En medio de promesas de construir un nuevo país, generar empleos para todos, terminar con la corrupción, la impunidad y la alarmante violencia, los salvadoreños votarán el domingo en unas elecciones presidenciales marcadas por el descontento de la población.
Esta será la décima cuarta elección democrática desde la firma de los Acuerdos de Paz de 1992 y además de mandatario se votará por el vicepresidente, que gobernará El Salvador del 1 de junio 2019 al 30 de mayo 2024.
En las votaciones participan siete partidos legalmente inscritos, pero solo cuatro candidatos.
Según la mayoría de las encuestas, el favorito para ocupar el palacio de gobierno es el candidato de la conservadora Gran Alianza para Unidad Nacional (GANA), el exalcalde capitalino Nayib Bukele, seguido por el empresario Carlos Calleja, postulado por una alianza de cuatro partidos conservadores que encabeza la Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
Las encuestas señalan en una tercera posición al excanciller Hugo Martínez, del gobernante partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); y en una última posición, casi sin ninguna posibilidad, el empresario Josué Alvarado, del partido VAMOS.
Los candidatos han centrado sus propuestas en el crecimiento económico, la universalidad de la cobertura de salud, la generación de más empleos y la efectividad del Estado y la política fiscal. Sin embargo, no han profundizado en el tema de la inseguridad y el combate a las pandillas.
En El Salvador, las maras o pandillas están integradas por más de 67,000 jóvenes y adultos. Se encuentran en barrios y comunidades populosas y según las autoridades están involucradas en el narcotráfico, la extorsión y el crimen organizado.
Calleja, el candidato de Arena, plantea la creación de fondos de inversión para la innovación, así como la reducción de trámites para la creación de nuevas empresas. Su propuesta estrella es crear 300,000 trabajos en los cinco años de gobierno. Se compromete a normar y transparentar los fondos públicos ejecutados por organizaciones no gubernamentales, promover la transparencia de las instituciones autónomas y eliminar el nepotismo.
Martínez, el candidato del FMLN, le apuesta a dinamizar las pequeñas y medianas empresas y crear 385,000 nuevos empleos, propone la gratuidad de la educación inicial hasta la universidad, profundizar los programas sociales y la construcción de 50 establecimientos de salud de primer nivel.
Por su parte, Bukele ofrece impulsar los negocios públicos y privados y aunque no tiene una meta de empleos, espera que la economía crezca a un 4%. Propone la universalidad de la cobertura de salud y su carta fuerte es la creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CCIES).
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), que analizó los planes de gobierno presentados, destaca que todos los candidatos coinciden en apostar por incrementar la cobertura de la educación inicial y el primer nivel de salud, impulsar una estrategia de seguridad enfocada en la prevención y la reconstrucción del tejido social; incrementar la inversión pública y el impulso de medidas para favorecer la transparencia y la lucha contra la corrupción.
El ICEFI señala que en el en campo de las finanzas públicas, Bukele “presenta una propuesta más ambiciosa, que incluye la aplicación del impuesto predial y un gravamen a tierras agrícolas ociosas; IVA diferenciando, mayor para bienes de lujo y menor o excepto para canasta básica y medicinas”. Para el combate de la evasión, propone la factura electrónica, la creación de la Unidad de Inteligencia Fiscal y el registro del sector informal, además de un pacto fiscal con participación de la sociedad civil.
En cuanto a la alarmante violencia que impera en el país centroamericano, todos coinciden en impulsar una estrategia de seguridad enfocada en la prevención y la reconstrucción del tejido social.
“Es más coincidencia que separaciones o distancias en cuentos a sus propuestas. En las plataformas se puede observar un énfasis en la prevención rompiendo con el tradicional esquema de la represión y como único instrumento para la seguridad ciudadana además existe una propuesta estratégica de inversión social extraordinaria”, dijo a The Associated Press el criminólogo experto en pandillas, Ricardo Sosa.
El Tribunal Supremo Electoral acreditó a 4,524 observadores nacionales e internacionales, entre ellos, los representantes de la Unión Europea y de la Organización de Estado Americanos (OEA).
En las elecciones del domingo podrán ejercer el sufragio 5.2 millones de salvadoreños que residen en el país y 5,948 que viven en el exterior. Según la justicia electoral, si ninguno de los cuatro contendientes logra la mitad más uno de los votos válidos en los comicios del 3 de febrero, los dos mejor votados participarán en una segunda ronda electoral en marzo, donde se declarará ganador al que saque mayor número de sufragios.