shalva Papuashvili, lo avale en un plazo máximo de cinco días.
La reforma, semejante a otra ya en vigor en Rusia, ha recibido críticas de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, entre ellas la ONU, que teme que puedan estar en peligro principios de igualdad, no discriminación, educación, salud, libertad de expresión, así como las libertades de reunión pacífica y asociación.
También el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha cuestionado la norma y ha pedido directamente su retirada, advirtiendo de que implica un nuevo paso atrás en el teórico acercamiento de Georgia al bloque comunitario.
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