El constitucionalista mapuche Salvador Millaleo (Talca, 49 años), uno de los más reconocidos abogados expertos en asuntos indígenas, fue el hombre clave del programa presidencial de Gabriel Boric en estas materias. Militante de Revolución Democrática del Frente Amplio de izquierda, el académico de la Universidad de Chile ha sido uno de los cerebros de una propuesta de Constitución marcada por la plurinacional y debutó en marzo en La Moneda como coordinador de temas indígenas del Ministerio del Interior, liderado por Izkia Siches.
Luego de un aterrizaje complejo de Siches en la cartera, marcado por un atentado en un viaje a una comunidad indígena a tres días de asumir, Millaleo renunció al cargo tempranamente. En esta entrevista, la primera que concede desde entonces, analiza el conflicto “entre el Estado chileno y el pueblo mapuche”, como lo llama, la decisión del Gobierno de decretar un Estado de excepción acotado en la zona –pese a las promesas de campaña de sacar a los militares– y reivindica la vía política. Todo, en medio de un recrudecimiento de la violencia en La Araucanía.
Pregunta. ¿El Gobierno se encontró con una realidad más compleja en el tema indígena?
Respuesta. El tema indígena no es fácil para nadie. Se requiere mucha preparación para desarrollar estrategias políticas eficaces en un tema tan complejo. Se ha requerido tomar las cosas con mayor calma y mayor planificación y, sobre todo, entender que esto no se puede hacer –ni siquiera ahora– sin las fuerzas políticas mapuche más relevantes que están dispuestas al diálogo institucional. La posibilidad de acuerdo con los grupos radicalizados, en tanto, quizás fue sobrevalorada.
P. ¿Cómo describiría lo que ocurre en La Araucanía y en las zonas vecinas?
R. Es la profundización de un conflicto que tiene raíces históricas, pero que ha sido tan mal tratado que ha generado derivaciones ahora mucho más violentas. En términos internacionales, cuando uno lo explica en foros, este es un conflicto que sigue siendo de baja intensidad. De hecho, hay una variable de objetividad que se usa que es bastante cruel, el número de muertos. Y el número de muertos sigue estando en los estándares de baja intensidad, aunque está creciendo. Pero no es una guerra civil, no hay cientos de muertos.
P. ¿Es una guerrilla?
R. No, no califica para un conflicto armado interno. Pero lo problemático, por supuesto, es que la violencia se está incrementando no solo en número, sino en la calidad e intensidad. Porque cuando un conflicto como éste de índole étnico-político se maneja mal, empieza a expandirse y se entra en dimensiones más difíciles de manejar, con nuevos factores de criminalidad organizada.
P. ¿Piensa, entonces, que se están dando las condiciones para hablar, ahora sí, de terrorismo?
R. No creo, todavía. Me atemorizaría pensar que fuera una profecía que se auto cumpla. Que, si el Estado lo maneja todavía más mal, alguna vez aparezca algo más fuerte.
P. ¿A qué se refiere cuando habla de un mal manejo del Estado?
R. Una perspectiva que ha sido muy determinante en el mal manejo del conflicto ha sido el populismo penal, un punitivismo que ha tachado esto de terrorismo desde hace 20 años y que aplicó la Ley Antiterrorista cuando se producían ataques a maquinarias y no comprometían la vida humana. Eso determinó que el Estado haya empezado a aplicar ciertas políticas de criminalización que lo único que hicieron fue agravar el conflicto hasta llegar a la actualidad donde, repito, los hechos han crecido en número e intensidad.
P. ¿Cómo se explica este aumento?
R. Hay dos factores. Uno, que la relación con el pueblo mapuche se deteriora mucho. El Estado no logra generar un acuerdo con el pueblo mapuche. Por eso, a partir de 2010, la protesta pacífica política y no violenta pierde intensidad, mientras que aumenta la violencia política, lo que indica el fortalecimiento de los actores radicalizados.
P. ¿Y el segundo factor?
R. Que cuando se retira el Estado, el espacio lo comienzan a llenar otros poderes –como el robo de madera–, que generan ingresos, recursos. No es, como dice la derecha, que todo el movimiento mapuche subversivo está en esto o en el narcotráfico, pero sí que hay ciertos grupos que tienen algún contacto y dentro de ciertos grupos, partes que sí y partes que no.
P. ¿Los financian?
R. El mito del populismo penal es que estos delitos son el gran motor de financiamiento de los grupos radicalizados, pero creo que todavía no es así. Todavía hay una oportunidad de conducir las cosas de otra manera.
P ¿En el fondo del asunto sigue estando la restitución de tierras?
R. El tema de las tierras, efectivamente, es la base del conflicto histórico y el motor de las primeras orgánicas. Pero esto ha ido evolucionando. Se agregan los conflictos socioambientales: se aprueban proyectos de inversión sin consulta indígena y eso genera tensiones territoriales. Ahora, además, tienes una segunda generación, donde ya tienes presos y parte del conflicto se explica por la situación de los que fueron apresados los años anteriores.
P. ¿Es nuevo el enfrentamiento entre los mismos mapuche?
R. Tiene que ver con la tensión entre los que tienen una lógica político-institucional, de participación política y protesta, versus la lógica de la acción directa. Y un segundo elemento, la infiltración de los fenómenos [del robo de madera y del narco] que provoca problemas internos incluso dentro de los grupos que están por la vía armada.
P. ¿Cree que seguirá aumentando la violencia en la zona mapuche?
R. La violencia previsiblemente va a escalar, porque no hay nada que se haya hecho que permita pensar lo contrario. Los factores de escalamiento –más medios de violencia, no hay grandes transformaciones estructurales– no permiten decir que algo vaya a aplanar la curva. Aunque tengo esperanzas en que las transformaciones estructurales puedan partir con la nueva Constitución.
P. ¿Cómo caracterizaría a los grupos que están por la vía política?
R. Fue un espacio que estuvo muy decaído hasta el proceso constituyente, que logra generar un espacio institucional que estaba completamente anulado. Ese espacio ha seguido avanzando y, en el marco actual, si quieres buscar noticias positivas, están todas en la convención. La convención ha generado normas que van en la dirección de solucionar las grandes demandas históricas del movimiento mapuche e indígena. Por cierto, esto está amenazado por un establishment que no quiere una nueva Constitución y sigue apostando por un rechazo en el referendo
P. ¿Cómo debería implementarse la nueva Constitución?
R. Los actores políticos, ya no la convención, deben establecer un diálogo con los dirigentes institucionales del mundo indígena y llegar a grandes acuerdos con ellos. Es un camino correcto, aunque no un camino que vaya a producir mágicamente resultados por sí mismo. Respecto al otro diálogo, con los grupos violentos, hay que ser realistas: un diálogo con todos los actores no es posible porque ellos mismos han cerrado la puerta.
P. ¿Es una propuesta de Constitución indigenista, en un país con un 13% de indígenas?
R. Es una propuesta de Constitución que toma en serio el tema indígena. Quienes la catalogan de indigenista, irresponsables, son los mismos que piden que se recrudezca el Estado de excepción y quieren dejar sin espacio para generar la única vía posible para una solución del conflicto.
P. Lo político parece ser el camino largo, pero ¿qué se hace en lo inmediato con la violencia en el sur?
R. Nuestro dilema está en estos dos imaginarios que nos han distorsionado la visión para enfrentar el asunto. Está, por una parte, el populismo penal, que dice que el problema se va a resolver en la medida que el Estado incremente la criminalización y la disposición de recursos para perseguir criminal –y ahora militarmente– a las violencias. Y, por otra parte, un imaginario romántico, que uno no puede negar que está presente en ciertos elementos de la izquierda: de pensar que estos grupos corresponden a revolucionarios que surgen de situaciones de inequidad. Esos dos elementos nublan el diagnóstico.
P. ¿Cómo se debe analizar, según usted?
R. Con realismo progresista. Aceptar que la situación es compleja, que se ha recrudecido, que es necesario hacer un trabajo de seguridad, pero un trabajo de seguridad que funcione. El Estado de excepción es populismo penal puro, porque implica desplegar militares que son fuerzas que no tienen la preparación para tratar con temas de orden público. Es muy difícil construir seguridad si no se hace en conjunto con el pueblo mapuche.
P. ¿Por qué cree que el Gobierno de Boric, pese a sus planes originales, decretó el Estado de excepción en la zona?
R. La presión ha sido muy fuerte –efectivamente hay un recrudecimiento de la violencia–, pero todavía tengo la confianza en la visión del presidente de que esto sigue siendo un problema fundamentalmente político. Y el Gobierno va a recibir una segunda oportunidad muy importante para encauzar su estrategia a partir de la aprobación de la nueva Constitución y su implementación. Lo crucial es retomar el camino político.
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